Cancún (Carlos Águila Arreola / 5to Poder).- El reporte sobre eficacia legislativa de los congresos del país, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), con datos de los presupuestos de egresos estatales de 2020, acusó que la legislatura quintanarroense, con 25 integrantes, costó a los ciudadanos 485 millones 622 mil 925 pesos ese año, y ahora los diputados locales actuales buscan reelegirse ¡hasta por 12 años!

En la sesión cuatro de la Comisión Permanente, presidida por Hernán Villatoro Barrios, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 57 de la Constitución de Quintana Roo porque la modificación pretende lograr una relación de responsabilidad y rendición de cuentas por la acumulación de experiencia y la profesionalización de los congresistas”, se lee en la exposición de motivos.

Según el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, los diputados quintanarroenses se han caracterizado por su escasa productividad y opacidad en gastos, y además se ubican en el sexto lugar nacional como los más caros, y ¡ahora pretenden aprobar una ley que les permita reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos!

Eduardo Galaviz Ibarra, líder del Observatorio Legislativo, dijo que “es incongruente que la XVI Legislatura, que se ha caracterizado por un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas esté solicitando autorizarse a sí mismos una ampliación de gestión ya que, con contadas excepciones, su rendimiento es cuestionable”.

Con el pretexto de homologar la ley local con la Constitución federal, los legisladores argumentan que lograrían “responsabilidad y rendición de cuentas por la acumulación de experiencia y profesionalización de los congresistas, ya que sin la continuidad no hay forma de construir una carrera parlamentaria”.

La reforma al artículo 57 local que proponen, establece que los diputados podrán ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos o ¡12 años! La postulación sólo podrá ser del mismo partido o cualquiera de la coalición que los hubiese postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Ibarra Galaviz puntualiza que “es observable también que en los primeros tiempos de un escenario de renovación del Congreso se dé la iniciativa”, que calificó como un oportunismo electoral de parte de la XVI Legislatura.

Añadió que la iniciativa se presenta en un periodo de receso, por lo que la Comisión Permanente tendrá que justificar la convocatoria a uno extraordinario; si se atiende a lo que establece la Constitución local, las reformas no son con solicitudes de “urgente y obvia resolución”, según el artículo 164 y/o aprobarse por los ayuntamientos.

De entrada, la iniciativa ya sería per se inconstitucional, y en los transitorios de la iniciativa no se prevé que en los casos de los diputados que ya hayan sido reelectos, los periodos ya desarrollados puedan ser considerados dentro de los supuestos, lo que los llevaría a sumar hasta 12 años más de “gestión popular” en el Congreso local.

Las modificaciones tienen de origen el defecto de que a los diputados de representación proporcional se les elige por parte de los partidos y no por la elección directa, que es la valoración de los ciudadanos sobre su desempeño.

En el caso de Quintana Roo se aprobó en 2014 la posibilidad de reelección hasta por dos periodos, que se aplicó ya en la renovación de la XV a la XVI Legislatura, en dos diputados por representación proporcional —Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y José de la Peña Ruiz de Chávez— y una por elección, el vaso de Tyara Schleske de Ariño.

Considerando esos casos, no se puede argumentar que el desempeño de los tres legisladores locales en una segunda oportunidad ha sido de beneficio para la sociedad quintanarroense por diversos motivos, principalmente su eficiencia y por siempre anteponer sus intereses personales.

De las 32 entidades federativas del país, únicamente 10 no están homologadas al periodo que dispone la Constitución federal, que es una reelección de cuatro periodos y un máximo de 12 años en el cargo para los diputados.