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Cancún

No avanza estrategia federal contra el crimen; dejan a estados en desventaja frente al narco

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CANCÚN, 13 DE AGOSTO. – La tasa de ejecuciones en México aumentó más del doble que la que se reportó en los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, afectando a estados que antes eran pacíficos como Colima, Guanajuato y Quintana Roo, cuyas autoridades se ven rebasadas no solo en sus facultades para combatir delitos federales sino en su capacidad de fuerza frente a los grupos del narcotráfico que cada año obtienen miles de millones de dólares y pueden, así, comprar impunidad y abastecerse de armamento.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer semestre de este año se reportaron 20 mil 599 muertes violentas. Así la tasa de homicidios dolosos se ubicó en 22 por cada 100 mil habitantes, un incremento de 6% respecto al mismo período de 2018.

El SNSP situó estas muertes por encima de los años más violentos de la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón (2006-2012). En ese período el promedio fue de 9.75 por cada 100 mil habitantes.

El 80% de esos homicidios se cometieron con armas de fuego, la gran mayoría provenientes de Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó recientemente un incremento en el número de armas involucradas en diferentes crímenes; el uso, por ejemplo, de rifles automáticos aumentó 63% en comparación con el año pasado, así como armas de asalto con un aumento de 120%.


La violencia en los estados, incluso los turísticos, se ha disparado con la extensión territorial de los cárteles de la droga que trafican desde Estados Unidos el 90% de las armas ilegales en el país y cometen con ellas crímenes violentos.

Esta disputa entre bandas del narcotráfico por mercados locales es la causa de que Colima tenga ahora la mayor tasa de homicidios en el país, con un promedio de 40.7 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por Baja California Sur, con una tasa de 34.14 homicidios por 100 mil habitantes. Ambas entidades tienen un alto flujo de turismo.


El dinero y las armas han permitido a los cárteles obtener el poder que tienen en México. De acuerdo con cifras del Departamento del Tesoro, cada año el narcotráfico obtiene 64 mil millones de dólares en ganancias por la venta de heroína, metanfetaminas y otras drogas a Estados Unidos.

Además de permitir a estos grupos comprar armas, el dinero proveniente de la venta de drogas en Estados Unidos también se usa para sobornar y corromper a las autoridades mexicanas, empezando por los agentes migratorios y de aduanas.


“Necesitamos que el Gobierno de México intensifique sus esfuerzos para aumentar la erradicación de la amapola, las incautaciones, los procesos judiciales y la confiscación de bienes”, dijo hace unos días del presidente Donald Trump al amenazar con descertificar a México por incumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico e incluirlo así en la lista negra de grandes productores y plataformas de trasiego a nivel continental.

El narcotráfico, que según el especialista Oscar Valdez mueve 80 centavos de cada peso en la economía nacional, es la causa de que haya incrementado a niveles históricos la violencia en varios estados del país que hasta hace algunos años se consideraban pacíficos, como Guanajuato o Quintana Roo.

En general, existe una gran ausencia del gobierno federal contra el crimen organizado que controla el tráfico de drogas, de personas, de indocumentados, además de secuestros, extorsiones, derecho de piso y lavado de dinero; todos delitos del orden federal que, por lo mismo, no son facultad de las autoridades estatales.

En contraste, parte de la Guardia Nacional fue desplegada en las fronteras norte y sur para contener el ingreso de indocumentados. También se cambió el objetivo de las operaciones de seguridad, que en los dos gobiernos anteriores se concentró sobre todo en capturar a los líderes del narcotráfico. Ahora la estrategia es reforzar la seguridad en las ciudades y atender la violencia que afecta a los ciudadanos. Pero hasta ahora el gobierno federal no ha logrado contener la violencia.

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Cancún

Mara Lezama se une a Claudia Sheinbaum para impulsar el Plan Nacional Hídrico 2024-2030

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CDMX- La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó, junto con gobernadores del país, en la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, evento histórico convocado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum para impulsar el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.

La presidenta Claudia Sheinbaum reunió a gobernadores de todos los partidos, empresarios, instituciones académicas y distritos de riego para un acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad.

Como parte de este acuerdo, Eduardo Tricio, empresario de la firma Lala regresó concesiones de la zona de Cuatro Ciénagas, una demanda histórica de ambientalistas y ejidatarios y se comprometió con la tecnificación de riego.

En el Parque Ecológico de Xochimilco, la titular del Ejecutivo de Quintana Roo ocupó un lugar relevante en el presídium, junto con secretarias y secretarios del gobierno federal, diputados y senadores, empresarios, usuarios del agua, unidades y distritos de riego, quienes firmaron el acuerdo.

En su intervención la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Acuerdo Nacional contempla acciones y compromisos para garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente. El Plan Nacional Hídrico contempla 4 ejes rectores: política hídrica y soberanía nacional, Justicia y acceso al agua, Mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático y Gestión integral y transparente.

Agradeció a todas y todos quienes firmaron este Acuerdo Nacional que aportará beneficios al país al poner orden en las concesiones sobre el uso del agua, mejorar el riego y hacer más eficiente la producción, cumplir las normas y hacer mayor uso del agua reciclada, tener un Plan Maestro por cada estado del país para el uso del agua, atender las zonas de México que atraviesan una crisis, como la zona norte y parte del Centro, y el saneamiento de tres ríos.

Quintana Roo aporta para los compromisos nacionales, en concordancia con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, acciones tales como dotar a las personas agua de calidad y continuidad adecuada para satisfacer las actividades cotidianas; mejorar aún más los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento con el apoyo del gobierno federal; seguir la incorporación de más usuarios a la red de drenaje existente para canalizarlos a las plantas de tratamiento y evitar la contaminación del acuífero.

Asimismo, avanzar en la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en Holbox y otra en Cozumel, que se sumarán a la de Tulum para reducir la extracción de agua del acuífero y en las zonas rurales usar paneles solares para garantizar el suministro, y fortalecer las campañas de concientización para el ahorro, uso y cuidado del agua a través de los 9 espacios del agua que funcionan en los municipios.

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IMOVEQROO realiza curso de Introducción a los Estudios de Impacto de Movilidad y Auditorías de Seguridad Vial

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Cancún.-El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, IMOVEQROO realizó el Curso de Introducción a los Estudios de Impacto de Movilidad y Auditorías de Seguridad Vial que reunió a más de 50 especialistas en la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO) campus Cancún.

Este curso capacitó a especialistas, académicos y autoridades en estudios de impacto de movilidad, con el objetivo de promover una movilidad más segura, equitativa y eficiente en Quintana Roo, como lo marca el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El director general del IMOVEQROO, Rodrigo Alcazar Urrutia, destacó la importancia de las auditorías de movilidad y seguridad vial para crear entornos más seguros y accesibles en todo el estado.

Estas auditorías de movilidad y seguridad vial son instrumentos que permiten conocer las características actuales de la infraestructura para la movilidad, señalización, sistemas de control de tránsito, entre otros.

“Dichas acciones permitirán al Instituto proponer soluciones que prioricen a peatones y ciclistas, así como al transporte público, sin descuidar al transporte privado y particular”, mencionó Rodrigo Alcazar.

El evento estuvo dirigido a todas las personas servidoras públicas con alguna implicación en la movilidad como Desarrollo Urbano y la Dirección de Tránsito en los 11 municipios, además de los órganos colegiados como urbanistas, arquitectos e ingenieros civiles.

El curso, impartido por Aldo Alaníz, director de Estudios y Proyectos, y Socorro Román, jefa de departamento de Impacto y Movilidad Sustentable del IMOVEQROO, brindó la oportunidad a los más de 50 asistentes de conocer los procesos para evaluar el impacto de movilidad y realizar auditorías de seguridad vial.

Además, el curso no sólo impartió conocimientos teóricos, sino también, fomentó el intercambio de experiencias entre participantes, quienes pudieron complementar sus casos prácticos con la normativa vigente.

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