CANCÚN, 30 DE AGOSTO.– Quintana Roo es el estado con mayor número de denuncias en materia ambiental recibe, con 180 a 200 denuncias de diversos tipos y en todos los municipios de la entidad.

La ínsula es la más problemática porque hay  “infinidad de procedimientos abiertos que no han podido concluir por conflictos delicados” entre quienes compran y venden terrenos. Actualmente, hay 40 clausuras o en proceso, y otras 20 en estatus de revisión.

Castro Jiménez precisó que la principal causa de las sanciones son cambios de uso de suelo, obras, actividades fuera de ley.

“Tenemos algunas áreas que nos ha generado problema: Holbox, por ejemplo, es un sitio donde tenemos infinidad de procedimientos abiertos que no han podido concluir, hay un conflicto ahí bastante delicado con los que compran y los que venden (la tierra).

“La zona de Tulum, donde ustedes saben que no hay un Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) decretado, y el que está vigente es muy restrictivo; entonces, muchas de las obras que están en este momento no tendrían que estar construidas.”

El delegado de la Profepa recordó que las irregularidades en cuanto a la compraventa de terrenos en la isla es debido a la falta del Plan de Manejo –tiene 24 años de retraso– no se ha publicado, lo que no permite establecer la capacidad de carga para el sitio y poder determinar cuántas obras se pueden o no edificar.

“Hay interés por parte de muchas personas por desarrollar, y algunos nada más están esperando que se publique el Plan de Manejo, aunque hay otros que ya han desistido. Nosotros hemos sancionados y con clausura y en espera de iniciar procedimiento, tenemos alrededor de 40.”

Javier Castro indicó que hay más casos, “alrededor de una veintena adicionales más o menos” porque hay denuncias que aún faltan por revisar.

La isla de Holbox está en el municipio Lázaro Cárdenas, 153 kilómetros al noroeste de Cancún –incluidos 13 desde el puerto de Chiquilá–, de donde la Profepa ha obtenido durante el último lustro (2013-2018) dos millones 626 mil 659.28 pesos, según información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En el mismo periodo, Quintana Roo aportó a la Profepa 118 millones de pesos en multas por infracciones al violentar las normatividades ambientales, y son cinco municipios donde más sanciones se aplican.

Los proyectos desarrollados en Othón Pompeyo Blanco (Chetumal) fueron los que tuvieron las sanciones más alta en la entidad: 33 millones 172 mil pesos; en Benito Juárez ascendió a 19 millones 752 mil pesos; en Bacalar fueron 19 millones 16 mil pesos; en Solidaridad se cobraron 14 millones 961 mil, y en Tulum fueron 14 millones 348 mil pesos.