Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 27 DE AGOSTO.- Como un gran avance en materia de respeto a los derechos ejidales se constituye la decisión emanada de la resolución que dictó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo, en la que el ejido Dziuché, ubicado a 290 kilómetros al suroeste de Cancún, lograra la abrogación del decreto que declaraba al sistema lagunar Chichankanab como área natural protegida, con categoría de reserva estatal, en el municipio de José María Morelos (330 kilómetros al suroeste).

En entrevista Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de Justicia Trasnacional de la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), aseguró que tras la demanda de amparo de la autoridad ejidal en marzo pasado, el decreto fue suspendido el 28 de junio pasado por orden del juzgado primero de distrito de Chetumal y que la decisión representa un gran avance en la defensa de los derechos ejidales.

El polígono del área protegida abarca 11 mil 609 hectáreas –terresres y lagunares–, que oficialmente buscan ser preservadas; sin embargo, abre la puerta a terceros –como empresas o asociaciones civiles, ajenos al ejido– al uso y goce de los recursos naturales mediante convenios con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

“Lo más grave, es que el nacimiento de la reserva estatal fue impuesta al ejido y al pueblo maya, violando los derechos agrarios de los propietarios de las tierras decretadas como área protegida el 1 de abril de 2011, así como sus derechos como pueblo indígena”, se lee en el comunicado del Prodesc.

El decreto se publicó en el Periódico Oficial estatal durante la administración de Félix Arturo González Canto, a cuatro días de que Roberto Borge Angulo lo supliera en el cargo.

Dos años antes, en Asamblea General del 28 de junio de 2009, el ejido Dziuché –compuesto por 474 ejidatarios– rechazó la petición de ceder 14 mil 26 hectáreas para convertirlas en área protegida, como lo solicitó el gobierno estatal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) –hoy SEMA– y la asociación civil “Amigos de Sian Ka’an”.

VEREDICTO

Pese al veredicto ejidal y en franca violación a los derechos de los ejidatarios, el área natural fue decretada ocupando tierras y sin notificación

“El ejido abarca 27 mil 703 hectáreas, prácticamente la mitad queda dentro del polígono reservado. El área natural se promulgó sin nuestro consentimiento, porque en asamblea en 2009 dijimos que no estábamos de acuerdo, sin embargo el decreto se publicó el 1 de abril de 2011.

“Creemos que es una falta de respeto al ejido, cuya opinión fue clara y debió ser tomada en cuenta. Prácticamente están pasando por encima de los propietarios de las tierras, sabiendo que está mal, disfrazando un posible despojo pretextando la conservación”, añade el documento firnado por el presidente del comisariado ejidal.

La gestión que hace el ejido Dziuché de sus tierras, integra un aprovechamiento forestal en cinco mil hectáreas; y la protección de más de cuatro mil de selva con los esquemas de Unidad de Manejo Ambiental (UMA) y pago por servicios ambientales, bajo reglas estrictas acordadas en asamble; el polígono se sobrepone con dichas estrategias.

También administra el ingreso a la laguna Chichankanab, abierta para disfrute de familias locales, al ser el único balneario natural al que tienen acceso; la visitan además habitantes de poblados de Yucatán como Peto, Tekax y Oxkutzcab. El ejido ofrece servicios turísticos a los visitantes como uso de palapas y renta de kayaks y bicicletas.

Los representantes del comisariado ejidal subrayaron que detrás de la declaratoria de área natural hay interés por arrebatarles las tierras y el manejo del sistema lagunar, porque hay documentos en los que “mediante juegos de palabras”, restringen el uso de los recursos dentro del poligono.

Antes de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizara el aprovechamiento forestal, en 2016 se recibió un oficio de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) prohibiendo todo aprovechamiento, “mientras no se tenga el Programa de Manejo, afectando los intereses del ejido en cuestión de conservación, manejo y aprovechamiento de su territorio y recursos naturales.

El propio decreto establece en su artículo tercero que la administración, conservación, desarrollo y preservación de los ecosistemas y sus elementos, quedan a cargo de la SEMA que, según el artículo noveno, podrá celebrar convenios de concertación para “concesionar la administración del area protegida”.

La elaboración del Programa de Manejo está a cargo de la SEMA y “Amigos de Sian Ka’an”, pero los ejidtarios se preguntan que “en ese proceso, ¿dónde quedamos? Lo que vemos es dolo y saña para despojarnos de nuestras tierras y las de nuestros hijos, en beneficio de otros”, reclaman los representantes del comisariado.

LEY Y ORDEN

El artículo 75 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEEPA) señala que las declaratorias sobre áreas protegidas deberán ser notificadas de forma personal a los propietarios o poseedores, con anterioridad a su publicación en el Periódico Oficial estatal, lo que no sucedió y violentó tabién la garantía de audiencia.

El decreto fue publicado el 1 de abril de 2011, pero los ejidatarios se enteraron hasta el 1 de mayo de 2013, cuando personal de Amigos de Sian Ka’an, de SEDUMA y otros visitantes externos entraron a la laguna en una lancha de motor para hacer un recorrido, que suponen los ejidatarios, era el inicio de los planes de negocio sobre el territorio de Dziuché.

Cuatro días después se celebró una asamblea, con caracter de urgente, en la que se confirmó la negativa del ejido al decreto de reserva estatal, y se giró un oficio a la autoridad estatal para notificar la deliberación.

El 26 de marzo de 2018, el ejido promovió una demanda de amparo ante el juzgado 1 de distrito radicado en Chetumal, y el 2 de abril desechó el amparo, declarándolo improcedente al haberse vencido el término para presentar el recurso legal.

En respuesta, el 9 de abril el Ejido promovió un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado contra la resolución del juzgado de distrito. El fallo fue a favor del ejido y el tribunal ordenó al juzgado enmendar su resolución inicial y dictar la suspensión del decreto.

“El decreto impugnado constituye un acto de autoridad por el cual se priva a los quejosos en sus derechos de propiedad, sin haberles otorgado la participación debida en el procedimiento para la elaboración, aprobación y expedición de la declaratoria de área protegida”, afirma Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de Justicia del Prodesc.

El abogado, que asesora legalmente al ejido Dziuché, informó que se obtuvo una suspensión sobre los efectos del decreto, hasta en tanto se dicte resolución definitiva en una audiencia constitucional programada para el 7 de septiembre próximo.

López Cruz resaltó que la resolución representa un hito en el reconocimiento de los derechos agrarios y de propiedad, para garantizar a los núcleos agrarios la posesión, uso, administración y goce de sus tierras.