EL MINOTAURO

En días pasados, la Auditoría Superior de la Federación informó que casi todos los ayuntamientos estales tienen cuentas por aclarar con el gobierno central por cerca de 460 millones de su ejercicio del 2023, con Cancún a la cabeza con 291 millones de pesos; nada raro hasta aquí en la historia de esta alcaldía que nos ha dado la dicha ciudadana de contar con cinco de sus alcaldes presos por peculado y otros delitos.

En la glosa de la instancia resalta que parte del dinero en cuestión, unos 241 millones, se pagaron a Óptima Energía, empresa regiomontana a la que se le dio la concesión del alumbrado público de Cancún en 2017, siendo alcalde Remberto Estrada, muy cercano a Jorge Emilio González, el “Niño Verde”. La empresa enfrenta litigios por incumplimiento en al menos tres estados del país.

La fiscalía federal señala que el municipio no presentó sustento básico para acreditar el pago como un censo del alumbrado o evidencias de atención a la red entre otras referencias; es decir no se tiene en qué sustentar una concesión que, por otra parte, ya ha sido objetada por abusiva e ineficiente. En 2024 comenzó a hablarse de revocar su operación en Cancún.

Sin embargo, la posible revocación fue frenada por el propio municipio, ahora presidido por la también verde Ana Patricia Peralta, quien ese mismo año “blindó” la concesión al aumentar la prima de indemnización a la empresa de 950 millones a mil 200 millones arguyendo que había más luces urbanas. Esta cifra hace inviable la cancelación en el corto plazo. Amor de verdes.

Larga es la lista de pendientes de esta comuna para con la fiscalía, al grado que en el resumen de la instancia se enfatiza que el Municipio Benito Juárez no realizó una gestión eficiente de los recursos asignados, y se cita un rosario de leyes violentadas. Se prevén sanciones contra diversos funcionarios municipales de todo nivel, aparte de las económicas al ayuntamiento.

En contraste de lo hallado por la instancia federal, la Auditoria Superior del Estado no encontró infracción alguna y avaló la cuenta pública de Cancún del 2023. En realidad, este organismo no detecto anomalías en ninguna cuenta pública de Quintana Roo, salvo en el caso de Solidaridad municipio que entonces estaba gobernado por Acción Nacional.

Por Nicolás Durán de la Sierra

“La Última Palabra”

Ante la iniciativa presidencial de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo advierte el riesgo de que estos procesos digitales queden en manos de empresas particulares externas, como está sucediendo en los municipios de Benito Juárez y Puerto Morelos.

En su boletín número 269 que empezó a circular este 23 de abril, el Observatorio Legislativo expresa que la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera la semana pasada, tiene el objetivo de contribuir a la transformación digital de los gobiernos federal, estatales y municipales para agilizar trámites en la creación de una empresa, a través de la creación de un solo expediente que pueda ser utilizado por los tres órdenes de gobierno.

Destaca lo importante que es la nueva ley en sus objetivos de acortar tiempos y disminuir costos a las empresas en creación, en lo que se entiende como la vieja aspiración y los muchos intentos de crear la “ventanilla única” que hasta la fecha ha quedado en buenas intenciones, no terminan de aterrizar. Después de diversos intentos, las personas emprendedoras se siguen enfrentando a trámites prolongados, innumerables pagos de derechos y a la necesidad de contratar a los llamados “gestores” que se supone son expertos y pueden abreviar los trámites, pero terminan representando más gastos y a veces hasta hacen víctimas de fraude a quienes buscan crear una nueva empresa.

Con la llamada “ventanilla única digital” se intenta una vez más reducir la burocratitis, pero advierte que será importante dar seguimiento a las reformas legislativas locales y a establecer convenios entre el gobierno estatal y los municipios para alcanzar sus objetivos y evitar que las autoridades locales tengan manga ancha para imponer más requisitos que los establecidos en la legislación nacional y se evite que estos servicios terminen concesionados en manos de particulares.

El documento plantea: “El proceso legislativo ya inicio y para el 15 de junio estarán disponibles en línea los trámites y requisitos a nivel federal y para el 30 de noviembre en los estados y municipios ya estarán disponibles todos los trámites ante las autoridades”.

“Por ello es importante la propuesta de nueva ley y plataformas de registro de trámites. Un avance de estos procesos se puede observar en el portal www.inversiones.gob.mx. Esperemos que se vaya implementando en lo local para para evitar la corrupción que se ha enquistado en los procesos locales”, concluye.

Usted tiene la última palabra.

Por: Jorge A. Martínez Lugo.