“Visión Periférica”

Por Cliserio Eleazar Cedillo Godínez*

Ya lo decíamos en la anterior visión periférica, cuando advertimos de la difícil encrucijada en la que se encontraba y se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum ante las presiones del gobierno estadounidense que exige combatir a fondo al crimen organizados o dejar pasar (en su figura de colaboración) a los drones, como ahora lo acepta ella y que les seguirá, sin duda, la inteligencia anticrimen y cosas peores del vecino país del norte dentro de nuestras fronteras, para ayudarla en este combate contra lo que bien podría compararse a la mítica hidra, la serpiente gigante de muchas cabezas que volvían a crecer a medida que eran cortadas…

En efecto, la decisión del gobierno estadounidense de clasificar a seis cárteles mexicanos como terroristas internacionales, como a partir de este jueves son el cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cárteles Unidos, cártel del Noreste, cártel del Golfo y a la Nueva Familia Michoacana generará paulatinamente consecuencias multidimensionales para México, según los expertos y documentos que respaldan esta decisión del gobierno estadounidense, al considerar que estos grupos delincuenciales representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y sus intereses económicos.

Según los estudiosos se prevé el incremento de las tensiones diplomáticas y de la Soberanía Nacional, ya que la medida es interpretada como una herramienta de presión para forzar una mayor colaboración de México en la lucha contra el narcotráfico. Esto, bajo términos definidos por Estados Unidos. Ante ello, no se descarta que esa disposición podría justificar legalmente acciones militares estadounidenses sin autorización previa, bajo el argumento de “protección de la seguridad nacional”, aunque la Constitución mexicana prohíbe operaciones extranjeras en su territorio. En este renglón la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es de que no permitirá injerencias unilaterales, aunque “mantiene su disposición para una cooperación bilateral respetuosa”.

Esta medida, aseguran, traerá consecuencias económicas y financieras, como serían sanciones a algunas empresas, como instituciones financieras, agrícolas o logísticas que podrían enfrentar congelamiento de activos o restricciones si son vinculadas a estos cárteles, aun indirectamente, incluso sin pruebas contundentes. Hay un ejemplo conocido, como es el caso de Speed Joyeros, en Panamá, empresa sancionada por lavado de dinero vinculado a cárteles colombianos.

Se teme también la reducción de inversiones extranjeras. Según los expertos, la percepción de riesgo aumentaría, desincentivando a inversionistas internacionales y afectando sectores clave como energía y manufactura. Otra preocupación es el impacto en las remesas que representan el 4% del PIB mexicano, ya que la medida pronostica regulaciones más estrictas que podrían limitar su flujo, con efectos para millones de familias.

Otro punto a considerar son las implicaciones legales y sociales, como la posible criminalización de migrantes; en tanto que las comunidades mexicanas en Estados Unidos podrían sufrir estigmatización, asociándose erróneamente con el crimen organizado. La vulnerabilidad jurídica es otro punto preocupante que afectaría a empresas serias con transacciones comerciales en zonas controladas por alguno de los cárteles señalados, tan solo por el hecho de “pagar derecho de piso” para su funcionamiento, las que incluso podrán ser sancionadas sin el debido proceso.

De igual forma, el lavado de dinero como terrorismo significa que las actividades financieras ilícitas serán tratadas con leyes antiterroristas, ampliando el alcance de sanciones y congelamientos. Esa disposición de designar a los cárteles como terroristas internacionales implica también que México se vea forzado a aceptar estrategias de seguridad alineadas con intereses estadounidenses, como bloqueos marítimos o vigilancia cibernética avanzada

No se descarta que habrá mayor escalada de violencia, ya que la presión militar podría fragmentar a los cárteles, generando guerras internas por el control territorial, como ya ocurre en Sinaloa entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

De igual forma, se considera que habrá un aumento en el intercambio de información entre agencias como la DEA y la Fiscalía mexicana, aunque con riesgos de filtración o uso político. Aunque, por el contrario, expertos como Mike Vigil, exagente de la DEA, señalan que esta medida no cambia estrategias ya implementadas y carece de impacto real, siendo más un “teatro político” para la base electoral de Trump.

La designación podría agravar la crisis de seguridad en regiones como Guerrero o Zacatecas, donde los cárteles ejercen control territorial; en tanto que se redefine la relación bilateral entre México y Estados Unidos, dando prioridad a la agenda de seguridad estadounidense sobre la soberanía mexicana.

Hay que decir que esta decisión de nombrar terroristas internacionales a los seis cárteles mexicanos, si bien ofrece herramientas legales para combatir al narcotráfico, también genera riesgos económicos, sociales y políticos que podrían profundizar las tensiones entre ambos países. México enfrenta el desafío de equilibrar la cooperación con la protección de sus intereses nacionales, evitando que esta medida derive en una crisis sin precedente. Es esa la gran encrucijada a la que se enfrenta Claudia Sheinbaum, como lo advertimos en la anterior Visión Periférica.

*Periodista con 49 años de experiencia en diarios nacionales y estatales, Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024, director general de 5to Poder Periodismo ConSentido.

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.

“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

La reforma política que presentará la 4T ante el Congreso de la Unión nació mocha; no se va a incluir la reducción de las diputaciones y senadurías plurinominales, lo cual significaría un harakiri para los propios partidos políticos; todos necesitan las posiciones pluris para tener en la cámara a personas incondicionales, que por sí mismos no ganarían una elección.

Se limitará a terminar con la reelección en diputaciones federales y locales, senadurías y presidencias municipales y a tratar de prohibir que los puestos de elección popular los hereden a sus familiares cercanos los titulares salientes, sobre todo en presidencias municipales y gubernaturas. Lo que llaman nepotismo, pero su aplicación será hasta después de 2027.

Así, será una reforma electoral descafeinada.

EL REFRENDO DEL REGISTRO
En este contexto vale la pena insistir en la propuesta que en este espacio hemos realizado algunas veces, que consiste en establecer en la nueva ley de partidos políticos, el refrendo del registro para los partidos políticos.

En qué consiste: Así como todo se refrenda, desde las licencias de conducir, los prediales, todo tipo de permisos y concesiones, igualmente, los partidos políticos deben refrendar sus registros, compitiendo solos, sin alianzas, para conocer su peso electoral real, sin la “ordeña” de votos al partido con el que se alían.

Pero como la reforma política está bajo control de los partidos políticos y la apertura a consulta es meramente protocolaria, no van a incluir cambios que atenten contra el poder de la partidocracia, que frena los pocos avances democráticos y se quedan cortos ante la exigencia de apertura de la ciudadanía.

COMPETIR SOLOS CADA TERCERA ELECCIÓN
La propuesta consiste en que cada tercera o cuarta elección, todos los partidos políticos deberá competir solos, sin ir en coalición, para refrendar su registro. Una vez en las cámaras de diputados o senadores, entonces sí, establecer las coaliciones, pero hasta después de que cada partido llegue con su propia fuerza política.

Esto evitaría el cáncer, por ejemplo, del partido verde, que desde su nacimiento en 1986, siempre ha competido en alianza, ordeñando votos al partido en el poder, porque siempre está a la sombra del partido en el poder: primero con el PRI, luego con el PAN y ahora con Morena.

Los verdes viven del trasvase de votos tricolores, después azules y ahora guindas a sus candidatos verdes. Por eso es el partido campeón de la sobre representación.

Si el partido verde fuera solo a la elección, no alcanzaría el 3% mínimo para conservar su registro en más de dos tercios de las entidades federativas y perdería el registro en poco tiempo.

Como ya hemos ilustrado, de los 57 diputados federales actuales, sólo cuatro ganaron la elección con votos verdes; 54 diputaciones federales las obtuvieron con votos guindas, tanto los de mayoría como los plurinominales.

El partido del trabajo igualmente perdería su registro, como ya lo perdió dos veces y logró recuperarlo por la vía legaloide. En Quintana Roo, las tres diputaciones que ganó fueron con votos guindas en 85-90% y solo 10-15% de los votos fueron del PT. Es decir, no alcanzaría ni el registro, pero tiene tres diputaciones, con una votación de apenas 3.7%, gracias a los votos de Morena.

Los mismo para las presidencias municipales que tienen estos partidos, como son los casos de Nivardo Mena Villanueva de Lázaro Cárdenas y Merari Tziu Muñoz de Puerto Morelos.

Algún día, cuando haya mejor democracia, los partidos políticos tendrán que refrendar sus registros, compitiendo solos en cada tercera o cuarta elección, para dejar de ser rémoras del partido en el poder y ganarse los votos por sí mismos. Pero nuestra democracia no ha alcanzado tal madurez y tardarán muchos años para así sea. Usted tiene la última palabra. 

Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.