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Opinión

Cómo funciona la reelección en México…

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Por: Hugo Alday Nieto

Hace precisamente una década, el año 2014 se llevó a cabo una gran reforma constitucional y electoral en México, a la que se denominó reforma política. La intención de esta, de acuerdo con los resultados de las mesas de discusión de parlamento abierto que se realizaron en el Congreso de la Unión, fue la de dar continuidad a los proyectos eficaces o funcionales en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Este argumento emanado de diversos colectivos y grupos de ciudadanos se centró en el constante reclamo de que cada tres o cada seis años volvíamos a empezar y se buscaba romper o disminuir los programas o proyectos del ciudadano saliente por el recién electo, costando mucho dinero, trabajo y esfuerzo de todos los sectores. Es decir, que quienes sustituían al funcionario anterior eliminaban cualquier acción de éste como si se tratara de una cuenta nueva y borrón, como si se tratara del pecado de la continuidad en un México que se reinventaba a cada elección sin llevarnos a ningún lado, como un perro que se muerde la cola.

En este sentido, miles de ciudadanos y empresarios levantaron la voz por de la falta de seguimiento y de continuidad en planes y programas, pugnando por la reelección de aquellos a quienes considerasen eficaces para poder tener proyectos que dieran resultados a mediano y largo plazo. En un México que fue descrito por Fernando Delgadillo en su canción “Evoluciones” de la siguiente forma: “Hay tanto que cambiar y nadie empieza. A muchos les da miedo comenzar. Sienten que alguien espera a que se salgan de la fila, para poder ganarles su lugar hacia ninguna parte…” y en efecto, durante décadas cada elección fue para llegar hacia ninguna arte con tal de no acceder a la continuidad.

Hace apenas 4 años que en Quintana Roo se decidió no solamente por un cambio de rumbo encabezado desde Cancún, sino que para el 2021 ya estábamos impulsando una reelección. No nos equivocamos entonces, ya que, solo si tomamos la salida de Cancún hacia Playa del Carmen, nos vamos a topar con grandes obras que benefician a todas y a todos, y que su consecución no hubiera sido posible sin la reelección de la entonces presidenta municipal.

Así pues, ésta posibilidad para legisladores locales y presidentes municipales subsiste por el contenido de la reforma al artículo 116 de la Constitución General de la República en 2014, así como en las acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con números 76/2016, 79/2016, 80/2016, 81/2016 y 50/2017 que establecen que no existe ordenamiento constitucional que sustente incluso la separación del cargo para ser sujeto de reelección.

De la misma manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de las acciones de inconstitucionalidad 40/2017 y 29/2017 establecen reglas básicas que se deben seguir para la reelección de los legisladores locales y que se enumeran a continuación:

a) No se podrá hacer proselitismo en los días y horas en los que el legislador se encuentre en cumplimiento de su encargo, es decir, cuando se encuentre en sesiones ordinarias, extraordinarias o de comisiones, o bien, en reuniones de trabajo propias de su comisión, para lo cual se publica de manera formal por parte del Congreso en turno, la agenda legislativa.

b) No se podrán utilizar recursos públicos propios de su encargo, en referencia a aquellos legisladores que cuentan con equipo, vehículos, materiales y personal de apoyo que forma parte de su encomienda.

c) El legislador que busque la reelección deberá de cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo de diputado, como son las de asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, de comisiones o aquellas que le hayan encomendado a través de los órganos de representación derivados de la Ley Orgánica del congreso que se trate.
De igual manera, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido sólidas jurisprudencias como las 13/2019 y 7/2021, en las que ha sustentado la viabilidad y la importancia de la interdependencia entre los principios y derechos constitucionales que rigen el modelo de reelección; en particular, el derecho a ser votado de la persona funcionaria pública que tiene la intención de reelegirse; el principio de auto organización de los partidos políticos para hacer o no hacer válida la opción de elección consecutiva, y por otra parte, el derecho a votar de la ciudadanía, en tanto que es ella quien tiene el derecho de decidir sobre la permanencia de sus gobernantes y legisladores.
Sin duda, seguiremos escuchando voces que pugnan por la inconstitucionalidad o ilegalidad de la figura de la reelección. Voces que como hemos expuesto y sustentado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encuentran desfazadas por cerca una década en materia de derecho electoral.

Los mexicanos desde los noventa con la creación y configuración ciudadana del IFE tenemos el derecho a elegir, pero desde hace una década y hoy más que nunca, tenemos el derecho a reelegir a presidentes municipales y legisladores para seguir construyendo el país que queremos.

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Opinión

¿Faltó capacidad de comunicar en la XVII Legislatura?

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“La Última Palabra”

Por: Jorge A. Martínez Lugo

  • La reforma a la Ley de movilidad ¿merecía Parlamento Abierto?
  • Si los taxis son de un solo color y llevan rotulada la placa atrás, adelante y en los costados ¿por qué no va a ser igual con los motociclistas?

Con la sobre representación de 30% que tiene la 4T en la saliente XVII legislatura (ganó 58% de votos y tiene 88% de diputaciones), el problema es que no saben comunicar sus iniciativas, como es el caso de la multi reformada Ley de Movilidad.

Se confían en la aplanadora, que puede aprobar todo intramuros del Congreso, sin importar la inconformidad social que pueda generar extramuros en la calle.

Técnicamente, la XVII Legislatura cometió el error de no saber comunicar a la sociedad la reforma a la Ley de Movilidad y, en lo interior, procesó la iniciativa presentada por la bancada morenista como si fuera de “obvia y urgente resolución”, sin tomar en cuenta la delicada dimensión social ni a sectores sociales con interés en el tema. Convocar a Parlamento Abierto, es mucho pedirle a la “histórica” XVII.

Políticamente, en la sesión plenaria, ninguno de los 22 de 25 diputadas y diputados que conforman la hegemónica 4T, hizo uso de la palabra para defender la iniciativa; es muy probable que ni la hayan leído, ya que se aprobó el mismo día, tres horas antes, en la Comisión de Movilidad que preside la diputada Karen Gabriela Secundino Vivas. La iniciativa ni siquiera se publicó en la Gaceta Parlamentaria.

En cambio, sí hicieron uso de la palabra dos de las tres diputadas de oposición, Cinthia Millán Estrella y Candelaria Ayuso Achach, además del 4T crítico, tipo robalo, Julián Ricalde Magaña. Ante las críticas de éstas tres voces, los otros 21 legisladores 4T no dijeron ni media palabra, por lo que la iniciativa transitó lo más rápido posible, bien planchadita, pero el desenlace no se lo esperaban.

Lo que no se hizo antes, ahora será después, bajo la tutela de Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno.

Ya se abrieron mesas de diálogo tipo Parlamento Abierto, pero organizado a posteriori, por la apagafuegos en que se ha convertido la Segob y no por el Congreso del Estado, como debería ser.

PRIMERO EL REGLAMENTO Y DESPUÉS SE PUBLICARÁ LA NUEVA LEY
Por tanto, la nueva Ley de Movilidad aprobada no se publicará en el Periódico Oficial, hasta que se desahoguen las “Mesas de Trabajo” que servirán para desactivar la presión política y se limitarán a insertar algunas propuestas en el Reglamento de la Ley, porque la “n” reforma ya fue aprobada y sólo falta que se publique oficialmente para que empiece a surtir efecto.

PREGUNTAS OBLIGADAS
Ahora bien, Si los taxis son de un solo color y llevan rotulada la placa atrás, adelante y en los costados; ¿por qué no lo van a llevar los motociclistas?

¿Los motociclistas van a sustituir a las mafias en que se convirtieron los taxistas? ¿Habrá rectoría del Estado o se impondrán los intereses de los motociclistas por encima de la sociedad?

Lo que está en juego es el derecho a la movilidad de la ciudadanía, a tener buenos sistemas públicos de transporte y a vivir en seguridad. Usted tiene la última palabra.

** Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quien las emite.

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Violación a los Derechos Humanos

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. González Iglesias

De acuerdo con el informe emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), en el primer semestre del 2024 han atendido a 1 mil 407 víctimas, de las cuales 671 son de enero, febrero y marzo, y 766 de abril, mayo y junio.
Pareciera que todo marcha bien en la sociedad quintanarroense, pero día a día observa cómo sus garantías individuales consagradas en la Constitución, son acotadas por el Poder el Estado en sus tres niveles de gobierno, aunado a los poderes fácticos, que en muchas ocasiones parecen tener más poder que el mismo Estado.

No hay que olvidar el párrafo primero del Artículo 1 de la Constitución Política, “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Hay que distinguir entre los derechos humanos y las garantías individuales para su protección. El concepto de derechos humanos tiene carácter fundamentalmente sustantivo, y comprende los diversos derechos que la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte reconocen a las personas, en cuanto que son inherentes a su dignidad humana: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la protección de la honra y la dignidad, etcétera.

Si tomamos en cuenta el informe de la CEAVEQROO, hay un promedio de 234 personas que son atendidas debido a la violación de sus derechos humanos, en los que están incluidos casos de desaparición cometidas por particulares, violación sexual, homicidio calificado, despojos, abusos sexuales, feminicidios, lesiones y daños culposos, robos, trata de personas, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y violencia familiar.

En el primer trimestre los municipios con mayor incidencia son Othón P. Blanco (Chetumal), donde fueron atendidas 294 personas, de las cuales 214 son mujeres y 80 hombres; en Benito Juárez (Cancún), la atención fue para 178 mujeres y 68 hombres, hacen un total de 246 víctimas, y en Solidaridad (Playa del Carmen), fueron 101 personas atendidas por la CEAVEQROO, donde 46 son mujeres y 55 hombres.

Durante el segundo trimestre de 2024, la atención en Othón P. Blanco (Chetumal) fue de 277 mujeres y 108 hombres, con un total de víctimas de 385; en Benito Juárez (Cancún) fue de 237 personas atendidas, 185 mujeres y 52 hombres; en Solidaridad (Playa del Carmen) la atención fue para 144 personas, donde 80 son mujeres y 64 hombres.

Si el lector observa, es alarmante el crecimiento de atención a víctimas de derechos humanos en Othón P. Blanco (Chetumal), pues mientras Benito Juárez y Solidaridad fueron a la baja en el segundo trimestre, en el municipio capitalino de Quintana Roo aumentó un 30.95 por ciento, pues pasó de 294 a 385 víctimas atendidas, más la conocida “cifra negra” que son las violaciones a los Derechos que no se denuncian.

Algo sucede entre la sociedad quintanarroense y su gobierno, quizá fue que los votantes se crearon muchas expectativas en cuanto al cambio de estilo de gobernar; pero algunos piensan que saltaron de la sartén para caer directamente en el fuego. Ahí se las dejo…

SASCAB
El problema con la modificación a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, radica en que no hubo una socialización del tema, y si existió, los canales por los que se quiso hacer no fueron efectivos, pues muchos de éstos solo se dedican al “culto al poder”.

Algo tan benéfico como conservar la vida y contribuir a la seguridad pública, no es posible debido a la falta de tacto para presentarlo a la sociedad.

Debo recordar que este tema de los motociclistas que deben de usar casco y chaleco con su número de placas, fue una idea traída de Colombia, por el entonces Secretario de Infraestructura y Transporte, la desaparecida SINTRA, Alejandro Ramos Hernández, allá en el 2017, pero que los legisladores mandaron a la “congeladora”. Ahora pretenden retomarla, pero les faltó comunicar bien. Al tiempo…

** Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quien las emite.

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