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Zaldívar, de carne y hueso

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“LA COLUMNA DE RIVA PALACIO“

Por Raymundo Riva Palacio 

Nadie puede negar que Arturo Zaldívar es un abogado realmente inteligente. Pero para quienes lo conocen bien, saben igualmente que es profundamente cínico y mentiroso, como quedó de manifiesto en la entrevista que le dio a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula la semana pasada como un control de daños a fin de evitar que la caracterización que Andrés Manuel López Obrador hizo de él como cabeza la Suprema Corte de Justicia, dañe su imagen -que es lo que más le preocupa-, y lo muestre como lo que realmente es, cómplice del presidente para la persecución de sus enemigos políticos.

Zaldívar, que fue abogado del empresario preferido de López Obrador, Carlos Slim, al grado incluso de haber litigado algunos de sus asuntos cuando ya era ministro, y que tiene varias investigaciones abiertas en la Suprema Corte por presuntos abusos de autoridad y corrupción, no llegó por este presidente al Poder Judicial sino por Felipe Calderón, pero sí fue durante el actual gobierno donde se realizó una estrategia para hacerlo su máxima autoridad, cuyo de cabildeo político llevó a cabo el ex consejero jurídico Julio Scherer.

En un principio parecía que el objetivo en Palacio Nacional era llevar a un ministro que se había distinguido por sus resoluciones sobre la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo y la secuestradora francesa Florence Cassez, y capitalizar en el gobierno su fama pública. Gradualmente se empezó a ver que, por agradecimiento u oportunismo, Zaldívar fue aceptando cada vez más, participar en acciones que no solo violentaban la autonomía del Poder Judicial, sino que se alineaba al objetivo de López Obrador para atacar el régimen vigente y que para instaurar el suyo, requería del apoyo judicial para perseguir a sus enemigos.

La mayor transgresión al orden democrático mediante la imposición de un modelo autoritario, se dio con la creación del llamado Grupo de Judicialización, una idea de Scherer. Lo adscribió al Centro Nacional de Inteligencia porque originalmente el objetivo era disponer de un cuerpo jurídico altamente especializado que pudiera actuar de manera expedita contra el crimen organizado, con un equipo de ministerios públicos que trabajaran coordinadamente con las áreas de inteligencia del gobierno y con el Poder Judicial. Ese propósito se desvaneció porque el presidente optó por no enfrentar a los cárteles de las drogas.

En seguimiento al comportamiento que estaba teniendo López Obrador, el Grupo de Judicialización cambió su misión. La prioridad se estableció en políticos, funcionarios del pasado y empresarios. En las reuniones semanales que realizaban se escogían los blancos en función de las necesidades políticas del presidente. Santiago Nieto, a la sazón jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hacía la investigación y le entregaba a la Fiscalía General. El problema, en la mayoría de los casos, es que no se podían judicializar por la deficiente documentación que entregaba Nieto, pero eso era menos importante, porque más que meter a la cárcel a los enemigos de López Obrador, lo que hacía era lincharlos en la mañanera y enjuiciarlos socialmente.

El Grupo de Judicialización sigue siendo uno de los secretos más celosamente guardados del gobierno, por su mecánica de operación. Fue el instrumento para utilizar las leyes con fines políticos, sin importar que fueran violadas en el camino. No había interés en el estado de Derecho, por lo cual se cuidó que su existencia y funcionamiento no trascendiera para mantener el discurso de autonomía de autonomía e independencia de la Fiscalía General y el Poder Judicial. Zaldívar no iba a esas reuniones, pero enviaba a su representante, incondicional colaborador, que también llevaba su voz y voto a las reuniones sobre el Caso Ayotzinapa, donde se construyó con pruebas falsas la versión alterna de la desaparición de los normalistas en Iguala, que tiene metido al presidente en un hoyo histórico.

Zaldívar atendía paralelamente los asuntos personales de Scherer y de Gertz Manero. En el primer caso, reforzaba, a través de sus brazos operativos, las presiones del consejero a jueces y magistrados en el país para que sus fallos se ajustaran a lo que él deseaba. Cuando renunció en septiembre de 2021, en varios juzgados sintieron que respiraban de nuevo, aunque se toparon con la realidad vigente: las amenazas que les enviaba Zaldívar si no atendían la línea que les marcaba era que los trasladarían de juzgados, lejos de donde vivían y a zonas en conflicto. En el segundo caso, Zaldívar apoyó completamente a Gertz Manero en la persecución a su familia política, y cooperaba con enviar otros casos del interés presidencial y del fiscal, a jueces de consigna.

Zaldívar se fue ganando la confianza del presidente por la forma eficiente como ejecutaba sus deseos. En marzo de 2021, a petición de López Obrador, se mostró dispuesto a abrir una investigación contra el juez Segundo de Distrito, Juan Gómez Fierro, por otorgar amparos contra su ley eléctrica, por lo que fue atacado en la mañanera. Antes había forzado a Eduardo Medina Mora a renunciar, en coordinación con la Fiscalía General que lo investigaba por presuntos actos de corrupción, para permitir al presidente ir incorporando a sus ministros y colonizar la Corte.

Zaldívar se fue sumando a las ministras de Palacio, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, para votar de acuerdo a las instrucciones de López Obrador en varios temas, como declarar que el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa era constitucional, o servirle para objetivos de corto plazo, como haber renunciado un año antes de terminar su gestión, para permitirle que pusiera una ministra del ala radical de la cuatroté, Lenia Batres, que será instrumental en la demolición del orden democrático en el país, a partir del edificio democrático que se ha construido por lustros.

López Obrador no ha podido ser más rápido en la regresión democrática del país porque los contrapesos se lo han impedido. Zaldívar buscó que todo fuera expedito, sin alcanzar su objetivo porque la mayoría de los ministros de la Corte actuaron con la autonomía e independencia que el ministro entregó a López Obrador. Ahora, por instrucciones del presidente, pero cobrando en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Zaldívar prepara una reforma al Poder Judicial acorde con los deseos y necesidades de López Obrador. Objetivamente hablando, la descripción que hizo el presidente de él, como su operador político en el Poder Judicial, lo descalifica para negociar cualquier reforma, pero Zaldívar es lo suficientemente cínico para querer seguir navegando como si nada hubiera pasado.

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Los (posibles) candidatos de Morena-PVEM-PT

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

En entregas pasadas, hemos comentado acerca de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, el Partido Verde (PVEM) y el del Trabajo (PT), privilegiarán la equidad de género en la designación de las y los candidatos a las 11 presidencias municipales; o sea, aunque gane un hombre la encuesta, el género no pasará de cinco municipios y viceversa, de tal manera que queden cinco hombres y seis mujeres de candidatos para el 2027.
También, estos partidos tomarán en cuenta la competitividad electoral que hay en cada uno de los municipios de Quintana Roo, es decir, en Benito Juárez (Cancún), Cozumel, Isla Mujeres y José María Morelos, la competitividad es alta; en Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y Lázaro Cárdenas, es media y; en Bacalar, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Tulum, está clasificada como baja.
Aclaro, esta observancia de alta, media y baja competitividad no es exclusiva de los partidos cuatroteístas, sino que también debe ser observada por todos los partidos, alianzas o coaliciones que participen en el proceso electoral del 2027.
En ese contexto de equidad de género y de la oportunidad de competitividad, voy a dar mi punto de vista referente a quiénes podrían ser las personas que ocupen la Coordinación Municipal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional; esto no quiere decir que así será, sino que son los políticos más competitivos en cada uno de sus municipios. Además, todavía falta el proceso de las encuestas que ya están en marcha, así como las negociaciones políticas de los integrantes de la coalición de la 4T.
En el primer bloque de alta competitividad, las designaciones quedarían de la siguiente manera: Benito Juárez, para Pablo Bustamante Beltrán; Cozumel, sería para Renán Sánchez Tajonar; isla Mujeres, Suemi González Sánchez y; en José María Morelos sería Jaddla Soledad Pacheco Hernández.
Para el segundo bloque de media competitividad, en Felipe Carrillo Puerto podría ser Pamela Perera Maldonado; en Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Villanueva y; en Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio.
En el tercer bloque de baja competitividad, quedaría en Bacalar, María José Noverola Rodríguez; en Othón P. Blanco, Elda Xix Euán; en Puerto Morelos, Vicente Franco Reyes, y; en Tulum, Jorge A. Portilla Mánica.
Un dato que debo destacar, es que los partidos políticos representados en la alianza de la 4T, tendrían representatividad, es decir, Morena se queda con ocho candidaturas; el Partido Verde, con dos y el PT con una. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, la síndico de Tulum, Rifka Queruel Nussbaum, que pertenece al Partido del Trabajo, presuntamente amenazó a compañero Eduardo Alpuche de “La Réplica de Quintana Roo”, solo por el hecho que el periodista en cuestión evidenció la falta de asistencia de la Síndico a sus oficinas en el Palacio Municipal para atender a la población.
Así como solo presentarse a las sesiones de cabildo para justificar el abultado salario que recibe. Eso sí, registra al menos ocho salidas internacionales entre octubre de 2024 y abril de 2026, periodo durante el cual ha desempeñado funciones públicas con un sueldo mensual de 90 mil pesos. Los desplazamientos hacia Estados Unidos y Panamá contrastan con el discurso de austeridad republicana promovido por los partidos integrantes de la llamada Cuarta Transformación.
Además, por ahí ya me comentaron que anda ofertando las candidaturas del Partido del Trabajo tanto para las presidencias municipales como para las diputaciones locales. Esperemos que el delegado nacional en Quintana Roo, Gerardo Rodríguez López, investigue estas supuestas “ofertas” por parte de la Síndico de Tulum. Al tiempo…

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Dará Federación más de 13 mil millones de pesos a Quintana Roo

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“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó en lo general, con 33 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027, el contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos.
El documento ratificado en lo particular, con 30 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, se remitió a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa, que será discutido en el Pleno durante las sesiones ordinarias de esta semana.
En el caso particular, Quintana Roo recibirá de parte de la Federación un presupuesto etiquetado por 13 mil 458 millones 635 mil 346 pesos para el 2027, de los cuales 195 millones 718 mil 654 pesos llegan por concepto del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (Fais); 2 mil 231 millones 413 mil 257 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun); 976 millones 123 mil 607 pesos del Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef); 154 millones 362 mil 959 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa); 405 millones 756 mil 864 pesos; 24 millones 666 mil 772 y; 36 millones 407 mil 496.
En cuanto a Educación, la Federación asignó para Quintana Roo a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), 8 mil 555 millones 029 mil 287 pesos; para gastos de Operación, 230 millones 415 mil 483 pesos; del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta), 161 millones 425 mil 473 pesos; Educación para los Adultos, 75 millones 433 mil 916 pesos; Fondo de Aportaciones Múltiples (Fam) Asistencia Social, 321 millones 876 mil 578 pesos; más lo que le corresponda de participaciones por el pacto federal.
Por otro lado, el gasto programado para la oficina de la Presidencia es de 800 millones 455 mil 608 pesos; el Ramo 28, “participaciones a Entidades Federativas y Municipios” es de 1 billón 547 mil 607 millones 877 mil 924 pesos; así como “aportaciones a Entidades Federativas y Municipios” es de 1 billón 136 mil 351 millones 570 mil 499 pesos.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores para el Ejercicio Fiscal 2027 considera mantener el techo presupuestario nominal en el mismo nivel autorizado para 2026, por un monto de 5 mil 103 millones 817 mil 038 pesos; para la cámara de diputados, serán 9 mil 913 millones 199 mil 075 pesos y para la Auditoría Superior de la Federación el presupuesto es de 2 mil 914 millones de pesos; el gran total para estos tres órganos legislativos es de 17 mil 931 millones 016 mil 113 pesos. Por su parte, el Poder Judicial tendrá un presupuesto disponible de 72 mil 264 millones 701 mil 999 pesos.
El total para el Instituto Nacional Electoral (INE) quedó programado con 42 mil 274 millones 541 mil 672 pesos; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos van a ejercer, 1 mil 650 millones 866 mil 499 pesos. La Fiscalía General de la República tendrá 20 mil 893 millones 598 mil 760 pesos.
Durante la discusión del PPEF 2027, en el Ramo 21 que corresponde al Turismo, el presupuesto asignado es de 1 mil 851 millones 348 mil 379 pesos, con una reasignación de los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda de 20 millones más, que le quitaron al INE y una parte utilizarán para la promoción turística; dinero que no alcanza para la promoción de todos los destinos de México.
Lo malo de la discusión de este Proyecto de Presupuesto de la Federación para el 2027, es que ninguno de los diputados de la Cuarta Transformación en Quintana Roo levantó la mano para pedir que no se aumentar el Derecho de No Residente (DNR), así como buscar más recursos para el Estado en materia de Salud y Educación; quizá por están en plena campaña política para ver en qué otros cargos seguirán “sirviendo” a los ciudadanos. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, a los titulares de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) Vagner Elbiorn Vega, Emilio Manuel Tamargo Navarro, representante de la paraestatal en Isla Mujeres, y Juan Román Martín Pérez, señalado como coordinador de operaciones de Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres, se les debería fincar responsabilidades administrativas por su probable negligencia al hundirse los transbordadores “Sergio Gracia Aguilar” e “Isla Blanca”, ambas embarcaciones permanecieron amarradas en instalaciones bajo administración de APIQROO.
Estos personajes deben explicar qué medidas adoptaron para atender las condiciones de estas embarcaciones y por qué no se concretó su retiro desde el 2022 que llegaron a la administración. Al tiempo…

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