“La Última Palabra”
Por Jorge A. Martínez Lugo

• • Destaca la falta de debate y aprobaciones constitucionales fast track

“La promesa de una Legislatura cercana al pueblo y de puertas abiertas no se cumple. Apenas instaladas las comisiones, el mismo día se turnaron a ellas las iniciativas y se aprobaron las reformas a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, haciéndose la aprobación en el pleno y turnándose a los cabildos para la aprobación de los cambios a la constitución, todo ello, en un par de días sin debate alguno, solo algunas intervenciones de la mínima oposición, que quedan solamente como algo testimonial. Aprobada la reforma se publicó de inmediato en el Periódico Oficial del Estado”.

Con esta conclusión en su Boletín número 255, el Observatorio Legislativo ciudadano afirma que la XVIII Legislatura “pasó de la simulación de la dependencia del Poder Legislativo al Ejecutivo a la sumisión abierta; lo confirmamos a una semana de funciones de la actual Legislatura”.

IMPERICIA LEGISLATIVA
El Observatorio también cuestiona la “impericia en la conducción de las sesiones y con la marca de su inicio, a puertas cerradas, y con reclamos alrededor del Congreso, la promesa de una Legislatura cercana al pueblo y de puertas abiertas no se cumple”.

Dentro de estas reformas a la constitución “se aprobó, no sólo la ampliación del período del Fiscal Anticorrupción, a doce años, sino también la del Fiscal General del Estado, incluido el transitorio en donde se señala que no habrá un proceso de selección, si no que se le tome protesta al actual Fiscal.

Un dato importante es que la edad para ambos cargos se redujo a ciudadanos con treinta años cumplidos, que parece que se hizo a la medida del nuevo Fiscal Anticorrupción Edgar Ramírez Morales, para que pudiera cumplir con los requisitos se modificó la Constitución, ya que en sus datos se menciona que cuenta con 33 años. Algo trascendente que nadie cuestionó, ni diputados ni cabildos. Hemos intentado localizar el curriculum vitae de esta persona, pero no se encuentra ni en el Diario de Debates, que no debería llamarse de debates, sino sólo minuta, porque no hay tal debate”.

El boletín incluye un comentario crítico a la forma tan acelerada con que se aprobó la reforma Constitucional al Poder Judicial de la federación, siendo el Congreso de Quintana Roo el tercero en aprobar dicha reforma, sin percatarse que el factor de dicha aprobación fue Yunes Linares, “un personaje señalado como corrupto, involucrado en la red de pederastia de Kamel Nacif y el Gober Precioso Marín, que seguramente le dirían ‘tu sí eres el héroe de la película papá´”, concluye el boletín, pero usted tiene la última palabra.

Por: Hugo Alday Nieto

De acuerdo con Eric Tardif en su obra “Sistemas Jurídicos Contemporáneos” editada por Tirant lo Blanch, nos dice que “un sistema jurídico es el conjunto de elementos cuya disposición e interacción otorgan a cualquier orden jurídico positivo reconocido como tal, los medios de su coherencia y funcionamiento componiéndose las instituciones, normas, procesos y actores que permitan que funcione una comunidad específica”.

En la actualidad subsisten diversos sistemas de Derecho en el mundo en los que dos de ellos imperan sobre gran parte de los ciudadanos del planeta, el Sistema Anglosajón que agrupa a Estados Unidos, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Gran Bretaña (Reino Unido), y por otra parte el Neorrománico, que, sus orígenes se gestó como el sistema Canónico-Romano-Germano vigente en África, América Latina y Europa. Para darnos una idea de la influencia del sistema jurídico al que pertenecemos como país, solamente este se ejerce en más del 60% del territorio planeta.

Sin duda, el gran imperio de Roma pudo tener más historia por delante si no hubiese sido por las decisiones de Dioclesiano que, no solo dividió a Roma, sino su organización política, jurídica y social. Aunque, sin esta división que acabó con Roma, a la larga no podríamos hablar de neorromanismo contemporáneo en México, ya que tal como nos narra el doctor Guillermo Floris Margadant en su obra “Panorama de la Historia Universal del Derecho” editada por Miguel Angel Porrúa, gracias a Justiniano en el imperio de Constantinopla por allá en el S. VI d.C., que tuvo a bien encomendar la elaboración de su “Corpus Iuris Civilis” se fijaron las bases del derecho civil codificado y del que, con el tiempo se complementó con diversas revisiones para dar cabida a otras ramas del derecho.

En este sentido, para México como parte del sistema neorromanista moderno, las fuentes de donde emana el Derecho son la Ley, la Jurisprudencia, la Costumbre, la Doctrina y desde el año 2011 con las reformas progresivas en materia de derechos humanos, los precedentes comenzaron a ser fuente inagotable de derecho. En esta situación transitamos por décadas, ya que, desde la reforma de 1994 con el establecimiento de un Tribunal Constitucional, las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, México a través de sentencias le dio espacio a las mujeres para la equidad en el quehacer público; de la misma forma se lograron reformas derivadas de litigios para lograr matrimonios igualitarios; para lograr que las personas con discapacidad pudiesen acceder a espacios públicos, para la protección animal, la prohibición de las juanitas, etcétera.

En suma, la fuente principal del derecho en México en los últimos 20 años fue principalmente la jurisprudencia y los precedentes derivados de derechos humanos y los juicios de control constitucional, ya que estos le dieron a nuestro país la relevancia de progresividad de derecho que hoy tutela a los mexicanos en una cascada particular de casos derivados de las minorías o grupos afectados.

Sin embargo, en últimas fechas desde diversas tribunas he escuchado sucederse discursos que contrarían la historia universal del sistema romano-cacnónico-germano, hoy neorromanista, que pretenden no solo sustituir una definición simplista de Ley por el de Derecho; y más aún, pasar de las distintas fuentes del Derecho a solamente la Ley, lo que nos lleva a hacernos diversas conjeturas sobre si los neoconfeccionadores de la Ley conocen el origen y características del sistema jurídico neorromanista que incluye, si o si, división de poderes, tribunales constitucionales y un rígido control constitucional, o bien, si quienes en su caso redactan los sólidos mensajes tienen claras las diferencias entre Derecho, Ley o Norma Jurídica, y los escribimos con mayúscula porque muchas veces es necesario para notar la trascendencia del significado que se esconde tras el objeto materia de estudio.

Creo entonces importante que el Estado Mexicano pueda definir en qué sistema jurídico nos vamos a sustentar ahora como en su momento lo hicieron las escuelas que dieron forma al sistema neorromano que hoy existe, como los Glosadores de Bolonia, los Posglosadores o Mos Italicus y los Mos Gallicus. En tal virtud, si en México no se cumplen ya las características del sistema neorromanista, partiendo de la base que un ente constituido con base en una Constitución no la observa, ésta deja ser Norma Fundante y la Supremacía Constitucional se deteriora estrepitosamente, por lo cual, sería interesante saber qué vamos a ser en adelante, y en todo caso, reunir a los más competentes en la materia para definir nuestro nuevo modelo de sistema jurídico mexicano.