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Opinión

Una de cada 10 personas involucradas en litigio familiar

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Opinión / Hugo Alday

Hace unos días, desde la más alta tribuna del Estado de Quintana Roo como presidente de la Comisión de Justicia de la XVII Legislatura del estado, y en representación de mis compañeras y compañeros miembros de la comisión, hice lectura de la iniciativa de reformas a 30 artículos y adición de dos artículos más al Código Civil para el Estado de Quintana Roo en materia exclusivamente familiar.

Es importante resaltar dos temas fundamentales en dicha iniciativa. La primera es la participación comprometida de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia con sede en el municipio de Benito Juárez quienes coadyuvaron de forma activa para la conformación integral de dicha iniciativa para hacerla más eficaz. Y la segunda, que dicha iniciativa integra el rezago en materia familiar que recibió la Comisión de Justicia en el mes de septiembre y que contenía iniciativas no dictaminadas de las últimas dos legislaturas.

Esta propuesta integral de reformas y adiciones que fue turnada para ser dictaminada en el mes de febrero, reviste una mayor importancia luego de analizar el texto del “CURSO DE DERECHO Y FAMILIA” publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Centro de Estudios Constitucionales y la editorial Tirant lo blanch, en la que no solamente se plasman los derechos progresivos en materia de familia con los últimos avances del más alto tribunal de la nación y la corte interamericana de los derechos humanos, sino que, además se enriquece con datos y cifras muy reveladoras en derecho de familia.

Entre otros, señala que una de cada diez personas en México son parte de algún juicio familiar, y de estas personas, el 60% manifestó haber sufrido física o psicológicamente durante del proceso litigioso, lo cual representa en todos los casos un abuso por parte de quienes deben impartir justicia a las familias en este país.

De la misma forma, señala que el 40% de todos los asuntos litigiosos que se tramitan en el Poder Judicial en México, son de materia familiar. Sin embargo, solamente el 12% de los juzgados en este país están especializados en la materia por lo cual resulta importante que el Poder Legislativo desde su trinchera aporte herramientas para el bien común de las familias.

En este sentido, con el desarrollo progresivo de los derechos humanos plasmados en lainiciativa, la mujer y el hombre, las niñas y los niños, las y los adolescentes serán tratados en igualdad ante la legislación familiar en donde se proveen los elementos jurídicos para que el juzgador pueda resolver sin arquetipos preconcebidos que limiten el acceso a justicia, tomando en consideración sus particularidades y diferencias sin discriminación por cuestiones de género, sexo o cualquiera otra personal que no tuviera relación directa con el tema a resolver judicialmente.

Es por ello que dicha actualización en materia familiar que se impulsa desde la XVII Legislatura resulta el primer paso de muchos que se tienen que dar desde el Congreso para reconocer todos los derechos para todas familias.

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Que el ejecutivo se incline por vetar el decreto de abrogación de la ley de imagen

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“La Última Palabra”

Por: Jorge Martínez Lugo

  • • El Observatorio Legislativo de Quintana Roo apela a la voluntad democrática del gobierno de la 4T y pide en cambio que se apruebe la Ley de Austeridad prometida.
  • Ante la inmoral imposición de la “orgullosa” mayoría cuatroteísta en la XVII Legislatura, que va en contra de los principios de avance democrático lopezobradorista, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo hace un llamado al Ejecutivo:

“Que se mantenga sin publicar el decreto de abrogación de la Ley de Imagen Institucional o se incline por vetarlo”.

En su boletín 247, el organismo civil considera que dicha imposición por una mayoría que se negó a escuchar los reclamos de la oposición “por urgente y obvia resolución”, genera un “vacío constitucional”, ya que tanto la Constitución federal como la estatal ya contienen disposiciones en la materia, pero al carecer de una ley, se nulifica el cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución federal y el 166 bis de la Constitución estatal.

Sobre todo en lo que se refiere a que “La propaganda de los poderes públicos de los tres poderes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes (colores), voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Esto fue lo que abrogó la “orgullosa” mayoría 4T el martes 15 de mayo, Día del Maestro y la Maestra, por cierto.

AL mismo tiempo, el Observatorio Legislativo recordó que la promesa de la actual Legislatura de aprobar una Ley de Austeridad, para tener un mejor uso de los recursos públicos, ha sido relegada. Usted tiene la última palabra.

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Opinión

¿Debates o acusaciones?

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“Caminos del Mayab”

Por Martín G. Iglesias

Los debates políticos, por su naturaleza, son la exposición de las ideas, proyectos, propuestas y soluciones a los problemas sociales de acuerdo al ideario de quien participa; la discusión de cada proyecto de gobierno, para que el votante pueda tener el conocimiento de lo que está por elegir.

De manera lamentable, los debates electorales que llevan a cabo las y los candidatos a una presidencia municipal o a una diputación local, organizados por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), son como una pasarela de acusaciones, donde parece que quien tire más excremento es la o el ganador.

No llegan para debatir las ideas, del ¿por qué sus propuestas son mejores que la del contrincante?, ¿Por qué hay que votar por él o por ella?, ¿cómo le hará para resolver los grandes problemas sociales como la inseguridad, atención en la salud y combate a la pobreza?, entre muchas otras preguntas que hace el propio ciudadano.

Los que gobiernan o administran, van con la misión de defenderse de los ataques que por una mala interpretación de “debate”, la oposición realiza; mientras que los que están fuera del gobierno, van en una cómoda posición para cuestionar lo que hicieron o dejaron de hacer quienes buscan una reelección; ¿y las propuestas?

Otras y otros son tan cínicos, que por no haber hecho nada a favor del pueblo en el cargo que le confirieron la elección pasada, recurren al trabajo que su líder o lideresa moral realizan, o los gobierno en turno de su partido; lógico, destacan lo bueno, no la regazón que hicieron con el presupuesto público, menos con el abuso del poder, la prepotencia y los privilegios que les otorgó el cargo. Es entonces que aquí hay que preguntarse, ¿seguiremos los ciudadanos observando un debate político-electoral, o un cúmulo de acusaciones entre las y los candidatos?

Eso sí, cualquier acusación que plantee la oposición en los debates, suele encontrar eco en algunos sectores de la sociedad, quienes por naturaleza propia siente haber sido decepcionados o agraviados, más al ver que la economía doméstica, el desempleo y la inseguridad afectan el modo de vida de muchos ciudadanos.

No hay nivel, ni con los conductores del debate, menos con los participantes, he escuchado unos alegatos cuyo único objetivo es echar por tierra la gestión del gobierno en turno, los candidatos de oposición al régimen, sacan a relucir errores e inconveniencias de los gobernantes; mientras ellos están libres de toda culpa, pero aunque traten de desvincularse de sus errores pasados, los hechos ahí están, solo digo que hasta ahora “tan malo es el pinto como el colorado”.

Todavía falta una semana para que termine la roda de debates políticos-electorales, las y los participantes deben de darle al electorado herramientas ideológicas con propuestas y proyectos de gobierno, para que el votante acuda a la urna bien informado, de lo que representa cada uno de los que buscan un cargo de elección popular. Ahí se las dejo…

SASCAB
Las mujeres de Quintana Roo tienen una herramienta jurídica más para llevar una vida libre de violencia, pues los integrantes de la XVII Legislatura del Estado, aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que todo caso de supuesto suicidio u homicidio doloso de una mujer se investigue con perspectiva de género para descartar cualquier feminicidio.
La pinza para hacer justicia la empezarán a apretar al imponer sanciones a las personas servidoras públicas que tengan a cargo una investigación o impartición de justicia de los delitos de feminicidio, cuando sean omisos en realizar actos de investigación, diligencias o actuaciones correspondientes para integrar la carpeta de investigación.
Pero también, a aquellos deudores alimenticios se las van a aplicar, al grado de hasta perder la patria potestad de sus hijos. No sean penitentes, mejor cumplan. Al tiempo…

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