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Tras 8 años de alertas de género, feminicidios y asesinatos de mujeres van al alza

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Ciudad de México.- En México se han implementado 22 Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde 2015, pero los feminicidios y los asesinatos de mujeres han aumentado. De enero a octubre de este 2022 se denunciaron 777 feminicidios, es decir los asesinatos de mujeres en razón de su género, 126 por ciento más respecto a los 343 registrados en el mismo periodo de 2015.

En lo que respecta a los asesinatos de mujeres, tipificados como homicidios dolosos, los casos pasaron de 161 entre enero y septiembre de 2015 a 248 en los mismos meses del presente año (54 por ciento más), de acuerdo con datos disponibles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En total, se registraron seis mil 282 feminicidios y 19 mil 775 homicidios dolosos de mujeres en casi ocho años, es decir, en promedio nueve mujeres mueren de forma violenta al día desde que se activó la primera AVGM.

A la fecha suman 19 estados con AVGM activas, algunos de ellos solo con alerta a nivel municipal, los cuales son Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas.

En el caso del Estado de México, Guerrero y Veracruz se han activado dos veces las alertas para sumar más municipios debido al aumento de casos de violencia de género.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a octubre de 2021 se habían evaluado 18 de las 22 alertas por violencia de género en las que sólo se habían cumplido 9 por ciento de las medidas recomendadas para inhibir la violencia a cabalidad; 86 por ciento se encuentran en proceso de cumplimiento o fueron parcialmente cumplidas, y cinco por ciento no se habían cumplido.

En el Estado de México, primera entidad en donde se activó la AVGM, la coordinadora de las Alertas de Violencia de GéneroAdriana Velázquez López, señaló que la entidad cuenta con más de cien centros naranja donde se brinda asistencia jurídica, psicológica y de trabajo social a las mujeres víctimas de violencia y se cuenta con ocho refugios, una Casa de Transición y una Puerta Violeta, para el resguardo de las mujeres y sus hijos.

La entidad también cuenta con Centros de Masculinidades Positivas a través de los cuales se ayuda a los hombres generadores de violencia a modificar sus conductas, además de líneas de atención a la violencia de género, con las que se brinda asesoría jurídica y atención psicológica y la línea de Hombre a Hombre, en la que pueden solicitar apoyo profesional para el control de sus emociones.

Pese a lo anterior, el Estado de México es el escenario de múltiples casos de feminicidio, como el de la maestra Mónica Citlalli, quien fue localizada sin vida el 9 de noviembre en la carretera México-Cuernavaca, a la altura del pueblo Parres, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

En el caso de Michoacán, las acciones de la AVGM consisten en la creación de una agrupación estatal especializada en Seguridad Pública para atender de manera exclusiva a las mujeres a través de las llamadas del 911.

Además, se crearon protocolos de actuación en materia policial y judicial para estos casos, se capacita a los transportistas del Estado, se realizan campañas permanentes de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres y se fortaleció el Refugio Estatal.

Autoridades municipales de Morelia en 2020 pusieron en marcha la aplicación digital “Botón Naranja”, con la que una mujer puede usar su teléfono móvil para emitir una alerta a la policía cuando se siente en peligro. Esta clase de aplicaciones móviles han sido criticadas porque dependen de que el usuario o usuaria cuente con una red de internet, además de que el teléfono celular es el primer elemento del que suelen ser despojadas al ser víctimas de una agresión. Michoacán lleva seis años con la alerta activa.

En Sonora, la Alerta de Género fue activada el 20 de agosto de 2021 para sus 72 municipios, principalmente en Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado.

En la segunda entrega de los informes individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, se detectaron irregularidades y deficiencias en el ejercicio de los recursos para la ejecución de proyectos de alerta de género del Instituto Sonorense de las Mujeres.

El documento presentado a finales de octubre indica que en tres objetivos específicos del proyecto para la Atención a mujeres víctimas de violencia en peligro de sufrir feminicidio, no se verificó que contaran con la totalidad de la documentación que sustentó el cumplimiento de éstos ni de las actividades específicas.

Tampoco se supervisó que los ocho prestadores de servicios profesionales contratados acreditaran su capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género, ni verificaron que los recursos autorizados para el proyecto se destinaran oportunamente al cumplimiento de los objetivos señalados en el Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Especialistas en temas de género coinciden en que la violencia contra las mujeres no cede a pesar de las acciones que han intentado implementar las autoridades. Además señalan que se carece de castigos ejemplares contra los perpetradores; lo mismo que hace falta eliminar la cultura machista impregnada en la sociedad y los núcleos familiares.

“La violencia (contra las mujeres) no baja, el contexto sigue grave, y ahora lo que vemos es claramente patrones y aspectos que estaban ahí en los últimos años. En 2012 se asesinaban cinco mujeres, hoy se mata a 11 al día. Ha venido aumentando y me preocupa porque se generan muchos mecanismos, políticas, pero quedan cortas ante la problemática y las grandes deudoras son las Fiscalías”, dice María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

Por su parte, Elizabeth Martínez, presidenta de Familias Unidas por una Causa A.C., destaca que a pesar de que la violencia contra las mujeres viene de tiempo atrás, ha crecido: “En este tiempo, en este gobierno, sí hemos visto que se ha incrementado. ¿Por qué? Porque cualquiera puede desaparecer o matar a una mujer, mientras no haya un castigo ejemplar”.

Aunado a esto y a pesar de que las autoridades promueven políticas públicas para prevenir la violencia de género, persisten carencias, corrupción y falta de investigación del Ministerio Público y las Fiscalías, por lo que sigue la impunidad.

María de la Luz Estrada explica que se han hecho muchas acciones, como marcos normativos, protocolos y políticas públicas. Sin embargo, el problema es que no se implementan.

“No se evalúa, hay que fiscalizar. Pero también estamos ante contextos más complejos. La violencia contra las mujeres se tiene que revisar, ya está sobrediagnosticada, pero no se profundizan estos contextos graves que vulneran los derechos de las mujeres, o sea, el patrón cada vez más claro de desaparición, de feminicidio.

“Está muy diversificada la violencia. Si bien hay estados que no tienen la tasa tan alta de violencia, a lo mejor tienen otros tipos de violencias, como los asesinatos con características de feminicidios o desaparición (…) La cuestión es que el mecanismo funcione, se generen medidas adecuadas para poder erradicarla”, dice.

A esto agrega que se luchó porque fueran Fiscalías autónomas: “pero jamás hubo una reingeniería y pues se siguió con personal que es corrupto. Y por otro lado se han creado Fiscalías especializadas para atender los feminicidios, pero al final no tienen nada de especializado y siguen negándose, resistiéndose a acreditar las razones de género, que es muy importante acreditar para saber cuáles son esos factores que ponen en riesgo a las mujeres”.

La presidenta de Familias Unidas por una Causa puntualiza que se ha apoyado a las organizaciones civiles y algunas autoridades se han sumado a crear campañas de prevención, justo para que la mujer visibilice y no normalice este tipo de violencia, al igual que la creación del violentómetro, donde se puede detectar como sube el nivel de violencia.

No obstante, esto sólo es preventivo. “Pero cuando ya el hecho está, si necesitamos que haya un castigo, para que ningún hombre piense que se puede arrebatar la vida de cualquier mujer”, insiste.

Pero no todo queda en el actuar de las autoridades, también se debe erradicar la violencia desde los núcleos familiares, la sociedad, las escuelas, lo mismo que desde los lugares de trabajo.

Para evitar este tipo de violencias, se debe empezar desde casa; empezar nosotras como madres de familia a no fomentar el machismo, donde haya equidad tanto para los mismos quehaceres de la casa que los puede hacer el hombre o la mujer; donde la mujer no se sienta hasta que termine el hombre de comer o hasta que le sirva. Si debemos de cambiar esas costumbres, describe Elizabeth Martínez.

Fuente El Sol de México

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PROPONEN REFORMAS PARA COMBATIR EL BULLYING EN LAS ESCUELAS

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Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2025.— La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que busca enfrentar el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

La iniciativa establece que el Estado deberá implementar programas y políticas públicas que prioricen la integridad y el bienestar de los estudiantes. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.

Un aspecto central de la propuesta es la participación obligatoria de padres y tutores en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar. Además, se prevé que, en caso de reincidencia, se apliquen medidas proporcionales: desde amonestaciones y cursos de parentalidad positiva, hasta multas económicas y canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar responsabilidades.

La diputada enfatizó que las sanciones no buscan criminalizar a los menores, sino garantizar el interés superior de la niñez y fomentar un entorno educativo seguro. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.

En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar es una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un incremento en la violencia juvenil. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales y dotar a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso.

Con esta propuesta, se busca consolidar un marco regulatorio que proteja la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez mexicana.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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BLOQUEO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Y CAMPESINOS PARALIZA CARRETERAS EN 25 ESTADOS

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México enfrenta este martes una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, luego de que transportistas y campesinos iniciaran un bloqueo nacional que afecta carreteras y autopistas en al menos 25 estados de la República. La protesta, organizada por diversas agrupaciones, tiene como objetivo exigir al gobierno federal mayor seguridad en las vías de comunicación y mejores condiciones para el campo mexicano, un sector que, según los manifestantes, ha sido relegado en materia de apoyos y programas de desarrollo.

Desde las primeras horas de la mañana, se reportaron cierres en tramos estratégicos como la México–Querétaro, México–Cuernavaca, Chamapa–Lechería, así como autopistas del norte y sur del país, generando largas filas de vehículos y retrasos en el transporte de mercancías. Los bloqueos han provocado que miles de ciudadanos queden varados, mientras empresas alertan sobre el impacto inmediato en la distribución de alimentos, combustibles y bienes de consumo.

Los líderes del movimiento señalaron que la protesta no busca confrontación, sino visibilizar la crisis que enfrentan los sectores productivos. Sin embargo, en algunos puntos se registraron tensiones entre automovilistas y manifestantes, lo que obligó a la Guardia Nacional a desplegar operativos para garantizar el paso de vehículos de emergencia y evitar incidentes mayores. Autoridades federales han llamado al diálogo, pero los inconformes advierten que las acciones podrían intensificarse si no se establecen mesas de negociación inmediatas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.

El impacto económico de la protesta comienza a sentirse en mercados regionales, donde comerciantes reportan retrasos en la llegada de productos básicos. Expertos advierten que, de prolongarse, el bloqueo podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector logístico y agroalimentario. Mientras tanto, ciudadanos expresan su malestar por las afectaciones en sus traslados cotidianos, reclamando soluciones rápidas y efectivas.

La protesta nacional refleja el creciente malestar social en torno a la inseguridad y la falta de apoyos al campo, dos problemáticas que, de acuerdo con los manifestantes, requieren atención urgente para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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