Opinión / Cicuta del Caribe

Niñas, niños y adolescentes, a merced del crimen organizado

·        Hace 15 años, en Cancún no se hablaba de casas de seguridad

·        El país está atascado de menores entrenándose con armas

Por: Carlos Águila Arreola

Vivo un déjà vu o paramnesia, acaso fue una premonición, quizá son ambas cosas: hace tres lustros, cuando recién llegué a Cancún, Hernán Cordero Galindo, entonces presidente en Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de siempre activista por medio ambiente, se convirtió en mi “fuente” de cabecera porque siempre “daba nota”.

Por las mismas fechas, viendo el tipo de gente que empezaba a llegar a éste, otrora paraíso, decía a mis primeros compañeros de futuras coberturas periodísticas que el escenario me recordaba a Tijuana, de donde venía huyendo; hoy me doy cuenta que por desgracia no me equivoqué y esta noble ciudad es presa del narcotráfico.

A 15 años de distancia, más que nunca vienen a colación sus señalamientos: “La delincuencia está creciendo en forma alarmante en las regiones, y esos chicos de hoy son el caldo de cultivo, la carne de cañón para la delincuencia organizada”, se trata de los actuales adolescentes de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, y es que son inimputables por ser menores de edad.

También desde esas fechas, primero el ´sicólogo Soilo Salazar García, y de unos años a la fecha Lilliam Negrete Estrella, ambos presidentes del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Cancún, advertían sobre el consumo temprano de mariguana entre los adolescentes, e incluso niños, y su incursión con las llamadas drogas “duras”, como la cocaína y su derivado la piedra o crack.

Hace tres lustros difícilmente se hablaba de casas de seguridad y cárteles, y no es que no los hubiera, sino que eran, si se me permite el término, más discretos… actualmente el escenario es brutal; los ajusticiamientos rayan en lo demente: decapitaciones, descuartizados, testículos en la boca (adulterio con la mujer de un mafioso), sin faltar el ejecutado nuestro de cada día.

Sin cifras
La asociación civil Reinserta alertó hace días del reclutamiento de más de 30 mil niños mexicanos por parte del crimen organizado —460 mil hasta 2019, según la oenegé Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas (Cenejyd)—, que reciben un pago de hasta 35 mil pesos mensuales, de acuerdo con el estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por la delincuencia organizada, presentado por la cofundadora de la oenegé, Saskia Niño de Rivera Cover.

La sicóloga y activista mexicana, una de las 100 mujeres más poderosas del país, de acuerdo con Forbes México, refirió que hasta el primer trimestre del año hay más de 20 mil casos de homicidio doloso y siete mil desapariciones de menores en los últimos 20 años, según una estimación hecha por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La activista advirtió de la falta de cifras oficiales porque no hay registros en las cárceles mexicanas de menores detenidos por delincuencia organizada; están presos de forma oficial por delitos contra la salud, y cuando preguntamos “¿cuántos niños tienen (detenidos) por crimen organizado? Todos los estados contestaron cero. Eso fue una sorpresa”.

En la exposición de los resultados del estudio de Reinserta, que trabaja por la reinserción social de reclusos, entrevistó a 89 jóvenes presos, de los que 67 se asumían como miembros del crimen organizado, de siete estados: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (zona norte); Estado de México y Guerrero (zona centro), y Oaxaca y Quintana Roo (zona sur).

La investigación detectó que “el país está atascado de niños y niñas que están entrenándose con armas, que son la presa perfecta para la delincuencia organizada, nada más que no los hemos logrado ver todavía”, y se detectó mayor precariedad en el centro y sur, mientras que en el norte los cárteles pagan los sueldos más altos: van de los 25 mil a los 35 mil pesos al mes.

Marina Flores Camargo, líder del estudio y directora de Monitoreo y Evaluación de Reinserta, indicó que la forma más común de reclutamiento es por medio de conocidos, como amigos y familiares, y que hay lazos afectivos muy fuertes con las figuras de autoridad de la delincuencia organizada, y niños y niñas fungen como reclutadores de otros menores y adolescentes, sostuvo.

Mercedes Castañeda Gómez-Mont, también cofundadora de Reinserta, dijo que el consumo de drogas, el entorno de violencia y la llamada “narcocultura” son factores: “¿Las series y películas de narcos guapísimos y llenos de mujeres tienen un efecto en nuestros niños y niñas? La respuesta es sí, la apología que se hace de la cultura de los narcos tiene efectos en la ideología”.

Asentamientos
La problemática se exacerbó con la pandemia por la deserción escolar de cinco millones de menores y el hecho de que 90 por ciento de crímenes contra niños ocurren en internet, comentó por su parte la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, quienes son, “lo digo con terror y dolor, los desechables del crimen organizado”.

Y es que espanta la exposición a las dimensiones de violencia que viven los menores y adolescentes en las ciudades: mortalidad violenta; percepción y experiencias con la violencia; mala concepción de la ley y la justicia, y la relación con la policía, factores que han llegado a ser determinantes en materia de violencia juvenil, sobre todo en las grandes urbes.

El Observatorio Nacional Ciudadano asegura que, en el país, hay tres millones 977 mil niñas, niños y adolescentes vulnerables de ser sumados a las filas de la delincuencia organizada; de estos, dos millones 444 mil 859 no asisten a la escuela; 794 mil 018 no estudian y, además, trabajan; 69 mil 744 no toman clases, trabajan y tienen pareja, y 211 mil 326 no asisten a la escuela y su estado civil es distinto a la soltería.

Actualmente, alrededor de uno de cada cinco está en situación de amenaza en 2020, y a partir de los cálculos sobresale que siete entidades concentran alrededor de 55 por ciento de la población en riesgo: Estado de México (9.7 por ciento), Jalisco (8.6), Chiapas (8.1), Puebla (7.8), Guanajuato (7.3), Veracruz de Ignacio de la Llave (7.2) y Michoacán de Ocampo (6.5%).

En San Luis Potosí, las niñas, niños y adolescentes en riesgo ascienden a 87 mil 820; en Sinaloa hay 76 mil 880; se estima que en Querétaro hay 71 mil 463: en Durango habría 59 mil 628, y en Aguascalientes 44 mil 293: en Quintana Roo habría ocho mil 167¸ apenas 2.6 por ciento de lo que se calcula que hay a nivel nacional; es decir, aún no se encienden las alarmas.

Los asentamientos precarios (regiones de la periferia, zonas irregulares y de invasión) son muestra de concentración de conductas violentas, y del proceso de segregación y altas tasas de desempleo, bajos ingresos, inseguridad, falta de servicios básicos, alta incidencia de pobreza y escasas oportunidades de participación o ser escuchados equitativamente por las autoridades.

En esas zonas el crimen organizado reúne a jóvenes en con educación de mala calidad y pocos estímulos para mantenerse en la escuela, y propicia numerosas formas de asociación violenta: bandas, pandillas, circulación de mercancías ilegales, drogas y armas, trabajo en actividades criminales, socialización contradictoria a las costumbres de esos asentamientos.

“Hoy les pregunta uno a los niños, oye ¿qué quieres ser de grande? «Yo quiero ser narco», dicen despatarrados cuando expresan ese tipo de cosas, sin mayor escrúpulo. «¡Yo quiero ser narco, traer mi camionetón!, y a mi mamá comprarle una buena casa, darle su dinerito». ¿Y qué tal si te matan? «Si me matan, ojalá no antes de que yo le dé todo eso que mi mamá necesita»”, señala el estudio.

El involucramiento de niñas, niños y adolescentes es una “excelente inversión” para los grupos delictivos: la constante necesidad de pertenecer a un grupo que les brinde protección, el sustituto o equivalente a una familia, la disposición al peligro al sentir la adrenalina y el poder, las drogas, armas, autos y otros lujos hacen que quieran permanecer en esos grupos delincuenciales.

Además, el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes tiene ciertas ventajas explotadas por los grupos delictivos: la utilización y reclutamiento de menores resulta particularmente benéfico y redituable debido a que, en caso de ser detenidos se les dota de asesoría jurídica gratuita especializada, los delitos prescriben pronto, las sentencias tienen una duración máxima de cinco años.

Y, como beneficio derivado no hay vinculación entre el Sistema de Justicia para Adolescentes y el de adultos, por lo que quienes entre los 12 y 18 años cometen un ilícito son sentenciados por un mínimo de tiempo, y durante los últimos años se ha observado una persistencia de esa práctica por parte de los grupos delictivos.

La estimación presentada en este capítulo debe alertar que en México existe un gran número de niñas, niños y adolescentes cuyas realidades les impiden ejercer sus derechos y desarrollarse de manera adecuada. Los indicadores de vulnerabilidad, amenaza y riesgo muestran que un número importante de este grupo etario puede ver incrementada la probabilidad de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.