Opinión
Legalización del cannabis en México: un paso para contener la guerra contra las drogas
Por: Dileri Olmedo
Los legisladores de México aprobaron el pasado 5 de marzo un proyecto de ley para legalizar la marihuana recreativa que podría convertirse en el mayor mercado de cannabis del mundo, la cámara baja del congreso mexicano aprobó sin mayores dificultades una iniciativa de ley dirigida a legalizar el uso recreativo del cannabis. La iniciativa fue enviada al Senado, donde también fue aprobada. La iniciativa mexicana no legaliza abiertamente el cannabis, sino que eleva la posesión personal máxima de dicha droga que es penalizada por la ley de 5 a 28 gramos. La posesión entre 29 y 200 gramos de cannabis es sancionada con una multa. Los mexicanos, al igual que los habitantes de Uruguay y Canadá, podrán utilizar el cannabis para fines recreativos, aunque de manera más limitada que en los referidos países.
La posesión que exceda este límite aún es sancionada con pena de prisión. La venta de cannabis todavía es considerada delito, de modo que los campesinos en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango o Michoacán que obtienen exiguos ingresos mediante el cultivo del cannabis aún pueden acabar en la cárcel. A pesar de los límites de la iniciativa, la legalización de la marihuana es un hito simbólico de gran importancia para un país como México, actualmente inmerso en una cruenta guerra contra las drogas.
Un estudio comisionado en 2016 por el Senado mexicano reveló que los cárteles solían recibir ganancias anuales de entre 1 000 y 2 000 millones de dólares por la venta de cannabis en los Estados Unidos, lo que representaba entre 15% y 26% de los ingresos totales de dichas organizaciones criminales. Sin embargo, la importancia del cannabis en los ingresos de los cárteles ha disminuido drásticamente debido a su legalización en múltiples estados de EE. UU.
La criminalización del cannabis, empero, contribuye a la inflación descontrolada del sistema penitenciario mexicano. En 2018, 37 701 adultos y 3 072 adolescentes fueron acusados de “narcomenudeo”, es decir, de comercio de drogas ilícitas en pequeña escala. No obstante, la mayoría de quienes fueron indiciados por este delito (60% de los adultos y 94% de los adolescentes) no fue detenida por la venta de cannabis en sentido estricto, sino meramente por poseer entre 5 y 100 gramos de esta droga. Aún en términos de la legislación vigente, estas personas no debieron ser privadas de su libertad salvo en caso de que hubiesen cometido otros delitos, o se hubiesen comportado violentamente estando en posesión de la droga.
La iniciativa para la legalización del cannabis pone término a este tipo de detenciones. Sin embargo, como lo han manifestado las diputadas Laura Rojas y Lucía Riojas en sus críticas al proyecto, también contiene varias disposiciones que subvierten su propósito declarado de proteger tanto a los consumidores vulnerables como a los pequeños productores. La iniciativa, por ejemplo, autoriza a los particulares a cultivar cannabis para su propio consumo (hasta seis plantas por adulto, u ocho por domicilio). No obstante, quienes produzcan la droga deben obtener previamente un permiso de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Riojas, señaló que esta regla perpetúa el estigma social existente sobre los consumidores de la droga.
La iniciativa legislativa también confiere a las autoridades poderes para acceder al domicilio de quienes produzcan cannabis sin requerir orden judicial para ello, con miras a comprobar el cumplimiento de la ley. Esto tiene un potencial efecto disuasorio en relación al registro de quienes actualmente cultivan la droga ilícitamente en sus viviendas, pues podrían preferir el sosiego que otorga la clandestinidad sobre eventuales inspecciones invasivas de su privacidad.
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Retomando lo anterior relatado podemos ver diversos aspectos, primeramente que los expertos temen que las corporaciones extranjeras sean los principales beneficiarios en lugar de los consumidores o los agricultores que forman el peldaño más bajo de la cadena de la droga.
Y por otro punto también existe la preocupación de que la legalización corre el riesgo de una reacción violenta de los cárteles de la droga que controlan el lucrativo comercio ilegal. En 2020, las autoridades mexicanas incautaron 244 toneladas de marihuana. Por su parte, algunos activistas a favor de la legalización dicen que el proyecto de ley se ha diluido, por ejemplo, al eliminar los planes para una nueva agencia dedicada a supervisar el mercado.
“Van a hacer que la ley sea inoperante”, dijo Lisa Sánchez, directora de México Unido contra el Crimen, un grupo que apoya la despenalización. A los activistas también les preocupa que las multas y la amenaza de prisión sigan vigentes por posesión de más de una onza. “La producción y venta serán legales, pero la posesión seguirá estando sujeta a la amenaza de acción policial, multas y posibles arrestos”, dijo Sánchez.
“No resuelve uno de los principales problemas en México: el mal uso de los recursos de seguridad y justicia”, agregó. Sánchez dijo que México tiene una gran capacidad de producción porque “la marihuana crece en condiciones naturales” sin los costos de energía requeridos en Canadá y otros lugares.
¿Qué beneficios puede traer a la sociedad mexicana el legalizar el uso lúdico del cannabis?
Los defensores de la legalización de la marihuana sostienen que el proyecto de ley tiene un alcance demasiado limitado, aunque represente un avance simbólico en el esfuerzo por poner fin a una guerra contra las drogas que ha costado más de 150.000 vidas. Con más de 120 millones de personas, México representaría el mayor mercado de marihuana del mundo por población. El cultivo podría convertirse en un gran negocio en México, un potencial impulso financiero para una economía muy golpeada por la crisis del coronavirus.
Dado lo anterior podemos concluir que a lo largo de los últimos 15 años, 150 000 personas (cifra que asciende a aproximadamente la mitad de los homicidios en México durante dicho periodo) han perdido la vida a consecuencia de la guerra contra las drogas. Otras 73 000 personas han desaparecido a resultas del conflicto. Esta historia sangrienta es la principal motivación para la legalización del cannabis en México.
A final de cuentas, se trata de un paso pequeño, pero significativo, en la contención de la guerra contra las drogas. La medida para permitir que las personas lleven hasta una onza (28 gramos) de cannabis y cultivar hasta ocho plantas en casa para consumo personal crearía lo que se ha descrito como ‘el mercado legal más grande del mundo’ en un país de 126 millones de personas. Los legisladores que apoyaron el proyecto de ley dijeron que “contribuiría a lograr la paz” tras la muerte de más de 300.000 personas en una sangrienta guerra con los cárteles.
Los partidarios esperan que la creación de un mercado legal y regulado prive a los cárteles de su mercado y ayude a sacar de las cárceles vacías a los pequeños consumidores de marihuana.
La despenalización de la mariguana es un paso arriesgado, pero por lo pronto eliminará toda la delincuencia criminal asociada al narcotráfico, que está causando verdaderos estragos”, Mario Vargas Llosa.
Opinión
Imparable avance del CO en Quintana Roo
“Caminos del Mayab”
Por Martín G. Iglesias
Una de las ventajas que tiene un reportero de nota roja, es que documenta los hechos protagonizados por el Crimen Organizado (CO) en la sociedad; es testigo de la manera en que la mancha criminalística crece en el territorio, sea municipal, estatal o nacional.
En ese contexto, desde hace casi dos décadas, Quintana Roo ha experimentado el crecimiento desmedido de este flagelo que lastima a la sociedad, enluta familias, destroza las aspiraciones de jóvenes, mujeres y hasta de menores de edad. En lugar de disminuir con las estrategias que implementas los tres órdenes de gobierno y las instancias de procuración de justicia, parece que el avance es imparable.
Explico: Poco a poco la sociedad chetumaleña pierde su tranquilidad, la otrora ciudad donde los delitos que más comentaban las personas en los corrillos, era el robo a comercio o a casahabitación; hoy, parece que las balaceras, las ejecuciones y la impunidad, son la constante y el ‘pan nuestro de cada día’.
Lo sucedido ayer frente al popular parque del Maestro, en la transitada calle Álvaro Obregón, rebasó la capacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, para garantizar la seguridad a los habitantes de la Capital quintanarroense, que, ante su asombro, solo les queda persignarse y encomendarse al Ser Superior en el que crean.
Desde mi punto de vista, Othón P. Blanco tenía “casos aislados” de secuestros, desapariciones, levantones y ejecuciones extrajudiciales; pero el crecimiento de la delincuencia organizada no se detiene y, desde el 2009 que “oficializó” su establecimiento en Cancún con el asesinato del teniente coronel Enrique Tello Quiñones; para luego expandirse a Playa del Carmen, Cozumel y para el 2016 sentar sus reales en Tulum.
Pero los poderes fácticos generadores de violencia, no detuvieron su marcha, en 2018 empezamos a escuchar uno que otro ejecutado en Felipe Carrillo Puerto y en José María Morelos, situación que arreció desde el 2021 para luego convertirse en algo “normal” en la sociedad de la zona maya. ¿Cuántos jóvenes desaparecieron en estos últimos tres años?, ¿cuántas ejecuciones se realizaron en estos municipios sin que la autoridad pudiera hacer nada? Hay una cifra “negra” que hasta ahora es incierta.
Concluyo al decir que a nivel nacional no funcionó “cantarle el tiro” al CO por parte de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012; o la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto (2012-2018); menos la de “abrazos no balazos” de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024); porque ahora en cualquier parte del país, los asesinatos masivos están a la orden del día; ya para que les digo en Quintana Roo. Ahí se las dejo…
SASCAB
Aunque todavía estamos a 15 días de que termine oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico y mar Caribe, no podemos cantar victoria. Hasta ahora nos hemos salvados de al menos tres fenómenos hidrometeorológicos que amenazaron con convertirse en huracán y pasar sobre el territorio quintanarroense.
En estos días, “Sara” se aproxima a las costas de Quintana Roo y debemos estar muy vigilantes, porque la clave para evitar desastres con pérdidas humanas, es estar informado por los canales oficiales como son Protección Civil del Estado y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al tiempo…
Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.
Opinión
Órganos internos de control, espacios políticos de colocación
“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo
- • Personajes reciclados de la política tradicional que esperaban hueso y pago de favores.
La XVIII legislatura aprobó la designación de titulares de órganos internos de control (OIC) de cinco organismos autónomos, en lo que fue una feria de repartición de cargos en medio de un proceso que ha sido muy cuestionado tanto por la falta de transparencia y autenticidad, como la falta de igualdad para hombres y mujeres.
Las y los nuevos titulares, son personajes reciclados de la política tradicional que, disciplinados, estaban en la banca esperando algún hueso, en otros casos, para pagar favores pólíticos.
Fue un proceso meramente protocolario para cumplir con la ley, pero la percepción social (percepción es realidad) es que los nombramientos ya estaban otorgados de antemano.
Los OIC ya existían desde hace varios años tanto en las dependencias del gabinete legal, ampliado y en este caso autónomos; operaban como espacios de tercer nivel, con categoría de jefatura de Departamento o de Oficina, que fueron creados porque la ley lo exigía.
La ley se acata, pero no se cumple, reza el viejo adagio. Hasta ahora estos espacios lo ocupaban servidores públicos de menor rango, burócratas que buscaban hacer méritos para comenzar alguna carrera en el servicio público, pero ahora se convirtieron en espacios políticos, si bien menores, mientras vienen mejores tiempos.
Formalmente, los OIC dependen de la Secretaría de la Contraloría incrustados en las dependencias públicas, dizque para combatir la corrupción, pero se han convertido en lo mismo. Sus titulares deben rendir cuentas a la Contraloría, no a la persona titular del organismo en el que se desempeñan, pero en realidad estaban enteramente sometidos y sus jefes en realidad eran quienes debían estar vigilados por ellos.
Teresita de Jesús, Quivén Feria en la FGE; Luis Alberto Alcocer Anguiano en el Ieqroo; Edwin Celis Madrid en el TJAyA; Karla Noemí Cetz Estrella en la CDHQR; y Francisco Flota Medrano en el Idaipqroo.
Con estas resistencias a los principios de no robarás, no mentirás y no traicionarás, el cuatroteísmo caribeño sigue dándole vueltas a la ley, con procesos fast track y herméticos, mientras piensan que el pueblo es tonto.
Nota:Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores son responsabilidad de quienes las emiten.