Vecinos del barrio Santa Lucía, Campeche, se organizan contra la gran obra de López Obrador

Por: Narciso Alejandro León Martínez / Fotos: Héctor Cobá

Campeche. – La defensa de centenarias propiedades da resultados, a partir del esfuerzo comunitario, en la colonia Santa Lucía de la ciudad de Campeche y en el resto del sureste mexicano.

Un tren que no es prioritario, ni es propiedad de la nación, tampoco maya, sino un jugoso negocio de una plutocracia protegida por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, donde los apellidos de las ricas y poderosas familias mexicanas salen a relucir.

Empresarios con diversas inversiones y negocios en el sector de los servicios bancarios y financieros, turísticos, construcción, transporte, comunicación y publicidad, genera una lucha por ver cuál de ellos se queda con la mayor tajada del pastel económico, “nomás para emparejarse tantito”, luego de los grandes efectos de la pandemia de la Covid-19.

Sobre el pueblo trabajador y humilde, como doña Lupita Gutiérrez Cáceres y sus vecinos y compañeros del colectivo “Tres Barrios”, del municipio de Campeche, así como los grupos de ejidatarios o comuneros están los intereses caciquiles de los inversionistas y el propio ejecutivo federal. No obstante, los afectados han buscado ayuda para defenderse “hasta con las uñas” del gigantesco despojo y ecocidio del que son víctimas.

Los gobernantes y empresarios desoyen e ignoran las determinaciones del Juzgado Primero de Distrito en Campeche, “solo falta que también se reforme la Constitución para que tampoco se afecte al Tren Maya”, debido a que la juez Grissell Rodríguez Febles, ordenó suspender la obra desde la primera semana de diciembre del 2020, al conceder el amparo 592/2020.

Y es que, pese a esto, la obra avanza amenazante en su tramo dos que va del municipio Escárcega al municipio Calkiní, en el estado de Campeche. Es allí, en Calkiní, donde residen más de 300 familias expuestas al desalojo. Son parte del colectivo “Tres Barrios”, que luchan por evitar que continúe la colocación de rieles, la construcción de estaciones, relleno de cenotes, polos de desarrollo y la remoción de 800 hectáreas de vegetación.

El colectivo “Tres Barrios” de Campeche Doña Lupita Gutiérrez, quien nos contactó, es una vecina del popular barrio de Santa Lucía, uno de los tres que integran el colectivo “Tres Barrios”, los otros dos son La Ermita y la Estación Antigua, que es parte del casco urbano de la ciudad amurallada de Campeche.

Es así que denuncia que son víctimas del amenazante desalojo que enfrentan, por estar asentados a un costado del paso de tren, a donde llegaron muchos años antes de que se colaran las viejas vías del antiguo ferrocarril. Doña Lupita y sus vecinos, a los que se les han sumado otras fuerzas contra el desalojo, anunciado por el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), tuvieron la desgracia de habitar donde existe un tramo de vías por donde alguna vez transitó el tren que iba desde Puerto México (hoy Coatzacoalcos, Veracruz) hasta Mérida, Yucatán.

Y es que, según doña Lupita, pese a tener un título de propiedad de hace 128 años, ella y sus vecinos serán desalojados del lugar donde viven, a un costado de las vías del ferrocarril, porque volverá a correr el tren, ahora con el nombre de “Maya”. Ella y sus vecinos crearon el colectivo Tres Barrios para conseguir el amparo contra el Fonatur, de ahí que el Juzgado Primero de Distrito, en Campeche, llevó a cabo un juicio y emitió una sentencia “donde le pide a las partes que lleguen a un acuerdo”, como “ponerse a pelear contra Sansón a las patadas”.

No es una solución de justicia, sino una imposición que viola todas las leyes. Es decir, la juez la juez no juzgó los hechos con imparcialidad, ni tomó en cuenta las leyes violadas, pues pasa por alto que “primero en tiempo es primero en derechos”.

Cadena de despojos Hoy los mayas enfrentan un nuevo despojo de sus tierras y ecocidio de sus selvas y su fauna asentada en los mil 500 kilómetros de la ruta del Tren Maya, donde quizás nunca podrán viajar, pues está pensado no para el pueblo que apenas tiene para comer, sino para el turismo de alto nivel adquisitivo, por ello, el Tren Maya, considero, es el negocio del siglo XXI en manos de la familia presidencial que usufructuará este proyecto desde Palenque, Chiapas hasta Cancún, Quintana Roo.

Es esa la razón de que los diversos grupos de mayas en la ruta del tren se hayan tramitado y ganado varios amparos para detener la construcción de este tren, que ni es prioritario, ni es de los mayas, de ahí que el Fonatur no respeta las sentencias emitidas por los tribunales competentes, ya que desacata e impone su voluntad aprovechándose de la necesidad del pueblo maya, que asegura resistirá hasta el final.