Por Salvador García Soto

El viraje del presidente López Obrador de volver a sacar a los militares a las calles para que otra vez se hagan cargo de la inseguridad y la violencia provocadas por la delincuencia organizada, puede leerse de varias formas y obedecer a muy distintas circunstancias: la crisis económica y social del Covid19 será más fuerte que ninguna y hay riesgos de inestabilidad social; la Guardia Nacional no funcionó ni maduró en 11 meses; la estrategia de “abrazos no balazos” fue una pésima ocurrencia; el narco se desbordó ante la ausencia del Estado y Estados Unidos presionó para volver a combatirlos. Pero en cualquiera de las explicaciones todas, inevitablemente, conectan con dos palabras que definen la estrategia de seguridad federal de la 4T: incongruencia y fracaso.

Incongruente porque después de pasar años criticando y condenando la fallida y sanguinaria militarización del presidente Felipe Calderón a la seguridad pública, que le costó al país 121 mil mexicanos muertos en su “guerra contra el narco”, el presidente López Obrador hoy ordena que las fuerzas armadas del país, el Ejército y la Marina, salgan de nuevo a encargarse de la seguridad pública, con el argumento de que su Guardia Nacional no ha logrado consolidar su estructura, a pesar de que le inyectó 87 mil 200 millones de pesos en menos de un año —17,200 millones en su arranque en 2019 y 70 mil millones este año— y de que se trata de una militarización “extraordinaria”, aunque prácticamente durará lo que resta de su sexenio.

Tanto atacar a Calderón y a Peña Nieto, no sin razón, por sus fallidas estrategias militarizadas que le costaron al país cerca de 250 mil asesinatos violentos, para que al final Andrés Manuel recurra exactamente a la misma vía militar. Sólo que ahora el presidente ordena la militarización de la seguridad con un componente adicional a la violencia desbordada y a la ausencia de Estado, que en su momento esgrimieron los dos expresidentes para sacar y mantener a las fuerzas castrenses en las calles: la posible inestabilidad social por protestas y aumento de la delincuencia que puede traer la profunda crisis a la que se encamina el país con una economía en recesión. ¿Se está preparando López Obrador para un país donde los desempleados, que se contarán por millones ante el posible cierre de empresas, y los inconformes con las pérdidas de todo tipo que les dejará el Covid19 encuentren como freno el manotazo militar?

Como sea, el decreto presidencial que entra en vigor el día de hoy y que dispone “de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria”, es un reconocimiento tácito de que fracasaron rotundamente las dos apuestas en materia de seguridad que hizo el Ejecutivo: primero una Guardia civil en la ley, pero que en realidad siempre estuvo bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional y sometida al mando militar, que a pesar de los enormes presupuestos no ha logrado nada en el combate a la inseguridad y la violencia pero sí ha tenido ya varios escándalos de corrupción, colusión e indisciplina; y segundo, que su absurda política moralina de “abrazos no balazos” y de consejos a los delincuentes para que pensaran en sus mamacitas, resultó una demagogia muy costosa para los mexicanos que acumuló más de 44 mil muertos en 1 año 5 meses, siendo marzo de 2020 el más violento con 3,078 homicidios dolosos.

La otra posible explicación para que López Obrador se haya tenido que morder la lengua y modificar radicalmente su política de seguridad, al grado de caer en la incongruencia, podría ser la presión desde Washington. Tal vez en su muy cacareada amistad con el presidente Donald Trump y en los “favores de amigos” que le ha estado haciendo la Casa Blanca entre la pandemia del Covid y la profunda crisis petrolera, hubo alguna “recomendación o sugerencia” de que su estrategia de seguridad y, especialmente su política antinarco, basada en consejos morales y reconocimiento de derechos a los violentos capos y sicarios, no estaba funcionando y requería un cambio radical.

Desde el “Culiacanazo” con la captura fallida de Ovidio Guzmán hasta las recientes incursiones y apariciones de Nemesio Oseguera “El Mencho” repartiendo despensas como nuevo “benefactor de los pobres” mexicanos, pasando por la boda estridente de Alejandrina Guzmán, la hija del Chapo y el saludo fraternal a la madre y los abogados de Joaquín Loera, en Washington no estaban nada contentos con el ablandamiento y la desaparición de la lucha contra los cárteles mexicanos y ya en análisis internos de sus agencias y de Departamento de Estado, se hablaba del riesgo de un narco desbordado y empoderado ante la ausencia total de una política de confrontación y persecución del gobierno lopezobradorista.
Así que, el presidente López Obrador y sus analistas y aplaudidores seguro dirán que su militarización de la seguridad pública es muy distinta a las de sus repudiados antecesores, que aquí “sólo es para ayudar a que se consolide la Guardia Nacional” y que “no nos confundan, porque no somos iguales”, pero parafraseando al clásico, “haiga sido como haiga sido” el Ejército otra vez está en las calles y una vez más asume el mando civil de la seguridad en el país. ¿De qué tamaño estarán viendo la tormenta económica, social y delincuencial que se viene por el coronavirus para que, sacrificando la congruencia, hayan recurrido al brazo militar?

NOTAS INDISCRETAS…
“No pasa nada”, dijo Jaime Bonilla tras enterarse del zapatazo unánime que le pusieron los ministros de la Suprema Corte a su cuestionada reforma que pretendió alargarle por un lustro su gubernatura. El gobernador dice que seguirá con sus mismos planes de gobierno y que se sujetará al mandato constitucional de la Corte, tratando de exprimir sus niveles de aprobación que, según sus cercanos, anda por el 60% en las encuestas. Como sea, el revés para Bonilla y para su grupo es fuerte, tanto que tratarán de disimularlo con una muy posible detención de su antecesor, el panista Kiko Vega, a quien ya le giraron órdenes de cateo y próximamente de aprehensión por el desfalco de más de 13 millones de pesos que el ex gobernador saqueó utilizando facturas falsas y empresas fantasma, según las investigaciones de la Fiscalía Estatal de Baja California. Bonilla es un hábil comunicador y aunque por fuera sonríe y dice que seguirá adelante trabajando para entregar la gubernatura en diciembre de 2021, previa la elección que será en julio del próximo año, en realidad está resintiendo el golpe y, sobre todo, el abandono de la 4T que lo dejó colgado de la brocha con la promesa de alargarle su mandato. ¿Se mantendrá intacta la amistad beisbolera con el presidente y su afinidad a la 4T? Veremos…Los dados mandan Escalera doble. Subida. sgarciasoto@hotmail.com