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SSPC reconoce experiencia de Aysa para un Campeche seguro

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Por Juan Manuel Herrera Real

Exactamente un mes y medio después de que el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Leonel Efraín Cota Montaño destacara que Campeche era el mejor estado en materia de seguridad, es ahora el sonorense Francisco Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), quien resaltó que ese logro se debe la experiencia y larga trayectoria que en la materia preceden al gobernador de la entidad, Carlos Miguel Aysa González.

En lo que pareciera una rectificación, y disculpa por enlistarlo entre gobernadores que supuestamente no asistían a reuniones de seguridad, el oriundo de Bavispe, Sonora, ponderó la trayectoria, apoyo, experiencia y recomendaciones del gobernador de Campeche en la Sesión Técnica del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) 2020, que encabezó este jueves 23 de enero en la capital del país la secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila. El funcionario federal dijo textualmente: “…Su larguísima trayectoria ha estado vinculada a los temas de seguridad; consecuentemente valoramos mucho su apoyo, su experiencia, sus recomendaciones que nos permiten enriquecer la visión de todos nosotros”.

Y es que el político paliceño registra vasta trayectoria y carrera que lo llevaron a ocupar diversos cargos en instituciones estatales y federales relacionadas con la procuración de justicia, lo que explica logros obtenidos en materia de seguridad que nos ubican junto con Yucatán como las entidades más seguras de México, y en que indicadores como el secuestro lo resaltan al pasar de 12 a 5 de 2018 a 2019, a diferencia de Guanajuato, Baja California, Veracruz, Chihuahua y Sonora, considerados estados peligrosos. 

La seguridad es prioridad resaltó Aysa González en la semana que termina en gira por municipios del sur en que a la par de apoyos crediticios a emprendedores y estufas ecológicas entregó patrullas y uniformes a policías de Palizada, Candelaria, Escárcega y Champotón, gobernadas por el PRI, PAN y Morena, y que deja en claro el compromiso del titular del Ejecutivo de trabajar por igual con todos los alcaldes sin distingo de colores o siglas partidarias.

Ante esto no fue fortuito que el martes 10 de diciembre de 2019, Cota Montaño en gira por el estado, anunciara que en el 2020 Campeche recibiría un mayor presupuesto en materia de seguridad, “ya que es la entidad más segura del país, y hace buen uso de los recursos públicos para dar resultados concretos a la sociedad y contar con cuerpos policiacos confiables”. 

En esa ocasión se dio el banderazo de salida a 90 nuevas unidades de la Sspcam y la Fgecam, se entregó equipo policial y se puso en marcha el sistema de semaforización y el módulo de Control y Vigilancia del distribuidor vial Gobernadores, y activaron 210 cámaras de videovigilancia en siete municipios, al igual que seis arcos inteligentes del Registro Público Vehicular (Repuve), con inversión superior a los 148 millones 835 mil pesos, y se anunciaron cien nuevas plazas policiales en el nuevo ejercicio, dado los resultados y manejos transparentes demostrados.

Saetillas…

En el informe de seguridad de octubre de 2019 se daba cuenta del progreso que en materia de seguridad tenía Campeche, y de uno al 32, era el más seguro de la república. Se compite firme con Yucatán, pero en esa ocasión se ostentaba el lugar 32 de la seguridad pública, como el mejor estado del país…Yucatán y Campeche siguen disputando el primer lugar, pero el reconocimiento actual al mandatario campechano por parte del titular de Seguridad de la 4T, quien resaltó la experiencia del paliceño, es plausible más en la actual crisis que se tiene ante una nueva oleada de migrantes, y en que Campeche apoya la política de paz y seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y  posee una amplia zona fronteriza con Guatemala y Belice…A pesar de los amagos  de representantes transportista de paralizar labores obligando a  un aumento del 42 por ciento en las tarifas –que pasaría de siete a diez pesos–, fue en entre semana que obtuvieron respuesta del Gobierno del Estado en voz del secretario General de Gobierno, Pedro Armentía López, quien lo descartó, conminó a privilegiar el diálogo y que regresaran a sus labores… La posición gubernamental fue clara: negativa rotunda a fin de no lesionar la economía de los campechanos, y un llamado a restablecer con total normalidad el servicio que prestan a la población, como establece la Ley de Transporte del Estado de Campeche y su reglamento…El encargado de la política interna aseguró que el Gobierno del Estado privilegia el diálogo buscando poder encontrar una solución adecuada a la demanda de los transportistas, teniendo como base la responsabilidad que mantienen como prestadores de servicio y la protección de los intereses de las familias campechanas…Consideró improcedente que el gobierno estatal otorgue apoyos económicos a las sociedades cooperativas, como han solicitado, dado que no se cuenta con una partida presupuestal para ello, y la Ley de Disciplina Financiera determina de manera clara que los recursos públicos deben destinarse en las obras y acciones a los que fueron etiquetados…La obligación de mantener en buen estado las unidades de transporte público urbano es responsabilidad de los concesionarios. “Cualquier recurso que se pudiese otorgar a manera de apoyo, provendría del erario público, y las contribuciones de la ciudadanía no tienen la obligación de sostener el parque vehicular de las empresas”, les aclaró Armentía…La ciudadanía expuso en diversos medios que no se oponían a posibles alzas, siempre y cuando los concesionarios cumplieran el compromiso asumido desde la pasada administración cuando incrementaron tarifas con la promesa de que mejorarían unidades, las dotarían de mayor confort y capacitarían a conductores, acusados de majaderos y maltratar sobre todo a estudiantes y personas de la tercera edad…De acuerdo a gastos operativos externados por  choferes, que no concesionarios, en combustible se erogan en promedio mil 500 pesos, tres mil 500 en cada llanta que usan todo el año, y en cambio de aceite y mantenimiento que se hace dos o tres veces en el ejercicio anual unos dos mil 500 pesos, y sacan de mil 500 a dos mil pesos al día, lo que lo hace buen negocio… Lo que no da es para enriquecerse, y la protesta retiró al menos 80 unidades de varias rutas, dejando en claro que hay sobre oferta, y son los mismos concesionarios que en su voracidad sobresaturaron rutas con las consiguientes mermas al bajar en promedio de media hora a 20 minutos a intervalos de seis a siete minutos, y con lo que ninguna unidad logra completar su cupo fuera de horas pico… Y varios de los que  vociferan corrupción y exigen incrementos, son quienes deben ser investigados al ostentar entre diez y hasta 20 concesiones con igual número de rutas y unidades, lo que a todas luces es irregular ante la ley vigente…Morena no da una, su Consejo nacional convocado para el 26 de enero a fin de cambiar por fin de directiva está en veremos, y su líder de facto es acusada de uso irregular de prerrogativas, lo que genera suspicacia debido a que se revelaron gráficas de sus gustos por bolsos, zapatos, vestuario y accesorios de marca…Nos leemos a la próxima.

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La experiencia de Coahuila

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Por Hugo Alday Nieto

Hace unos días terminé de leer el libro “Jaque Mate al Crimen Organizado” editado por Planeta y escrito por Ruben Aguilar y por Ruben Moreira. Y en efecto, tan sólo saber que un Moreira es coautor del texto a cualquiera nos causa duda y escozor.

Sin embargo, los comentarios son interesantes y por ello, en ánimo de aprender de experiencias que han dado resultado en otras entidades y que pudiesen ser parte de las estrategias para Quintana Roo, nos dimos a la tarea de leer.

Cabe destacar que dicha obra se centra en en el periodo 2012-2017, y hace mención de de temas de gran trascendencia como la matanza de Allende, la evasión de reos de Piedras Negras, la detención del “Z-40” y el “Z-42”; así como el abatimiento del “Lazca” y las consecuencias de todo ello.

Lo fundamental en todo caso, fue tomar decisiones no del todo populares para una sociedad como el cierre de casinos, el cierre de bares clandestinos, el cierre de tables dances, prohibición de corridos con contenido violento en radio y en conciertos, la prohibición de carreras de caballos y de peleas de gallos (más populares en el norte que en el sur), el cierre de deshuesaderos de autos, el férreo control y cierre de comunicaciones de penales, y promover reformas a normas penales generando nuevos supuestos normativos jurídicos que se adecuaran a las formas de actuar de los zetas.

De la misma manera, el poder legislativo fue fundamental, se generaron nuevas leyes para dar mayor protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes y a personas con discapacidad; así como reformar de manera integral al Registro Público porque se acreditó que los productos del Crimen Organizado se reportan en su mayoría en bienes inmuebles, y allí, el Estado tiene la potestad de determinar la ilegalidad en la obtención de los mismos, lo que se reforzó posteriormente con las UIPES planteadas por Santiago Nieto a su paso por la UIF.

Cabe señalar, que llama la atención el trabajo con grupos de madres y padres buscadores y de centros de búsqueda nacionales e internacionales de desaparecidos para la localización e identificación de personas y de cuerpos, con la creación de los GAT (Grupos Autónomos de Trabajo) entre colectivos de víctimas y gobierno. Y con apoyo real y eficaz de las procuradurías estatales y federal.

De manera paralela, se buscó la obtención de apoyo federal e internacional para crear más escuelas y más centros deportivos, así como empleos suficientes para que los jóvenes no cayesen en las manos del crimen organizado.

Como parte de los resultados acreditados en ese periodo en homicidios hubo una reducción de 87%, en robos del 53%, en abigeato del 20%, Secuestros del 42% y extorsión del 69%, con la detención de cerca de 3,000 miembros del crimen organizado (principalmente zetas) y el proceso de responsabilidad del 30% de los funcionarios públicos (MP y SSP) encargados de la seguridad y procuración de justicia vinculados a crimen organizado.

Estos son algunas reflexiones que pueden servirnos para comenzar a revertir de forma más eficaz ese Quintana Roo revuelto y viento que le entregaron hace 7 meses a la gobernadora Mara Lezama, quien ha comenzado a trazar la ruta con nuevas leyes de Seguridad Ciudadana y reformas a leyes orgánicas de la fiscalía, con la propuesta y designación de nuevos titulares de la secretaría de seguridad y de la fiscalía, y desde el Congreso con un profundo proceso reformas al código penal, para lograr un cambio real en la percepción y no seguir como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

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Legislaturas morenistas, igual o más opacas que el viejo régimen

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“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo

• XVII Legislatura de Quintana Roo, reprobada con 34.87%, una de las peores a nivel nacional.
• “Nuevas legislaturas, mismas opacidades”.

Una de las legislaturas más morenistas de México, la XVII de Quintana Roo (controla 22 de 25 curules), también es una de las más opacas del país. No publica lo básico que le obliga la ley en sus portales.

Su calificación entre las 32 entidades federativas es de 34.87%, ocupando el lugar 23 en el ranking nacional de esta metodología.

Lo peor y la justificación para quienes ocupan curules en la Bahía de Chetumal, es que según la sólida evaluación del Colectivo Cimtra, representada en Quintana Roo por el maestro universitario Juan Carlos Arriaga, el panorama en las legislaturas locales de los 32 estados, es malo.

El promedio nacional de cumplimiento de la ley es de 46.5%, es decir, son “nuevas legislaturas, mismas opacidades”, como se titula el documento “Evaluación Legislativa 2022 a los 32 congresos locales”.

Morena tiene mayoría en 22 Congresos, en cuatro de ellos tiene calificación aprobatoria (Puebla, Tlaxcala, Edomex y Sonora) y en 18 tienen reprobatoria con 81%, entre ellos Quintana Roo. Las cúpulas morena-verde en la XVII Legislatura, cada quien en su campaña por su municipio, diputación o senado. Mantienen el Congreso es opaco, patean el bote, nadie asume.

Sin embargo, la opacidad es común a todas las fuerzas políticas, de acuerdo al análisis.

Sólo ocho congresos aprobados. Sólo 16 Congresos por encima del promedio, once de los cuales son morenistas. A nivel regional, están mejor Campeche con 53.75%, reprobado, en lugar 12 nacional. Yucatán con 51.32%, reprobado en lugar 13.

Comparando con la medición de 2020, Quintana Roo pasó de calificación aprobatoria 62.1% a reprobatoria 34.9% y bajó del lugar 5 al 23 del ranking nacional.

Podría atribuirse a ineficiencia por inexperiencia o falta de compromiso por transformar, como proclama el lopezobradorismo al que dicen pertenecer.

Actúan como en el viejo régimen y repiten el mismo modelo agotado, que dicen cambiar. El riesgo es que se confunda con un priismo venido a guinda.

El colectivo Cimtra busca con este activismo por la transparencia, propiciar mejores congresos que representen las demandas y necesidades ciudadanas desde la legislación y que se cumpla la ley desde la casa donde se hace y se reforma.

¿Desconocimiento o falta de voluntad política? Factor determinante para transparentar las legislaturas locales. La democracia de carne y hueso a paso de tortuga. Estos son los datos, usted tiene la última palabra.

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