CANCÚN, 6 DE DICIEMBRE.- La firma BVG promovió dos amparos contra una eventual clausura de su proyecto Grand Island de 3,000 habitaciones y 10,000 millones de pesos en inversión. 

Los recursos promovidos son el 1414/2019 y el 1391/2019 ante el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Cancún, Quintana Roo, alegando violación a los artículos constitucionales 14 y 16, los cuales establecen respectivamente que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

La lista de acuerdos publicada en la página del Consejo de la Judicatura federal revela que la autoridad contra la que se están amparando los promoventes del Grand Island es el delegado de programas de desarrollo social del gobierno federal en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín. 

En los datos generales de ambos expedientes se consigna que los amparos se presentaron desde el pasado 31 de septiembre del 2019, apenas dos semanas después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués, anunciaran la importancia del proyecto por el monto de inversión en materia turística para el país, el cual asciende a los 10,000 millones de pesos. 

Tras darse a conocer la noticia, el delegado Abreu Marín informó que estaban reuniendo documentación que darían a conocer públicamente en próximas semanas sobre el proyecto, el cual calificó de “incorrecto”. 

“Estamos de acuerdo en que es incorrecto; no lo digo yo, lo dice Sema (Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo); yo todavía no lo puedo decir”, aseguró entonces el funcionario. 

Dijo además que los alegatos que preparaban sobre el proyecto eran de carácter técnico, relacionados con afectación a los ecosistemas de la zona, específicamente manglares. 

“En pocos días se dará a conocer, espérense”, agregó el funcionario. 

Anuncio oficial

El pasado 16 de octubre, López Obrador y Miguel Torruco Marqués informaron la construcción del hotel Grand Island Cancún, cuyo monto asciende a 1,000 millones de pesos y representa una de las más grandes inversiones turísticas que se han hecho en 30 años.

El titular de la Sectur informó que se trata de un proyecto de 3,000 habitaciones hoteleras, dividido en dos fases que iniciarán operaciones en el 2022 y el 2024; además, contará con financiamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y dos bancos extranjeros, lo cual es muestra del interés por invertir en México.

Marcos Sacal, director general de la empresa Murano, una de las compañías que invierten en la obra, precisó que el complejo supone la creación de miles de empleos durante su construcción y en la etapa de operación.

“Se estima una creación de empleos durante su construcción de alrededor de 7,500 y durante la operación de 12,000, entre directos e indirectos, para llegar a una totalidad de 20,000 empleos durante la vida del proyecto”, mencionó.

Confirmó que el financiamiento está siendo otorgado en una parte por Bancomext y dos bancos extranjeros y que, durante la fase de la obra, se estima que la proveeduría nacional será de 85% y durante la operación de 95 por ciento.

La obra incluye, además, la construcción de un Centro de Convenciones, el más grande de Cancún, que formará parte de la primera fase, con un espacio de 10,000 metros cuadrados.

Posición de ambientalistas

Organizaciones ambientales como el Grupo Ecologista del Mayab (Gema), los mismos que se opusieron y ganaron el amparo que canceló en definitiva Malecón Tajamar, anunciaron a los pocos días del anuncio oficial que ya estaban en análisis de acciones legales para oponerse a la construcción del megahotel, retomando los argumentos que en su momento esgrimió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Araceli Domínguez, presidenta de Gema, explicó que durante la consulta pública a la que fue sometida el proyecto antes de que se le otorgase la autorización de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Cemda puntualizó las irregularidades de la obra, como el hecho de que en los terrenos donde se pretende construir el hotel fue rechazado previamente un proyecto inmobiliario también promovido por BVG dada su incompatibilidad con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio Benito Juárez.

Además, BVG fue objeto de procedimientos administrativos por el desmonte ilegal de manglar derivados de una visita realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente el 4 de febrero del 2006. Los expedientes que se abrieron por este motivo en contra de la empresa son el PFPAP/QROO/57/0128/2006 y el PFPAP/QROO/54/0125/2006.  

La activista agregó que el proyecto supone una sobrecarga en la demanda de agua y demás servicios básicos en una zona hotelera que desde hace 10 años ya presenta síntomas de sobredensificación hotelera.

Uno de los principales impactos será en el tema de movilidad, pues tan sólo en empleos la propia empresa promovente refiere que se crearán 20,000 durante todo el proceso de construcción y operación, lo cual implica una cantidad importante de vehículos y personas circulando todos los días por el bulevar Kukulcán, la única arteria que corre a lo largo de toda la zona hotelera que ya desde hace muchos años se encuentra saturada, agregó la ambientalista. 

Fuente Jesús Vázquez / El Economista