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No queremos periodistas asesinados en Edomex II

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SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Para colaborar en su difusión transcribimos la conclusión de la Carta Abierta de los colegas mexiquenses a la que el gremio periodístico organizado del país se suma con puntual solidaridad y amplia responsabilidad, titulada, ’ALTO A LAS AGRESIONES, NO QUEREMOS PERIODISTAS ASESINADOS EN EDOMEX’.

Después de dejar asentado que las autoridades han sido omisas en las agresiones y atentados, descritos en la anterior parte, los compañeros hacen los siguientes reconocimientos: 

’Solo la organización Artículo 19 y la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México han iniciados las quejas correspondientes -Existen 23 expedientes de quejas por agresiones a periodistas de agosto de 2018 a la fecha-, pero no pueden intervenir directamente para conseguir justicia para los periodistas agraviados.

Es importante recordar que en el Estado de México está en proceso la aprobación de una Ley para Protección de Periodistas, pero aún falta que los legisladores la revisen y ver si sus mecanismos de protección son los adecuados para detener la ola de violencia en contra de este gremio.

Si México vive tiempos de cambio con una relación distinta de la prensa con el gobierno, donde se acepta la crítica de los medios para el gobernante y se manifiesta la voluntad a nivel federal de respetar el ejercicio de la Libertad de Expresión; los demás niveles de gobierno, estatal y municipal, los tres poderes y órganos autónomos deben sumarse para garantizar el Derecho a la Información de todos los mexicanos y en particular de los periodistas en el estado de México.

Por lo anterior los abajo firmantes EXIGIMOS: 1.-Alto a las agresiones en contra de periodistas y respeto a la Libertad de Expresión.2.-El Gobierno del Estado de México debe crear y aplicar los protocolos de seguridad que a nivel federal están vigentes para la seguridad y protección a periodistas.

3.-El Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y los 125 Ayuntamientos deben capacitar a sus Cuerpos de Seguridad y Personal Administrativo para que cumplan con garantizar el Derecho a la Información en la labor que realizan diariamente los periodistas y fotoperiodistas a lo largo y ancho de la entidad, con base en los artículos 6to. y 7mo. Constitucional.

4.-La Comisión de Victimas del estado debe acompañar a los periodistas agredidos. 5.-Los Medios de Comunicación deben aplicar sus protocolos para la seguridad de sus reporteros’.

Con la atención debida, la presente Carta Abierta está firmada por más de 200 periodistas mexiquenses. Es de esperarse la pronta y oportuna respuesta de las autoridades. ’NO QUEREMOS PERIODISTAS ASESINADOS EN EDOMEX’.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 

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La experiencia de Coahuila

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Por Hugo Alday Nieto

Hace unos días terminé de leer el libro “Jaque Mate al Crimen Organizado” editado por Planeta y escrito por Ruben Aguilar y por Ruben Moreira. Y en efecto, tan sólo saber que un Moreira es coautor del texto a cualquiera nos causa duda y escozor.

Sin embargo, los comentarios son interesantes y por ello, en ánimo de aprender de experiencias que han dado resultado en otras entidades y que pudiesen ser parte de las estrategias para Quintana Roo, nos dimos a la tarea de leer.

Cabe destacar que dicha obra se centra en en el periodo 2012-2017, y hace mención de de temas de gran trascendencia como la matanza de Allende, la evasión de reos de Piedras Negras, la detención del “Z-40” y el “Z-42”; así como el abatimiento del “Lazca” y las consecuencias de todo ello.

Lo fundamental en todo caso, fue tomar decisiones no del todo populares para una sociedad como el cierre de casinos, el cierre de bares clandestinos, el cierre de tables dances, prohibición de corridos con contenido violento en radio y en conciertos, la prohibición de carreras de caballos y de peleas de gallos (más populares en el norte que en el sur), el cierre de deshuesaderos de autos, el férreo control y cierre de comunicaciones de penales, y promover reformas a normas penales generando nuevos supuestos normativos jurídicos que se adecuaran a las formas de actuar de los zetas.

De la misma manera, el poder legislativo fue fundamental, se generaron nuevas leyes para dar mayor protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes y a personas con discapacidad; así como reformar de manera integral al Registro Público porque se acreditó que los productos del Crimen Organizado se reportan en su mayoría en bienes inmuebles, y allí, el Estado tiene la potestad de determinar la ilegalidad en la obtención de los mismos, lo que se reforzó posteriormente con las UIPES planteadas por Santiago Nieto a su paso por la UIF.

Cabe señalar, que llama la atención el trabajo con grupos de madres y padres buscadores y de centros de búsqueda nacionales e internacionales de desaparecidos para la localización e identificación de personas y de cuerpos, con la creación de los GAT (Grupos Autónomos de Trabajo) entre colectivos de víctimas y gobierno. Y con apoyo real y eficaz de las procuradurías estatales y federal.

De manera paralela, se buscó la obtención de apoyo federal e internacional para crear más escuelas y más centros deportivos, así como empleos suficientes para que los jóvenes no cayesen en las manos del crimen organizado.

Como parte de los resultados acreditados en ese periodo en homicidios hubo una reducción de 87%, en robos del 53%, en abigeato del 20%, Secuestros del 42% y extorsión del 69%, con la detención de cerca de 3,000 miembros del crimen organizado (principalmente zetas) y el proceso de responsabilidad del 30% de los funcionarios públicos (MP y SSP) encargados de la seguridad y procuración de justicia vinculados a crimen organizado.

Estos son algunas reflexiones que pueden servirnos para comenzar a revertir de forma más eficaz ese Quintana Roo revuelto y viento que le entregaron hace 7 meses a la gobernadora Mara Lezama, quien ha comenzado a trazar la ruta con nuevas leyes de Seguridad Ciudadana y reformas a leyes orgánicas de la fiscalía, con la propuesta y designación de nuevos titulares de la secretaría de seguridad y de la fiscalía, y desde el Congreso con un profundo proceso reformas al código penal, para lograr un cambio real en la percepción y no seguir como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

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Legislaturas morenistas, igual o más opacas que el viejo régimen

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“La Última Palabra”
Por: Jorge A. Martínez Lugo

• XVII Legislatura de Quintana Roo, reprobada con 34.87%, una de las peores a nivel nacional.
• “Nuevas legislaturas, mismas opacidades”.

Una de las legislaturas más morenistas de México, la XVII de Quintana Roo (controla 22 de 25 curules), también es una de las más opacas del país. No publica lo básico que le obliga la ley en sus portales.

Su calificación entre las 32 entidades federativas es de 34.87%, ocupando el lugar 23 en el ranking nacional de esta metodología.

Lo peor y la justificación para quienes ocupan curules en la Bahía de Chetumal, es que según la sólida evaluación del Colectivo Cimtra, representada en Quintana Roo por el maestro universitario Juan Carlos Arriaga, el panorama en las legislaturas locales de los 32 estados, es malo.

El promedio nacional de cumplimiento de la ley es de 46.5%, es decir, son “nuevas legislaturas, mismas opacidades”, como se titula el documento “Evaluación Legislativa 2022 a los 32 congresos locales”.

Morena tiene mayoría en 22 Congresos, en cuatro de ellos tiene calificación aprobatoria (Puebla, Tlaxcala, Edomex y Sonora) y en 18 tienen reprobatoria con 81%, entre ellos Quintana Roo. Las cúpulas morena-verde en la XVII Legislatura, cada quien en su campaña por su municipio, diputación o senado. Mantienen el Congreso es opaco, patean el bote, nadie asume.

Sin embargo, la opacidad es común a todas las fuerzas políticas, de acuerdo al análisis.

Sólo ocho congresos aprobados. Sólo 16 Congresos por encima del promedio, once de los cuales son morenistas. A nivel regional, están mejor Campeche con 53.75%, reprobado, en lugar 12 nacional. Yucatán con 51.32%, reprobado en lugar 13.

Comparando con la medición de 2020, Quintana Roo pasó de calificación aprobatoria 62.1% a reprobatoria 34.9% y bajó del lugar 5 al 23 del ranking nacional.

Podría atribuirse a ineficiencia por inexperiencia o falta de compromiso por transformar, como proclama el lopezobradorismo al que dicen pertenecer.

Actúan como en el viejo régimen y repiten el mismo modelo agotado, que dicen cambiar. El riesgo es que se confunda con un priismo venido a guinda.

El colectivo Cimtra busca con este activismo por la transparencia, propiciar mejores congresos que representen las demandas y necesidades ciudadanas desde la legislación y que se cumpla la ley desde la casa donde se hace y se reforma.

¿Desconocimiento o falta de voluntad política? Factor determinante para transparentar las legislaturas locales. La democracia de carne y hueso a paso de tortuga. Estos son los datos, usted tiene la última palabra.

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