Por Carlos Águila Arreola

JOSÉ MARÍA MORELOS, 5 DE MARZO.- El Juzgado Primero de Distrito, radicado en Quintana Roo, falló a favor del Ejido Dziuche, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo, al declarar insubsistente el decreto de Área Natural Protegida (ANP), denominada “Sistema Lagunar Chichankanab”, en las 11 mil 609 hectáreas de tierra del ejido.

Eso significa que el decreto promulgado el 1 de abril de 2011, a espaldas del ejido, no aplica para las 11 mil 609 hectáreas de tierra del ejido, que incluye todo el cuerpo lacustre.

El 13 de febrero pasado, luego del amparo promovido por el ejido, seguido del recurso de queja que presentó después, el juzgado determinó que las autoridades estatales no cumplieron las formalidades esenciales, violando el derecho de audiencia al no haber notificado que el proceso seguía en curso, pese a su objeción.

En consecuencia, el gobierno impidió al ejido comparecer durante el procedimiento de emisión de la declaratoria para hacer valer sus derechos, como la libre disposición de su territorio.

“No se trata solamente de actos de molestia, pues el decreto prohíbe una disposición absoluta del inmueble, ya que condiciona su disposición bajo ciertas limitaciones, cambios, modificaciones y restricciones”, según lo consignado en la sentencia expedida por la jueza Socorro del Carmen Díaz Urrutia.

El tema de fondo sobre el que se resolvió el amparo promovido por el ejido Dziuché, fue la demanda por violación de derechos de propiedad de los ejidatarios y su falta de participación, tomando en cuenta que, conforme lo establece la Ley Agraria, corresponde a la Asamblea General de Ejidatarios otorgar autorización para el destino de las tierras y aguas del lugar.

El ejido invocó también diversos tratados internacionales que reconocen el derecho a la participación pública en asuntos medioambientales.

Del análisis que realizó el juzgado, se concluyó que el gobierno estatal, y las secretarías estatales de Gobierno y Medio Ambiente, omitieron poner a disposición del ejido los estudios que justificaran la declaratoria y notificarles de su expedición.

In fraganti

Los dueños de las tierras se enteraron hasta el 2 de mayo de 2013, cuando funcionarios de la dependencia estatal, acompañados de biólogos y financiadores navegaban en la laguna.

Los agravios fueron calificados como “sustancialmente fundados y suficientes” para otorgar el amparo y declarar sin efectos el decreto, por lo que a partir de ahora “ninguna autoridad estatal podrá realizar actos de manejo o administración del territorio del ejido, ni concesionarlo a particulares bajo pena de desacato”, explicó el Prodesc.

El 26 de marzo de 2018, el ejido promovió un amparo contra el decreto que el entonces gobernador, Félix Arturo González Canto, promulgó el 1 de abril de 2011 a espaldas de los dueños de las tierras.

Al presentar la demanda, fue admitida y asignado el número de expediente 293/ 2018; posteriormente, el Juzgado Primero de Distrito la desechó, declarándola improcedente al considerar que había vencido el término legal para ser presentada.

El 9 de abril de ese año, el ejido promovió un recurso de queja, que fue admitido el 26 de abril por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, radicado en Cancún, en contra del juzgado.

Posteriormente, el 28 de junio, el tribunal dictó resolución ordenando al juzgado admitir la demanda, pues el ejido había promovido en tiempo el juicio de amparo contra el decreto, al poder afectarse la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios.

En su defensa, las autoridades estatales negaron los actos reclamados y argumentaron que, pese a que los ejidatarios son dueños de las tierras y, por tanto, afectados por la creación del área protegida, carecían de interés jurídico para promover el juicio de amparo; ambos argumentos fueron desestimados por la jueza Díaz Urrutia.

Con la resolución del Juzgado Primero de Distrito, aún en espera de que quede firme, se reconocen y salvaguardan los derechos a la propiedad agraria del ejido, su libre disposición, así como a la participación efectiva en lo que respecta a la toma de decisiones sobre su tierra y territorio, mismos que fueron violados por las autoridades estatales.