Por Carlos Águila Arreola

CANCÚN, 2 DE ENERO.- Ejidatarios “cruzan los dedos” para que se prolongue la suspensión del decreto de área natural protegida del sistema lagunar de Chichankanab, donde autoridades estatales y la asociación civil “Amigos de Sian Ka’an” pretendían crear zonas de ecoturismo, toda vez que de lo contrario, peligra la propiedad y disfrute de los derechos agrarios de los propietarios del ejido Dziuché.

El cuerpo lacustre está a 290 kilómetros al suroeste, en el municipio maya de José María Morelos (327 kilómetros al suroeste, limítrofe con los estados de Yucatán y Campeche).

Los ejidatarios esperan que la resolución del Tribunal Colegiado que falló a su favor mantenga su resolución durante la asamblea constitucional aplazada en septiembre pasado, y que tendrá que realizarse durante el primer trimestre de 2019, de acuerdo con la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).

El decreto que declaró a la laguna de Chichankanab área protegida, con categoría de Reserva Estatal, fue suspendido el 28 de junio de 2018 por órdenes de la jueza Socorro del Carmen Díaz Urrutia, titular del juzgado primero de distrito, radicado en Chetumal.

El acto emana de la resolución que dictó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Cancún, ante el recurso de queja promovido por el ejido Dziuché, ante la declaratoria de improcedencia dictada originalmente por el juzgado primero respecto a la demanda de amparo que promovió la autoridad ejidal en marzo pasado.

El nacimiento de la reserva fue impuesta al ejido y al pueblo maya, violando los derechos agrarios de los propietarios de las tierras decretadas como área protegida, el 1 de abril de 2011, así como sus derechos como pueblo indígena. El decreto se publicó en el Periódico Oficial durante la administración de Félix Arturo González Canto, y a cuatro días de que Roberto Borge Angulo lo supliera.

ASAMBLEA

Dos años antes, en Asamblea General el 28 de junio de 2009, el ejido Dziuché –compuesto por 474 ejidatarios– rechazó la petición de ceder 14 mil 26 hectáreas para convertirlas en área protegida, como solicitó el gobierno estatal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma, hoy SEMA) y los “Asociación Amigos de Sian Ka’an”.

Pese al veredicto ejidal y, en franca violación a sus derechos, el área fue decretada, ocupando sus tierras sin alguna notificación.

El ejido abarca 27 mil 703 hectáreas, así que prácticamente la mitad del ejido queda dentro del polígono afectado. El área natural se promulgó sin consentimiento de los ejidatarios mayas, porque en la asamblea de 2009 dijeron que no estaban de acuerdo; sin embargo, el decreto se publicó el 1 de abril de 2011.

ADVERTENCIA

Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de Justicia Trasnacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), recordó que “es el primer caso en el que se logra suspender un decreto de ese tipo”.

Explicó que una de las razones por las que se estableció el decreto en 2011, y que se expuso en el juicio de amparo, fue la posible creación de zonas de ecoturismo en la laguna de Chichankanab, y que no se consideró la opinión de los ejidatarios ni se respetó su derecho de consulta, ya que forman parte de una comunidad.

“No se sabe realmente qué es lo que realmente se pretendía al declarar el área protegida porque la laguna ha sido cuidada, preservada y se mantiene en estado virgen. Lo único que puedo decir es que la administración, la investigación y lo que se fuera a hacer en el área iba a quedar a cargo de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y Amigos de Sian Ka’an.

“El gobierno del estado, las autoridades ecológicas de Quintana Roo y la asociación civil hubieran podido asociarse con terceros para desarrollar investigación o crear desarrollos ecoturísticos en Chichankanab”, detalló López Cruz.

La suspensión se concedió porque puede tener como consecuencia la privación total o parcial, en forma definitiva, de la propiedad, posesión y disfrute de los derechos agrarios de los propietarios del ejido, dentro del que se ubica gran parte de la laguna; con la suspensión del decreto, ninguna autoridad estatal puede desarrollar actos que afecten los derechos del ejido Dziuché sobre su territorio, incluida la laguna, informó el integrante del Prodesc.