Según el documento, y de acuerdo con el Censo de Gobierno 2017 elaborado por el INEGI al cierre de 2016, en la Administración Pública Federal (APF)laboraban un millón 567 mil personas en 319 entes públicos. De ese total, el 20.3% ocupaba puestos de confianza, es decir, casi 318 mil personas.

Así, con motivo de la medida propuesta, serían motivo de despido un total de 222 mil 600 personas, con la consecuente desaparición de los respectivos puestos y plazas que ocupan.

Esta medida –explicaron– implicaría que las dependencias operen únicamente con el 30% del personal de confianza, lo que impactará de manera negativa en la capacidad del Ejecutivo para realizar su función de forma eficiente y eficaz.

Las funciones de los trabajadores de confianza corresponden a puestos de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, con un grado de formación más alto que los puestos de base.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“Es altamente previsible que se generen serios y complejos problemas de operación al carecer del personal de confianza suficiente para ejercer los actos de autoridad y desplegar exitosamente la función pública; pudiendo incluso comprometerse el total cumplimiento de metas y objetivos trazados. Sin duda el sector público en su conjunto atravesaría por una compleja situación de crisis”, advirtieron.

Entre los firmantes del documento se encuentran Mario Alberto Fócil Ortega, Gonzalo García Cervantes, Gonzalo García Cervantes, Ernesto Navarro Adame y Agustín Martínez Herrera, entre otros. Según refirieron, el documento pretende ser una aportación que contribuya a la implementación lineamientos que salvaguarden el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas y los derechos de las personas servidoras públicas.

Entre las dependencias más afectadas por esta potencial medida se encuentran la PGR, la SFP, la Sedena y la Segob, donde el personal de confianza sujeto a recorte representa más del 60% del personal total trabajando en ellas. Es decir, tendrían que trabajar con sólo el 40% del personal actual.

Esta drástica reducción, si no ocasiona una parálisis administrativa, sí ocasionará continuas fallas en el cumplimiento de sus tareas.

Mauricio Huizar

La propuesta de recortar salarios al personal de confianza –añadieron– acentuará aún esta problemática e impedirá atraer y retener personal calificado al sector público.

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Explicaron que las remuneraciones del sector público corresponden a las habilidades necesarias para desempeñar los puestos, el tipo de problemas que resuelven y el impacto de sus decisiones. Si no existen salarios acordes a estas responsabilidades, los autores adelantaron que se podría presentar una fuga de talento hacia la iniciativa privada. Esto traería desequilibrios pues el sector público quedaría en un estado de inexperiencia frente a un sector que necesita ser regulado.

Foto: Cuartoscuro

“Si no se cuenta con los incentivos adecuados, los especialistas que trabajan en el regulador pueden fácilmente migrar a trabajar con los regulados donde claramente cuentan con mejores percepciones e incentivos y rebasarían al regulador, con la riesgosa posibilidad de tomar ventaja de la experiencia acumulada en la materia, por los servidores públicos en los que ya invirtió mucho tiempo y dinero el Estado en prepararlos, y que ahora éstos podrían actuar desde la iniciativa privada, en contra de los intereses del propio Estado”, dijeron.