CIUDAD DE MÉXICO, 3 DE SEPTIEMBRE.- El Presidente de México podrá remover al fiscal general de la República si considera que éste ha atacado a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano y federal, o tolera, consiente o apoya violaciones graves a los derechos humanos.

Sólo el Senado podrá objetar esta decisión. Así lo especifica el proyecto de iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que será presentada por Morena ante el Senado.

El fiscal tendrá un año para definir la estrategia de transición de PGR a fiscalía que incluya un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales y los casos pendientes.

El proyecto, del cual Excélsior posee una copia, especifica que el titular deberá elaborar un Plan de Persecución Penal y si incumple los objetivos podrá ser removido del cargo, para lo cual “el Ejecutivo Federal deberá expresar las razones, justificar y acreditar la causa grave que motivó la remoción. El Senado propondrá si objeta o no esta remoción”.

La propuesta destaca que aparte de ser abogado, mexicano y no haber sido condenado por delito doloso, el fiscal deberá contar con buena reputación, definida por la calidad profesional relevante y por la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con los valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

El documento fue elaborado por los diputados federales Zoé Robledo y Tatiana Clouthier, en conjunto con el exfiscal Santiago Nieto y organizaciones civiles.

Fiscal podría ser despedido

El Fiscal General de la República será removido si ataca a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno republicano y federal, incluso cuando participe, tolere, consienta o apoye violaciones graves a los derechos humanos; la separación del cargo correrá a cargo del Presidente y sólo el Senado podrá objetar la decisión, así lo detalla la iniciativa que Morena presentará con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y organizaciones civiles.

Por parte del equipo del presidente electo, la iniciativa de la Ley de la Fiscalía General de la República la trabajan los diputados federales Zoé Robledo y Tatiana Clouthier, así como el exfiscal electoral, Santiago Nieto, quienes se han reunido con organizaciones civiles para afinar la propuesta que será presentada por Morena en el Senado.

De acuerdo con el borrador de la iniciativa, cuya copia posee Excélsior, el Fiscal General tendrá hasta un año después de su nombramiento para elaborar un Plan de Persecución Penal que deberá seguir durante sus nueve años en el cargo; en caso de incumplir con sus objetivos, el Fiscal podrá ser removido de sus funciones.

Incluso, el Presidente le podrá quitar el cargo cuando cometa cualquier violación a la Constitución que motive algún trastorno ilícito de forma en el funcionamiento normal de las instituciones.

“El Ejecutivo Federal deberá expresar las razones, justificar y acreditar la causa grave que motivó la remoción del Fiscal General e informarla al Senado de la República mediante un escrito. El Senado propondrá si objeta o no la remoción”, establece el documento.

La propuesta destaca que aparte de ser abogado, mexicano y no haber sido condenado por delito doloso, el Fiscal deberá contar con buena reputación, la cual se calificará en base a dos elementos: uno objetivo que se refiere a la calidad profesional relevante y trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica, y otro subjetivo que hace referencia a la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con los valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

De acuerdo con los artículos transitorios que se plantean en la propuesta, a partir de su nombramiento, el Fiscal General de la República tendrá un año como máximo para definir una estrategia de transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General.

La estrategia deberá partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales; casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para elaborar un Plan Estratégico de Transición.

Dicho plan tendrá seis vertientes mínimas, la primera es un mapeo y análisis de los fenómenos criminales que se perseguirán, así como la definición del Plan de Persecución Penal y la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal.

La segunda es la definición de objetivos, estrategias, acciones, metas e indicadores que consideren tipos y fenómenos delictivos, unidades operativas centrales, estatales, regionales o geográficas.

En tercer lugar, deberá concretar la estrategia respecto al personal en activo y al reclutamiento de talentos, que incluya esquemas de retiro y liquidación para los trabajadores que no sean incluidos en la transición de la PGR a la Fiscalía.

Como cuarto punto deberá tener una estrategia para el diseño y activación de la nueva estructura organizativa.

Un punto destacado es la creación de una estrategia de liquidación de casos que incluya el inventario de casos en trámite, su situación jurídica tanto en el sistema inquisitivo mixto como acusatorio, así como la identificación de casos de alto impacto social y de violaciones graves a los derechos humanos.

“Esta estrategia identificará los casos pendientes de resolución relacionados con las violaciones graves de derechos humanos o corrupción”. Habrá una Unidad de Transición que determinará la forma de atención y trámite de todos estos casos hasta su conclusión.

Por último, el plan deberá contener una estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Será el Fiscal el que defina el plazo para la implementación del plan, para lo cual deberá integrar la Unidad de Transición que “estará integrada por un grupo interdisciplinario de expertos”.

Crearán comité para Ley Orgánica

El Senado decidió la integración de un comité plural para el análisis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que será presentada por el grupo parlamentario de Morena, con base en la propuesta que trabajó el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador con un grupo de organizaciones sociales y especialistas.

Ricardo Monreal, inminente presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que este Comité discutirá los términos del proyecto de dictamen que se generen a partir de la presentación de la iniciativa, a fin de que cuando se instalen las comisiones respectivas, como son Justicia y Estudios Legislativos, el trabajo ya esté avanzado y se apruebe a la mayor brevedad.

La nueva Ley Orgánica ha sido trabajada de manera intensa entre el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, encabezado por Zoé Robledo, y Tatiana Clouthier, ambos diputados federales y el grupo de académicos y organizaciones sociales que han dedicado sus actividades al tema de la procuración de justicia.

Fuente Excélsior