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A siete años del ataque al Casino Royale, hay averiguaciones contra exfuncionarios… y ninguno procesado

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE AGOSTO.- A siete años del ataque perpetrado por Los Zetas en el Casino Royale, donde murieron 52 personas, ningún exfuncionario ha sido procesado.

En conferencia de prensa, el vicefiscal Luis Enrique Orozco informó que hay tres averiguaciones previas abiertas contra servidores públicos, aunque no sabe cuántos son investigados y tampoco si los delitos ya prescribieron.

Señaló que esas personas, de las que no dio nombres, son investigadas por haber incurrido en “actos nocivos” al no cuidar leyes y reglamentos, como es el caso de exfuncionarios de Protección Civil estatales y de este municipio, a quienes se responsabilizaría por negligencia.

Con el fin de explicar la demora en el avance de las investigaciones, Orozco Suárez destacó que la nueva Fiscalía General entró en funciones a partir de marzo, por lo que aún se encuentra en la etapa de “evaluar” los casos que sustituyó la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

La víspera de que se cumpla el séptimo aniversario luctuoso de la masacre, el vicefiscal de Ministerios Públicos expresó que la responsabilidad de la demora, en todo caso, es por la desaparecida PGJ, que encabezaba el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.

“No pudiera hacerle una explicación o justificación sobre los motivos por los cuáles en estos siete años no estuviera resuelto. No pudiera hacer una evaluación en particular sobre el archivo (el expediente del caso Royale). Lo que le quiero decir es que el estatus que guardan las investigaciones es el que le comento: la Fiscalía ha seguido dando curso a la instauración de los procesos, y éste no es de pocas fojas, es inmenso”, puntualizó.

Y resaltó que por ahora él no es capaz de dar una conclusión sobre la forma en que encontró los expedientes.

El vicefiscal explicó que en relación con el incendio en la casa de apuestas, el 25 de agosto de 2011, fueron detenidas 18 personas, de las cuáles una falleció en el interior del penal del Topo Chico.

De los 17 que siguen con vida, dijo, sólo cuatro han sido sentenciados con penas que van de los 75 a los 100 años de prisión.

“Se mantiene en prisión a 17 personas por su participación probable o plena, una más que ya falleció en hechos sucedidos en el penal, en un motín, el resto se encuentran internados en el penal del Topo Chico o distintos centros penitenciarios del estado o del país”, remarcó.

Del total de los responsables en el ataque, abundó, tres promovieron juicios de amparo para reponer sus procesos; hay cuatro de las causas que se encuentran en suspensión por reclamos de tortura; dos procesos están en curso en distintas etapas de procedimiento, y hay otras tres órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar a responsables ya detenidos.

Ninguno de los arrestados ha sido liberado, subrayó.

De igual manera, precisó que los capos zetas que ordenaron el ataque son: Baltazar Saucedo, El Mataperros; José Alberto Loera, El Voltaje; Roberto Carlos López Castro, Toruño; Javier Alonso Martínez Morales, Javo; Miguel Ángel Barraza Escamilla, Barraza, y Jonathan Emmanuel Estrada, El Trompas, este último asesinado en la penitenciaría estatal.

Los demás detenidos fungieron como halcones en el operativo efectuado en el Casino Royale, donde las víctimas perecieron asfixiadas por el humo que provocó el incendio.

De acuerdo con el vicefiscal, el inmueble aún se encuentra asegurado por la Procuraduría General de la República, instancia que también tiene abiertas carpetas contra las personas señaladas por delitos de delincuencia organizada.

También reveló que 21 de los deudos accedieron a una parte de la indemnización que les proporcionó la compañía con la que el propietario del casino se había asegurado.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el director del Sistema Tradicional Jesús Candelario Sánchez González y el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú.

Fuente Proceso

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PARO NACIONAL DE MAESTROS PARALIZA ESCUELAS EN 9 ESTADOS: LA CNTE EXIGE DIGNIDAD, NO MIGAJAS

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En una de las movilizaciones más grandes del sector educativo en los últimos años, más de 200 mil maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han paralizado actividades en al menos nueve estados del país, en el marco del Día del Maestro. El paro nacional indefinido ha provocado la suspensión de clases en miles de escuelas y ha encendido las alertas en las secretarías de educación estatales y federal.

La protesta, que inició oficialmente el 15 de mayo, no es solo una conmemoración: es una exigencia frontal contra lo que los maestros consideran un “abandono sistemático” por parte del gobierno federal. Las demandas centrales incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, la eliminación de la Reforma Educativa-Laboral de 2019, mejoras en infraestructura escolar, y un incremento del 100% al salario base del magisterio.

ESTADOS AFECTADOS

Los estados donde la suspensión de clases ha sido generalizada incluyen Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Zacatecas, Chihuahua y la Ciudad de México. En estas entidades, los maestros han instalado plantones, bloqueado carreteras y tomado oficinas gubernamentales en señal de protesta.

“Este no es un paro más. Es el grito de un magisterio cansado de promesas incumplidas y reformas que atentan contra nuestros derechos laborales y humanos”, declaró Eloy López, vocero de la CNTE en Oaxaca.

MOVILIZACIÓN EN CDMX

En la capital del país, miles de docentes marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo. La manifestación, pacífica pero contundente, bloqueó importantes vialidades del centro histórico, incluyendo Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Portando pancartas con leyendas como “Maestro luchando también está enseñando” y “Sin justicia no hay educación”, los manifestantes fueron escoltados por elementos de tránsito y vigilancia sin que se reportaran incidentes graves.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha señalado que el diálogo sigue abierto, pero ha reiterado que algunas de las exigencias “requieren un análisis técnico y presupuestal a largo plazo”. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, reconoció el paro pero aseguró que su administración ha dado pasos importantes en favor del magisterio.

“Hemos incrementado el salario de los maestros como nunca antes, pero entendemos que aún hay pendientes. Vamos a seguir dialogando”, expresó el mandatario.

PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS: ENTRE LA SOLIDARIDAD Y LA INCERTIDUMBRE

Mientras tanto, padres de familia y estudiantes se muestran divididos. Algunos respaldan la causa docente, conscientes de las condiciones precarias en las que muchos maestros trabajan. Otros, sin embargo, expresan frustración por la interrupción del calendario escolar.

“Entiendo su lucha, pero mis hijos ya perdieron clases en la pandemia, y ahora esto. ¿Quién les repone el aprendizaje?”, comentó Claudia Martínez, madre de familia en Veracruz.

¿CUÁL ES EL FUTURO DEL PARO?

La CNTE ha advertido que el paro será indefinido hasta que se instale una mesa de negociación real y vinculante con la Secretaría de Gobernación. Además, han amenazado con escalar las acciones, incluyendo la toma de casetas, oficinas federales y hasta el boicot de las elecciones si no hay avances concretos.

Este paro nacional no solo visibiliza las carencias del sistema educativo, sino que reabre el debate sobre la dignificación del magisterio en México. En un país donde la educación es clave para el desarrollo, la voz de los maestros resuena hoy con más fuerza que nunca: “¡Sin lucha no hay victoria!”.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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Clausuran definitivamente el delfinario Dolphinaris Barceló por maltrato animal

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera definitiva el delfinario Dolphinaris Barceló, ubicado en la Riviera Maya, tras detectar siete irregularidades que comprometían el bienestar de los ejemplares marinos. La sanción impuesta asciende a más de 7 millones de pesos, además de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República.

Principales irregularidades detectadas

Entre las principales faltas encontradas por Profepa se incluyen:

  • Maltrato animal: Se identificaron prácticas inadecuadas que ponían en riesgo a los delfines durante las sesiones interactivas.
  • Incidente no reportado: En noviembre de 2020, el delfín Mincho sufrió un accidente al impactar contra el concreto durante una acrobacia. A pesar de las heridas, continuó participando en espectáculos sin recibir atención adecuada.
  • Acrobacias sin autorización: El recinto realizaba espectáculos con delfines sin contar con los permisos correspondientes.
  • Uso de ejemplares en tratamiento médico: Se permitió la participación de delfines bajo tratamiento, sin autorización veterinaria.
  • Exceso de personas en interacciones: Se rebasó el límite autorizado de visitantes durante programas interactivos.
  • Falta de evaluaciones médicas periódicas: No se realizaron los controles de salud requeridos por la normativa vigente.
  • Temperatura del agua no regulada: Se registraron temperaturas superiores a los 27 °C, incumpliendo las normas de manejo adecuado.

El caso de Mincho y la denuncia penal

El caso del delfín Mincho ha sido uno de los más polémicos. En 2020, sufrió una caída brutal durante un espectáculo, provocándole lesiones graves. Sin respetar el tiempo mínimo de reposo —estimado en al menos 15 días—, fue obligado a continuar con las acrobacias solo dos días después.

Actualmente, Mincho se encuentra en otro delfinario bajo cuidados especiales, aunque presenta queratitis crónica, condición que ha afectado severamente su visión.

Profepa ha presentado una denuncia penal contra los responsables del delfinario, al considerar que las irregularidades detectadas constituyen violaciones a la Ley General de Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana.

Reacciones y protestas

La clausura del delfinario ha sido celebrada por organizaciones de protección animal, que durante años denunciaron las condiciones del recinto. Manifestantes se congregaron frente al hotel Barceló Riviera Maya con pancartas y consignas como “Si no hay público, no hay show”, exigiendo la liberación de los delfines.

Este cierre marca un precedente en la lucha por la protección de la vida silvestre en México y refuerza la necesidad de una regulación más estricta para el manejo de mamíferos marinos en cautiverio.

La comunidad y activistas esperan que este caso impulse cambios significativos en la legislación ambiental del país.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

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