PERÚ, 13 DE JULIO.- El escándalo de corrupción judicial en Perú se recrudeció hoy con nuevas revelaciones que le costaron el cargo al ministro de Justicia, el mismo día que el presidente Martín Vizcarra instauró una comisión para reformar integralmente el sistema judicial, al que tildó de estar en descomposición.

El ministro Salvador Heresi, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, fue la primera víctima política de este caso, que ha revelado un presunto tráfico de influencias y prevaricación instalados en las más altas instancias de la judicatura del país.

El detonante que obligó a dimitir a Heresi fue una nueva entrega de la serie de grabaciones telefónicas que paulatinamente van publicando IDL-Reporteros y el programa televisivo Panorama, capítulos que desvelan cada vez una madeja más compleja de contactos y prácticas corruptas.

En ese último episodio, a Heresi se le escucha pactar en abril una reunión con el juez supremo César Hinostroza, ya famoso a nivel nacional en este escándalo por ofrecer en otra conversación por teléfono la absolución para un violador de una niña de 11 años.

En ese diálogo, Heresi e Hinostroza lamentan no haber podido concretar dos encuentros que habían coordinado previamente y tratan de fijar una nueva fecha para que el magistrado asesore al ahora exministro sobre una propuesta legislativa que se trabaja en el Congreso.

El motivo por el que busca el consejo de Hinostroza es por una sentencia singular dictada por este, aunque en el diálogo no se especifica cuál.

Hinostroza, que hasta este jueves ejercía de presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, es autor de polémicas sentencias, como una que cambió la concepción de lavado activos.

Ese fallo sentó jurisprudencia y permitió a otra jueza archivar una investigación contra el empresario Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido fujimoristaFuerza Popular, por un presunto blanqueo de dinero para las campañas electorales de la candidata presidencial de esa formación, Keiko Fujimori.

Aunque Heresi no tenía intención de renunciar en un primer momento, pues alegaba que en la conversación no había nada ilícito, terminó renunciando a petición del presidente Vizcarra en aras de facilitar la continuidad de la reforma integral del sistema de justicia, que el gobernante pretende hacer en tiempo récord.

Horas antes de la dimisión del ministro, el presidente había conformado la comisión de expertos encargada de elaborar el proyecto de reforma de la Justicia peruana, cuyos miembros se conocieron a primera hora de la mañana.

El grupo está presidido por el diplomático y exministro Allan Wagner, acompañado de la exmagistrada del Tribunal Constitucional Delia Revoredo, el juez y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones Hugo Sivina, los abogados constitucionalistas Samuel Abad y Ana Teresa Revilla y los exdefensores del pueblo Eduardo Vega y Walter Albán.

Durante su presentación, Vizcarra aseguró que este escándalo en la judicatura “revela el grado de descomposición del sistema de administración de justicia” en Perú y advirtió que “nadie puede cruzarse de brazos ante esta situación”.

El mandatario espera que la comisión le entregue en un plazo máximo de doce días un informe con las primeras recomendaciones que presentará al Congreso durante su discurso del 28 de julio, día nacional de Perú en el que celebra el aniversario de independencia.

Paralelamente, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de Perú anunció hoy la suspensión de cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, quien horas antes había presentado su renuncia.

Contra Ríos, al que se le escucha en las conversaciones telefónicas pedir un soborno de al menos 10 mil dólares por promocionar a un juez, la procuraduría anticorrupción solicitó su detención preliminar.

Los otros cuatro jueces suspendidos son Mónica Hoyos, Raúl Salcedo, Walter Linares y Miguel Ángel Miranda.

La OCMA aclaró que no está facultada para tomar medidas contra el juez supremo Hinostroza, al que solo puede suspender o destituir el Congreso o el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde hay tres miembros implicados en el escándalo.

En ese sentido, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó hoy un informe para destituir a Hinostroza y a dos miembros del CNM.

Fuente Informador MX