CANCÚN, 30 DE JUNIO.-Cómo seguimiento de las investigaciones realizadas en los municipios de Puerto Morelos y Tulum, por parte de la asociación civil Transparencia por Quintana Roo, ésta interpuso denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa estatal contra los municipios de Puerto Morelos  por desvío de fondos, y Tulum, por gasto injustificado en el otro.

Mediante un comunicado, el organismo dio a conocer que las denuncias están sustentadas en cinco artículos: el 109 y 113 constitucionales, y cuatro de la Ley de Responsabilidades Administrativa: 90, 91, 92 y 93.

“La asociación realiza tales denuncias como seguimiento a las investigaciones realizadas en los municipios mencionados, considerando las denuncias ciudadanas por irregularidades observadas en las actuales administraciones”, detalló mediante un comunicado.

El organismo, se autodefine como un grupo de ciudadanos interesados en que los gobiernos municipales publiquen sus acciones y documentos que las acrediten, se pronuncia por vigilar el correcto ejercicio del derecho al acceso a la información, y promueve el gobierno abierto, la transparencia y la participación de la sociedad informó que en Tulum, la denuncia fue puesta por faltas en cuatro procesos de adquisición de bienes y servicios, mediante compras injustificadas, y omisiones a la Ley estatal de Transparencia, al no publicar en el portal oficial del ayuntamiento el uso y destino de recursos. Los gastos fueron para acabados, iluminación de promoción eléctrica, canastas navideñas y servicio de diseño, instalación y desmonte de ornamentos navideños, por 8.6 millones de pesos.

Tras revisar el caso, Transparencia por Quintana Roo se percató de que el recurso no fue aplicado para satisfacer las necesidades de la sociedad, incumpliendo como organismo público.

En cuanto a Puerto Morelos, la demanda es por un presunto desvío de recursos en la ejecución de un programa irregular, en el que la autoridad no transparentó la legalidad y validez, denominado “Programa Institucional de Gestión Social”, que no está incorporado a los programas municipales 2016-2018, aprobados por el ayuntamiento.

El programa se utilizó para beneficiar a la directora general de Participación Ciudadana, a la que se le otorgaron 32 mil pesos; la indiciada no pertenece a un sector vulnerable ni está en situación de necesidad como para ser beneficiaria de un programa social: una falta administrativa por beneficiarse de su encargo.

Por tanto, en ambos casos Transparencia por Quintana Roo se sujeta al artículo 109 constitucional que indica que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al estado; es decir, algún tipo de “faltas administrativas”, serán sancionadas.

Por otro lado, el artículo 113 constitucional expone los mecanismos para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos a través de los órganos y comités vinculados al Sistema Nacional Anticorrupción.

Y por último, destacan los artículos 60 (sobre el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés); el 90 expresa que deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos.

En tanto, el artículo 91 expone que toda investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciarán de oficio, por denuncia o derivado de la auditoria; el 92 instruye que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, y el 93 indica que para presentar la denuncia deberán presentarse datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa.