CIUDAD DE MÉXICO, 16 DE MAYO.- La representación en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del periodista de Tabasco, Carlos Huerta Martínez, registrado ayer martes 15, y destacó que es el cuarto comunicador sacrificado en lo que va del año, en tanto que desde el 21 de enero permanece desaparecido uno más: Agustín Silva.

En un comunicado, recordó que mientras en diversos estados de la República se exigía justicia por el homicidio del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, en Tabasco, Huerta Martínez era ejecutado mientras salía de su domicilio.

Para el representante de la oficina de la ONU, Jan Jarab, “es fundamental que en la investigación del asesinato del señor Huerta, se determine la autoría material e intelectual”.

Al expresar sus condolencias a la familia del periodista, puntualizó que en la indagatoria “se debe priorizar la línea de investigación que considere la labor periodística y tomar en cuenta también el contexto del actual proceso electoral”.

Jarab llamó a las autoridades competentes “a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la familia y de los colegas del periodista”, quien contaba con una amplia trayectoria particularmente en programas de radio, donde “se hacía un análisis político de gran influencia en el estado de Tabasco”.

En su comunicado, la ONU-DH resaltó que Huerta fue ejecutado por hombres armados mientras salía en automóvil de su domicilio y que el gobierno estatal descartó el robo como móvil del crimen.

A la condena por el homicidio del comunicador tabasqueño, se sumaron las oficinas de Pen International en México, San Miguel Allende y Guadalajara, en un comunicado en el que incluyeron una relación de los homicidios contra periodistas en los últimos años, así como de solicitudes de protección.

La organización resaltó que en 2017 fueron asesinados 13 periodistas, en tanto que, de 2010 a abril de 2018, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha recibido 304 solicitudes de medidas cautelares.

Según el reporte, el año pasado la Fiscalía “otorgó contacto de reacción policial a 216 periodistas; en 108 casos proporcionó el Manual de Prevención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; realizó 100 rondines domiciliarios; proporcionó 23 escoltas de cuerpos especializados, tres autos blindados y 12 chalecos antibalas”.

La organización detalló que los lugares donde más se proporcionan medidas de seguridad es en la Ciudad de México con 64 casos, seguido de Veracruz (32), Estado de México y Oaxaca (24 en cada uno), Guerrero (21), Coahuila (17) y Tamaulipas (15).

Las oficinas de Pen en México, San Miguel y Guadalajara exigieron “la inmediata atención a este grave problema que atenta no sólo contra la vida de los periodistas, sino contra la sociedad entera que va quedando desinformada”.

En este contexto de violencia, las oficinas de Pen informaron de recientes amenazas contra un periodista en Nuevo León, Víctor Badillo, así como el allanamiento de domicilio y robo de computadoras y cámaras del fotoperiodista Hugo Ortuño de Puebla.

Pen México alertó sobre los riesgos que corre el periodista de Campeche, Miguel Villarino, quien recibió amenazas mientras estuvo en prisión preventiva durante 58 días por acusaciones de sustracción de su propio hijo.

Fuente Proceso