Entrevistado a mediodía de hoy martes, el fiscal explicó que esto es posible debido a que, cuando se solicitó la extradición al gobierno panameño, aparte de la investigación que la Federación realiza, no cumplieron las tres órdenes de aprehensión que solicitó el Estado, aunque ya se giraron los oficios correspondientes a la Federación y al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) para solicitar al imputado y que responsa ante la justicia quintanarroense.
Pech Cen reveló que la Federación le presentó tres opciones, que son analizadas: La primera sería presentar el desahogo de pruebas por medios electrónicos (Internet); la segunda es el exhorto respectivo ante un juez distinto (“no nos gusta de acuerdo al proceso, que sea un juez de Morelos el que reciba las pruebas de Quintana Roo”, comentó al respecto); la tercer.
“Es hacer un traslado para que en un centro médico de Quintana Roo se atienda, y una vez desahogadas las tres carpetas, se le devuelva a Morelos”.
Justificó que los tiempos no dependen de la Fiscalía, pues el plazo está marcado por el proceso de la Federación, así que en el momento que se desahogue el juicio federal, podrán solicitar que el exgobernador responda por los delitos que se le imputan en Quintana Roo.
Calificó como ridículas las cantidades que se le fijaron como garantía a Borge, pues eso no representan más del 2% del daño patrimonial a Quintana Roo, por ello es que se continuarán la secuencia de la investigación y participando con la federación.
“Estamos desde el momento mismo (de la extradición), no olviden que se acompañó en su momento la información para que sea complementaria en la extradición, fue extraditado (Roberto N) no solo por la carpeta federal, sino por las tres presentadas por el estado”, detalló.
Agregó que en el proceso de extradición, en la justicia mexicana y la panameña existe una cláusula especial donde se hace señalamientos donde el mismo proceso es para la federación y el estado, “vamos a hacer uso de esa cláusula, hacer peticiones adicionales, no depende de la Fiscalía”, sino depende de la PGR, estas carpetas serán analizadas por el gobierno panameño con la cláusula de exclusividad, todo es con base a la información que la Fiscalía aporte, “no estamos inventando ni creando nada, es una cláusula que ahí está, si tenemos la capacidad de integrar otras carpetas, tenemos la obligación de hacerlo”, enfatizó.
SE APLICA LA JUSTICIA
Miguel Ángel Pech Cen justificó que no pueda ampliar la información, pues la secrecía en el proceso judicial no se lo permite, pero que se trabaja con las otras dependencias como la propia Secretaría de la Contraloría, que ahora con la reforma, principalmente con la de combate a la corrupción, se integran las pruebas.
En cuanto al arresto domiciliario de Gabriel N y Paula N, el fiscal se mostró respetuoso de la opinión, pues no es una decisión que tomó la Fiscalía, ni siquiera son concesiones de amparo que se hayan logrado; tanto que persisten los embargos, las cauciones, “todo lo que sea necesario para la continuidad del procedimiento, en caso que sean declarados culpables depende también de su defensa, hemos seguido las acciones, la defensa también tiene derecho a plantear la situación”.
