“Los resultados son cada vez más cerrados y eso hace que aumenten las impugnaciones a lo largo de todo el proceso electoral; más aún que hay más partidos políticos y candidatos independientes ahora”, señaló.

Afirmó que los tribunales nacionales electorales están unidos y asumen, en su ámbito de competencia, “la responsabilidad de garantizar el orden y la paz social durante los procesos electorales y, particularmente, durante su etapa final”.

Agregó que los plazos con que cuenta el máximo Tribunal Electoral del país para resolver las impugnaciones “son breves, porque un juicio en materia electoral no suspende los plazos. Debemos resolver rápido para dar certeza a todos los contendientes y a la ciudadanía”, subrayó.

Por lo que hace al eventual involucramiento del crimen organizado en los procesos electorales en marcha, Otálora ­Malassis dijo que el tema no es del ámbito del Tribunal Electoral, sino de la materia penal”.

Otálora indicó, por otra parte, que las redes sociales son un espacio libre de comunicación social y el TEPJF sólo intervendría en caso de que éstas se utilicen con un fin ilícito, “ya sea para difamar a algún candidato, siempre y cuando se pueda determinar el origen”.

Subrayó que los impartidores de justicia en materia electoral, juntos y fieles a la Constitución y a los principios democráticos, asumen plenamente su deber de impartir justicia que dé certeza a la democracia.

“Si colaboramos unidos con las demás instituciones y con la ciudadanía, vamos a lograr que los comicios del 2018 sean un éxito, una manifestación de nuestro compromiso democrático y un ejemplo de elecciones libres y altamente competidas, que permitan un cambio pacífico de los gobernantes. Juntos, garantizaremos la legitimidad democrática de los procesos comiciales y, en consecuencia, de quienes resulten favorecidos con el voto ciudadano”, finalizó.