Agencia.- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) sesionará de manera extraordinaria este martes 9 de abril para abordar las acciones a tomar tras la irrupción de las fuerzas de Ecuador en la embajada de México en Quito.

La presidente pro témpore de la Celac y presidente de Honduras, Xiomara Castro, informó que el día de hoy se logró consenso para realizar la reunión virtual de Cancilleres este 9 abril, a las 10:00 horas, tiempo de Honduras.

El primer punto de la agenda es revisar la regla de consenso para que la Celac pueda adoptar la toma de decisiones mediante las modalidades de mayoría simple, mayoría calificada y consenso.

El punto número dos es proponer “la firme condena de la Celac al Estado de Educador por el ingreso ilegal de las fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Quito”.

En ese punto se establece que Ecuador hizo uso indebido de la fuerza, violentando el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. También se menciona el “secuestro” del ex vicepresidente Jorge Glas.

El tercer y último punto a tratar es la creación de un grupo de hasta siete Estados de la Celac para definir acciones con el propósito de requerir al Gobierno de Ecuador la rectificación por los hechos.

Y se señala una “violación flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas de 1954 sobre el Asilo”.

Ese grupo, también estaría encargado de “reconducir el procedimiento adecuado de las normas de Asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glas y promover el diálogo para normalizar las relaciones con México”.

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En este video se explica cual es el conflicto diplomático entre las naciones.

Fuente: Milenio

Agencias.-El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó que fuerzas armadas irrumpieran en la Embajada de México en Quito el pasado viernes para “proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales” y afirmó que siempre estará abierto a resolver diferencias diplomáticas con nuestro país.

A través de un comunicado, el gobernante ecuatoriano destacó que su “obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves”, en referencia a la captura del exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba resguardado en la representación diplomática de nuestro país.

Destacó que “el Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia, y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos”.

No obstante, aseguró que tuvo que tomar “decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes o narcoterroristas”. 

En esta narrativa, Noboa quiere convencer a sus aliados de que el conflicto diplomático causado por el asalto a la Embajada de México fue un acto de compromiso en la lucha contra la corrupción y en respuesta a lo que considera una infracción del gobierno de López Obrador a los estatutos internacionales que regulan el derecho de asilo.

Bajo esta premisa la Administración del presidente ecuatoriano, de 36 años, buscará defender la irrupción a la sede diplomática de México, que ha recibido un amplio repudio y condena de la comunidad internacional, pues numerosos países ven que se ha traspasado una línea roja al entrar a la fuerza en una embajada extranjera.

¿Qué tratados habría violado México?
También, según dijo este lunes la canciller, Gabriela Sommerfeld, en una entrevista con la televisión Teleamazonas, el Gobierno aseguró tener indicios de un riesgo inminente de fuga de Glas.

Para el ejecutivo ecuatoriano, el gobierno de López Obrador transgredió el artículo tercero de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Asilo Político de 1993.

En estas se señala que “no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes”, según recordó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en un comunicado emitido el domingo en español y en inglés para explicar su proceder a la comunidad internacional.

Edición: 5toPoder con información de Milenio y Nación 321