CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE FEBRERO. -Las llamadas falsas son un problema social que se convierte en economico para los gobiernos de los estados en todo méxico tan solo en octubre del año pasado se dio a conocer que hasta ese entonces eran más de 9 millones al mes en toda la República mexicana, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados  exhortó  entonces a los gobiernos de los estados para que se legisle y sancione a quienes hagan uso indebido de estos operativos de auxilio.  

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, el panista Jorge Ramos Hernández, informó que el reporte al respecto refleja una conducta recurrente que afecta sensiblemente los sistemas de seguridad y ocasiona pérdidas considerables.

Dijo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en 2015 se recibieron 90 millones de llamadas de emergencia en el país, de las cuales 75% fueron falsas. Además, dio a conocer que en el primer semestre de 2016, de 58 millones 924 mil 507 llamadas, 90% eran improcedentes. 

El legislador por Acción Nacional destacó que ese tipo de llamadas pone en movimiento una serie de operativos, como la puesta en marcha de las unidades de emergencia, la policía preventiva, bomberos, rescate, Protección Civil y atención médica, lo que genera importantes costos al erario.

Por lo anterior, Ramos Hernández considera necesario retribuir el daño provocado por estas anomalías que ocurren con mayor frecuencia durante los periodos vacacionales en los centros escolares. 

Dejó claro que es necesario sancionar este tipo de conductas, pero no con cárcel, ya que los centros penitenciarios están sobrepoblados, por lo que una alternativa es que quienes infrinjan en ello sean objeto de faltas administrativas que compensen el daño. 

“Ante ese panorama, considera fundamental homologar las sanciones en los códigos penales de cada uno de los estados, sobre todo cuando el Sistema Nacional de Seguridad Pública está compuesto por autoridades de distintos órdenes de gobierno”, finalizó el diputado del PAN.

En abril pasado, el periodico Excélsior publicó una entrevista con Alexia, una de las operadoras del 911, quien dijo que las llamadas más caras son las falsas, porque “estás ocupando un recurso que debería estar atendiendo una emergencia”. Es en el momento en que las unidades llegan al destino cuando se percatan que se trata de una falsa alarma.

“La gente nos da datos de la ubicación y los hechos; cuando estás por terminar la llamada, se empiezan a reír y te dicen ‘es una broma’, explicó Alexia, quien llevaba poco más de un año y medio como operadora del 911 en la CDMX, trabajo que describió como una experiencia muy gratificante, pues “sabes que pudiste hacer algo por la persona”.

El tema sigue a discución 

En tanto Alejandro Domínguez, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pidió  en el mes de enero pasado que se apliquen las sanciones correspondientes en las entidades que contemplan estas faltas, y que se establezcan en los estados donde no existen.

En entrevista, el diputado federal por Chihuahua explicó que se debe analizar cómo establecer sanciones por las recurrentes alertas de sucesos ficticios debido al incremento de llamadas falsas a los números de emergencia.

“Debe valorarse qué tipo de llamadas y en qué condiciones se hacen para aplicar sanciones, cuando menos de carácter administrativo, a fin de evitar que las personas lleven a cabo esta práctica”, indicó, coincidiendo así con el panista.

Domínguez expresó que “las instituciones pierden mucho dinero y se distraen, cuando atienden a una llamada falsa, lo que pude originar un retraso en la atención a una emergencia real; sin embargo, este es un problema que tiene que ver más con cultura de la legalidad, con el respeto a las leyes, a las personas, que con las sanciones”.

Jalisco pone el ejemplo