Cancún
Falta por devolver al menos 70 cajas de seguridad confiscadas en Cancún

CANCUN, 9 DE FEBRERO.- La diputada federal Patricia Sánchez Carrillo (PAN) fustigó que a cuatro meses del operativo de la PGR para asegurar 1.500 cajas de seguridad de la empresa “First National Security de México”, esa Procuraduría aún no regresa por lo menos 70 cajas a sus dueños.
En octubre del 2017, la Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), aseguró 1,500 cajas de seguridad de la empresa “First National Security de México” en Quintan Roo, debido a una investigación en torno a Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety” o “La 40”, identificada como lideresa de un cártel de droga que opera en Cancún, y quien actualmente se encuentra presa.
A cuatro meses de ese hecho, la diputada Patricia Sánchez Carillo criticó a la PGR por no cumplir su compromiso de regresar a sus dueños las cajas que no están relacionadas con esa investigación.
“Yo creo que la Seido se está haciendo la occisa. Todavía quedan –por lo menos- como unas 70 cajas por entregar. Tengo la relación de varios compañeros que me han mandado su información para hacer el reclamo en lo personal en relación a sus bienes, que ya se han presentado, que ya han entregado su contrato, su relación de objetos que guardaban en esas cajas de seguridad y hasta hoy no hay ninguna respuesta”, aseveró.
Entrevistada por El Economista, la diputada federal del PAN comentó que los funcionarios de la Seido que hicieron el compromiso con los dueños de las cajas de seguridad, “ya no les toman la llamada”.
Sánchez Carillo aseveró que muchas de esas cajas asegurada por la Seido, son de extranjeros o de personas que no radican en Cancún, sino que sólo pasan temporadas en el puerto turístico.
Por ello, la diputada pidió a la PGR “que procedan en los términos que ellos dijeron. Que no era una agresión a los ciudadanos, que era la pesquisa y búsqueda en los contenidos de algunas cajas de bienes que querían decomisarle a la señora Lety, que fue capturada como personaje del crimen organizado”.
Finalmente, la diputada dijo conocer que los propietarios de cajas de seguridad ligadas al ex gobernador de esa entidad y actualmente preso, Roberto Borge, fueron avisados del operativo, por lo que sacaron a tiempo sus pertenencias.
“Nosotros sabemos que fueron avisados con anterioridad de que se pusiera este listón amarillo, y tuvieron la oportunidad de sacar sus bienes, sanos y salvos”, aseveró.
Fuente El Economista
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Cancún
Denuncia Graciela Machuca presuntos intentos de soborno, amenazas y hostigamiento del Congreso para echar atrás iniciativa sobre la CDHEQROO

Cancún (Francisco Javier Robles / 5to Poder).- Con amenazas, hostigamiento e intento de soborno, el Congreso del Estado trata de “echar para abajo” los amparos promovidos por asociaciones ciudadanas en contra de las modificaciones de ley hechas por la diputada local del PVEM, Judit Rodríguez Villanueva, para ser nombrada presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, denunciaron los dirigentes de dichas organizaciones.
En conferencia de prensa ofrecida este inicio de semana, revelaron actos de acoso e intimidación que ha sufrido Graciela Machuca Martínez, presidenta de Maya Sin Fronteras, A.C., por parte de la XVI Legislatura.
La agraviada informó que Héctor Pulido, secretario técnico del Congreso del Estado, llegó a su domicilio con un desistimiento por escrito del amparo -listo para firmar- y un soborno de 50 mil pesos en efectivo, el cual no aceptó y denunció ante la representación de la Fiscalía del Estado, en Felipe Carrillo Puerto.
“La semana antepasada me llegan a mí con presiones, con amenazas, al llevarme el desistimiento por escrito y 50 mil pesos. ¡No imaginé que tuvieran tanta osadía! ¡Los derechos humanos no se negocian!”.
El sábado por la mañana -además- notó que el portón de su vivienda había sido forzado, lo que tomó como amenaza por haber documentado la pretensión de los diputados de arrebatarle la autonomía a la Cedhqroo, a través de múltiples irregularidades.
“Vale la pena dar la lucha por rescatar una comisión que tenga autonomía e independencia del poder. Hay que legitimarla desde la sociedad, hay que rescatarla, para que esté al servicio de la sociedad y no al servicio del poder”.
Héctor Manuel Bonilla, presidente de la organización Chila, A.C., destacó que no están promoviendo un movimiento ni un acto político, sino una queja legal ciudadana, “por lo que estamos aquí para protestar”.
La abogada María Teresa Paredes, defensora de derechos humanos, lamentó que a 4 meses de permanecer acéfala, los diputados no han elegido a la persona que presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a pegados a la ley.
“Que sea la ciudadanía la que proponga y que sea el Congreso el que elija a través del análisis como lo establece la Constitución. Hoy, la comisión tiene como encargado de despacho al primer visitador, y es básicamente inoperante; se han detenido recomendaciones, se han detenido análisis”.
Omar Ortiz, presidente de Información y Educación Sexual del Caribe reclamó que “Eduardo Martínez Arcila creo que va a hacer su casa a un costado del edificio del Congreso, porque se reelige, se reelige y se reelige sin ser votado. Se le ha permitido pasar a la historia como uno de los congresistas que más errores ha cometido en el ejercicio legislativo”.
Pidió al panista “que por favor deje de pensar como el crimen organizado, para que la ciudadanía siga trabajando”.
En la comparecencia estuvieron también Eduardo Aguirre Martínez, presidente del colectivo Comunidad Sustentable, Conciencia y Desarrollo Humano Quintana Roo, A.C.; Horacio Reyes García, presidente de la Federación Estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos Mayores, A.C., y Cecilia Solís, representante del Comité de Victimas del 9N.
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