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Expanden búsqueda del prófugo Duarte

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CHIHUAHUA, 23 DE ENERO.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo ayer las investigaciones que lleva a cabo Chihuahua por el presunto desvío de 250 millones de pesos a campañas del PRI en 2016.
Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía, justificó la atracción al argumentar que los hechos investigados tienen “conexidad” con otros que ya se indagaban a nivel federal y con denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional y Morena ante el organismo.

“A partir de ahora la Fepade está en espera de que, en el marco de la ley, la Fiscalía de Chihuahua remita la investigación en curso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral”, planteó Díaz Santana.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar ante el anuncio, donde la mayoría ve esta acción de atracción como “amañada”, a fin de retrasar aún más las labores de investigación sobre este caso de corrupción de otro exgobernador de extracción priista.

CONGELA PRI EXPULSIÓN

A pesar de las 10 órdenes de aprehensión y tres solicitudes de extradición enviadas al Gobierno de Estados Unidos contra César Duarte, el PRI mantiene congelada la solicitud de expulsión contra el exgobernador de Chihuahua presentada desde hace 18 meses.

El nombre del prófugo exmandatario, quien estaría en territorio estadunidense, aparece en la lista de afiliación del PRI, registrado como militante del Distrito 9 y del municipio de Hidalgo de Parral, de donde es originario.

Desde 21 de julio del 2016, el tricolor tiene en sus manos una solicitud de cancelación de derechos del exgobernador, quien fue acusado de utilizar recursos públicos para la compra de un banco y, recientemente, de triangular fondos federales para financiar las campañas electorales del Revolucionario Institucional.

Hasta el momento las indagatorias de este caso han sido las únicas que han logrado vincular, de manera directa, los desvíos y casos de corrupción de exmandatarios priistas tanto con el Gobierno federal como con el tricolor.

Armando Barajas, el consejero político del PRI que pidió la expulsión de Duarte ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, incluyó en el expediente las 17 denuncias que entonces había interpuesto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades cometidas en su Administración.

Como pruebas, el consejero priista presentó el informe del órgano fiscalizador y las denuncias que fueron interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“Pareciera que en el caso de César Duarte hay preferencias. La Comisión de Justicia no está haciendo su trabajo, pero, como partido, no podemos caer en el cinismo”, sentenció ayer el priista.

Javier Lozano, vocero de la campaña del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, sostuvo que el escándalo del caso Chihuahua no ha provocado ninguna afectación en la imagen de exsecretario de Hacienda.

LISTA NEGRA

Ante los casos de corrupción en los que están vinculados varios exgobernadores que surgieron del PRI, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria ha tomado diversas decisiones.

En diciembre de 2016, el órgano interno expulsó de las filas del tricolor al exmandatario de Tamaulipas Tomás Yarrington, y suspendió los derechos como priista al exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge.

En octubre de ese año fue expulsado del partido el exmandatario de Veracruz Javier Duarte, acusado de lavado de dinero y desvíos de recursos del erario de su estado.

BUSCADO POR TODOS

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que se tienen datos específicos del paradero del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez en varias ciudades de Estados Unidos.

En entrevista televisiva, Navarrete Prida afirmó que en el caso del expolítico priista, la Procuraduría General de la República (PGR) ha informado que tiene ubicaciones del exfuncionario en algunas ciudades de la Unión Americana, por lo que la solicitud se dirige a esa nación, aunque no es la única, también hay a otras de Latinoamérica, el Caribe y Europa.

La Fiscalía General de Chihuahua presentó 10 causas penales por delitos de corrupción a efectos de solicitar la extradición del exgobernador.

El titular de Segob rechazó que la búsqueda contra el exgobernador tenga tintes electorales, “tiene motivos jurídico-constitucionales que no están sujetos a tiempos electorales”.

“Desde hace tiempo se trabaja en el expediente para estudiar las acusaciones de la Fiscalía estatal, homologar los delitos y hacer la solicitud formal para poder capturar a Duarte Jáquez y traerlo de regreso”, explicó.

El funcionario aseguró que las acciones legales contra el exmandatario de Chihuahua, Duarte Jáquez, están en curso, y el trámite de los recursos está en proceso, por lo que no existe un rompimiento con el Gobierno de esa entidad, encabezado por Javier Corral, y que hay la mejor disposición para solucionar los conflictos.

CUESTIONAN ATRACCIÓN

Gustavo Madero, coordinador ejecutivo de Gabinete del Gobierno de Chihuahua, calificó como una amenaza la atracción que hizo la Fepade de la indagatoria sobre los presuntos desvíos por 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016.

“Es una amenaza; va a haber un pleito, aquí no hay coincidencia. No va a haber complacencias para que cumplan ellos con su plan de atraer y perpetuar otro acto de impunidad”, señaló.

Dijo además que el Gobierno de Chihuahua no respaldó tal anuncio de la Fiscalía.

“No están dando evidencia de que lo quieren hacer para ir a las últimas consecuencias, sino para impedir que avance aquí en Chihua-hua y se llegue a profundidad lo que estamos haciendo”, manifestó Madero.

Recordó que existen dos esferas, la del fuero federal y la del común.

“Unos son los delitos de peculado agravado (…) y otros son los delitos electores”, dijo.

“Ellos pueden hacer lo que quieran allá con los delitos electorales, eso sí (…) Este tema de Alejandro Gutiérrez es un tema de peculado agravado, ese no entra en el caso de que lo pueda atraer la Fepade. “Ya está para que lo sentencien”, expresó.

Gutiérrez, exsecretario del PRI, está recluido en un penal de Chihuahua por el desvío de 250 millones de pesos, de los cuales 246, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, se enviaron a la Administración del exgobernador César Duarte y, a través de contratos con empresas fantasma, se entregaron al PRI.

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó que la Fepade busca obstaculizar la indagatoria sobre los desvíos al PRI.

“Lo que debería hacer la Fepade es abrir una carpeta de investigación sobre el delito electoral, y llegar ahí hasta las últimas consecuencias. ¿Con qué fundamento quieren atraer un proceso ya judicializado por el delito de peculado agravado?”, expresó el Mandatario estatal a través de Twitter.

Corral sostuvo que mediante la atracción por parte de Fepade, el Gobierno de Enrique Peña Nieto quiere mantener el pacto de impunidad y pisotear la ley.

Arriba a Delicias caravana

La Caravana por la Dignidad, en su tercer día, ha recorrido 456 kilómetros desde Ciudad Juárez hasta Delicias, a donde llegaron ayer al mediodía.

Es la cuarta ciudad que visitan los integrantes del movimiento que demandan la extradición del exgobernador priista César Duarte y la entrega de más de 700 millones de pesos que, de acuerdo con el mandatario Javier Corral, le retuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tras la investigación por corrupción que realiza a la anterior Administración.

La marcha fue encabezada por el coordinador ejecutivo de Gabinete del Gobierno del Estado, Gustavo Madero, quien fue acompañado por el coordinador de la caravana, Emilio Álvarez Icaza, dirigente de Iniciativa Ahora; el alcalde de Meoqui, Ismael Pérez Pavía, y el diputado local Jesús Villarreal, entre otros.

La Caravana pernoctará en el Polideportivo de Ciudad Delicias y de ahí continuará su marcha el martes hacia Camargo.

Se prevé que el contingente llegue a la Ciudad de México el próximo 4 de febrero.

Fuente Zócalo

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Elección de jueces y ministros pone en jaque el sistema judicial en México

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CDMX — La elección por voto popular de jueces y ministros, el corazón de la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se topó con una barrera de interrogantes sobre una crisis constitucional que se asoma en los primeros días del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El sistema judicial de México atraviesa por una encrucijada jurídica desatada por los argumentos polarizados sobre la constitucionalidad de la reforma judicial.

Sheinbaum y Morena, el partido del oficialismo, aseguran que las suspensiones judiciales no proceden y desafían el orden constitucional cuando la reforma judicial es un hecho consumado, pero al mismo tiempo los jueces y la oposición acusan al Poder Ejecutivo y Legislativo de desafiar el orden constitucional con el desacato de las suspensiones judiciales.

La reforma judicial fue promulgada por López Obrador y desde el 1 de octubre la primera mujer presidenta de México, junto con la supermayoría de Morena y aliados en el Congreso, iniciaron la implementación de la reforma ignorando resoluciones judiciales orientadas a frenar la reforma.

Sheinbaum ha defendido la reforma judicial en su incipiente Gobierno desde las conferencias matutinas heredadas por AMLO, como se le conoce al expresidente, bajo el argumento de que el 2 de junio casi 36 millones de mexicanos votaron por el Plan C: mayoría calificada en el Congreso para aprobar la reforma al Poder Judicial.

Al cumplirse tres semanas de iniciado el sexenio, la presidenta acaloró la discusión sobre la ruptura del marco constitucional en México tras posicionarse respecto de la postura de la autoridad electoral y el resolutivo de una jueza sobre el Poder Ejecutivo.

La elección de jueces y ministros, ¿tambalea?

Senado de México
El Senado de México realizó la selección de jueces y magistrados que irán a la elección por voto popular mediante una tómbola(Cortesía: Senado)

El Instituto Nacional Electoral (INE) pausó la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros a la espera de que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes, es decir, se espera que haya definiciones.

Esta situación representa para el instituto una complicación operativa y de planeación presupuestal, por lo que todavía no se instala la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, ni la mesa de coordinación con el Senado y con el Consejo de la Judicatura.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, declaró que el instituto respeta las atribuciones y competencia de los jueces porque ellos pueden emitir amparos, sin embargo, también dijo que en materia electoral no proceden los amparos.

La titular del INE dijo que el organismo electoral está frente a dos situaciones, la primera es que tiene que ser congruente con el mandato constitucional y la segunda es sobre las 140 notificaciones de amparo emitidas por jueces del Poder Judicial que ha recibido el instituto.

“A ambos dos se les debe respeto (…) yo espero que muy pronto tengamos definiciones”, expuso Taddei.

Sheinbaum dijo que el INE no tendría por qué detener el proceso de organización de la elección, ya que es una decisión del pueblo de México y, además, la reforma judicial es ya una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación.

“Los consejeros deben seguir lo que establece la Constitución, no hay ningún amparo”, dijo en la conferencia matutina del 17 de octubre.

Mientras el INE se encuentra inmovilizado en la organización de la elección, el Senado sorteó en una tómbola los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán el primer domingo de junio de 2025 y en la elección federal de 2027 y los partidos de oposición presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La tómbola arrojó que, de un total de 927 magistraturas de circuito, la mitad (464 plazas) se elegirán en junio de 2025 y el resto en 2027, mientras que, de un total de 772 jueces de distrito, 386 plazas participarán en la elección del próximo año y el resto se elegirá en 2027.

Sheinbaum, ¿en desacato legal?

La presidenta de México y la supermayoría de Morena en el Congreso han ignorado alrededor de 170 suspensiones que fueron promovidas ante jueces de distrito para frenar la reforma judicial que, en opinión general de la oposición, de empresas, bancos, de Estados Unidos y de calificadoras, vulnera la independencia judicial y genera incertidumbre jurídica.

Pero de todas esas resoluciones judiciales, probablemente la que dictó la jueza de distrito en Veracruz, Nancy Juárez, el 16 de octubre de 2024, es la que ha provocado la mayor reacción de Sheinbaum e incluso de dirigencia nacional de Morena encabezada por Luisa María Alcalde.

La jueza ordenó eliminar la publicación del decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF) en un término de 24 horas y apercibió a la presidenta y al director del DOF que, de no cumplir con el requerimiento de esta resolución, se dará vista al Ministerio Público al formularse un delito.

Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina del 18 de octubre que, jurídicamente no tiene sustento la orden de la jueza, por lo que no se eliminó del DOF el decreto de la reforma judicial. “La juez no tiene atribución, una juez no está por encima del pueblo de México”.

La mandataria advirtió que denunciaría a la jueza ante el Consejo de la Judicatura, quien este domingo 20 de octubre recibió el apoyo de trabajadores del Poder Judicial que marcharon en Ciudad de México para respaldar a la juzgadora.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) subrayó que el no acatamiento de los resolutivos judiciales se está convirtiendo en un ejercicio sistemático que implica “un grave riesgo” para la protección de los derechos de los gobernados.

“En cualquier país democrático las objeciones a las decisiones judiciales se controvierten agotando los medios de impugnación y no mediante amenazas de denuncias, situación que demuestra que en el Estado mexicano se ha roto el orden constitucional y el Estado de Derecho”, apuntó.

Max Kaiser, abogado por el ITAM, sostuvo en un comentario en Youtube que Sheinbaum está provocando una “crisis constitucional inédita. No solo provoca desacatos concretos en el caso de la reforma al Poder Judicial, sino que manda el mensaje a otras autoridades de que las resoluciones del Poder Judicial pueden no ser cumplidas”.

Fuente: Bloomberg

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Jueza responde a Sheinbaum: “Daré vista al Ministerio Público Federal”

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CDMX.-Momentos antes de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informara desde Palacio Nacional que no eliminaría la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) en torno a la reforma al Poder Judicial e incluso, que demandaría a la jueza que le dio un lapso de 24 horas para hacerlo, la impartidora de justicia lanzó una contundente respuesta a la mandataria recordándole que, en caso de desacato, acudirá ante el Ministerio Público Federal.

La jueza en cuestión es Nancy Juárez Salas, quien se sabe, está adscrita al Juzgado Décimo Noveno de Distrito del estado de Veracruz con residencia en Coatzacoalcos y quien fue la encargada de promover un amparo a modo de obligar a la titular del Poder Ejecutivo a eliminar la publicación, un acto que la misma Sheinbaum Pardo afirmó, no cuenta con sustento e incluso, el Gobierno de México no ha sido notificado pues si la medida se supo, fue gracias a los medios de comunicación.

“El día de ayer, no nos han notificado, es a través de los medios de comunicación … Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial y ahí dice que si no se hace eso se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo dentro de un juicio de amparo, son 9 años, o no sé cuántos años de cárcel… 3 a 9 años de prisión”, dijo la mandataria con un ton de ironía.

Bajo esa tónica, la presidenta adelantó que la juez Nancy Juárez Salas sería denunciada “ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad”, una postura que ya tuvo réplica.

¿Qué dijo la jueza a Sheinbaum?

A través de las redes sociales se ha difundido un video donde aparece la jueza asegurando que, la medida contra la presidenta responde a los recursos establecidos ante la Ley de Amparo y ella, como integrate del Poder Judicial de la Federación, tiene la obligación de hacerla cumplir.

“En este caso, la determinación de suspensión se debe cumplir dentro de un estado de derecho que es lo que exigimos, que no se vulnere en perjuicio, no solo de las quejosas, sino en perjuicio de la sociedad misma (…) la resolución que pronuncié requiere a las autoridades responsables, que son la presidenta y el Diario Oficial para que en 24 horas cumplan con la suspension definitiva que, si no cumplen dentro de este periodo, tendré que dar vista al Ministerio Público Federal”, dijo.
La jueza con residencia en Coatzacoalcos resaltó que esta determinación se valió con base a lo expuesto en el artículo 262 de la Ley de Amparo y en el artículo 107 Constitucional, por lo que dar vista al Ministerio Público se llevará a cabo “porque así se establece” en los artículos antes citados.

Cabe destacar que la jueza no dijo cuándo vence el lapso que se le puso a la presidenta pues simplemente destacó que esa medida ella la envió a la Ciudad de México; no obstante, sí respondió a la denuncia que la mandataria federal dijo, se pondrá ante el Consejo de la Judicatura.

“Me siento tranquila porque mi actuación fue dentro del marco legal. Ella (Claudia Sheinbaum) tiene todo el derecho de hacer todas las manifestaciones que considere, tiene dentro de sus manos el cumplir o no esta determinación y bueno, expeditos sus derechos para que promueva lo que crea oportuno”, respondió a la presidenta.
La mandataria federal, por su parte, no ha reaccionado a esta respuesta pero se espera que en los eventos que tiene programados para este fin de semana, de a conocer su reacción.

Fuente: Infobae

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