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Expanden búsqueda del prófugo Duarte

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CHIHUAHUA, 23 DE ENERO.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo ayer las investigaciones que lleva a cabo Chihuahua por el presunto desvío de 250 millones de pesos a campañas del PRI en 2016.
Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía, justificó la atracción al argumentar que los hechos investigados tienen “conexidad” con otros que ya se indagaban a nivel federal y con denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional y Morena ante el organismo.

“A partir de ahora la Fepade está en espera de que, en el marco de la ley, la Fiscalía de Chihuahua remita la investigación en curso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral”, planteó Díaz Santana.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar ante el anuncio, donde la mayoría ve esta acción de atracción como “amañada”, a fin de retrasar aún más las labores de investigación sobre este caso de corrupción de otro exgobernador de extracción priista.

CONGELA PRI EXPULSIÓN

A pesar de las 10 órdenes de aprehensión y tres solicitudes de extradición enviadas al Gobierno de Estados Unidos contra César Duarte, el PRI mantiene congelada la solicitud de expulsión contra el exgobernador de Chihuahua presentada desde hace 18 meses.

El nombre del prófugo exmandatario, quien estaría en territorio estadunidense, aparece en la lista de afiliación del PRI, registrado como militante del Distrito 9 y del municipio de Hidalgo de Parral, de donde es originario.

Desde 21 de julio del 2016, el tricolor tiene en sus manos una solicitud de cancelación de derechos del exgobernador, quien fue acusado de utilizar recursos públicos para la compra de un banco y, recientemente, de triangular fondos federales para financiar las campañas electorales del Revolucionario Institucional.

Hasta el momento las indagatorias de este caso han sido las únicas que han logrado vincular, de manera directa, los desvíos y casos de corrupción de exmandatarios priistas tanto con el Gobierno federal como con el tricolor.

Armando Barajas, el consejero político del PRI que pidió la expulsión de Duarte ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, incluyó en el expediente las 17 denuncias que entonces había interpuesto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades cometidas en su Administración.

Como pruebas, el consejero priista presentó el informe del órgano fiscalizador y las denuncias que fueron interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“Pareciera que en el caso de César Duarte hay preferencias. La Comisión de Justicia no está haciendo su trabajo, pero, como partido, no podemos caer en el cinismo”, sentenció ayer el priista.

Javier Lozano, vocero de la campaña del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, sostuvo que el escándalo del caso Chihuahua no ha provocado ninguna afectación en la imagen de exsecretario de Hacienda.

LISTA NEGRA

Ante los casos de corrupción en los que están vinculados varios exgobernadores que surgieron del PRI, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria ha tomado diversas decisiones.

En diciembre de 2016, el órgano interno expulsó de las filas del tricolor al exmandatario de Tamaulipas Tomás Yarrington, y suspendió los derechos como priista al exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge.

En octubre de ese año fue expulsado del partido el exmandatario de Veracruz Javier Duarte, acusado de lavado de dinero y desvíos de recursos del erario de su estado.

BUSCADO POR TODOS

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que se tienen datos específicos del paradero del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez en varias ciudades de Estados Unidos.

En entrevista televisiva, Navarrete Prida afirmó que en el caso del expolítico priista, la Procuraduría General de la República (PGR) ha informado que tiene ubicaciones del exfuncionario en algunas ciudades de la Unión Americana, por lo que la solicitud se dirige a esa nación, aunque no es la única, también hay a otras de Latinoamérica, el Caribe y Europa.

La Fiscalía General de Chihuahua presentó 10 causas penales por delitos de corrupción a efectos de solicitar la extradición del exgobernador.

El titular de Segob rechazó que la búsqueda contra el exgobernador tenga tintes electorales, “tiene motivos jurídico-constitucionales que no están sujetos a tiempos electorales”.

“Desde hace tiempo se trabaja en el expediente para estudiar las acusaciones de la Fiscalía estatal, homologar los delitos y hacer la solicitud formal para poder capturar a Duarte Jáquez y traerlo de regreso”, explicó.

El funcionario aseguró que las acciones legales contra el exmandatario de Chihuahua, Duarte Jáquez, están en curso, y el trámite de los recursos está en proceso, por lo que no existe un rompimiento con el Gobierno de esa entidad, encabezado por Javier Corral, y que hay la mejor disposición para solucionar los conflictos.

CUESTIONAN ATRACCIÓN

Gustavo Madero, coordinador ejecutivo de Gabinete del Gobierno de Chihuahua, calificó como una amenaza la atracción que hizo la Fepade de la indagatoria sobre los presuntos desvíos por 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016.

“Es una amenaza; va a haber un pleito, aquí no hay coincidencia. No va a haber complacencias para que cumplan ellos con su plan de atraer y perpetuar otro acto de impunidad”, señaló.

Dijo además que el Gobierno de Chihuahua no respaldó tal anuncio de la Fiscalía.

“No están dando evidencia de que lo quieren hacer para ir a las últimas consecuencias, sino para impedir que avance aquí en Chihua-hua y se llegue a profundidad lo que estamos haciendo”, manifestó Madero.

Recordó que existen dos esferas, la del fuero federal y la del común.

“Unos son los delitos de peculado agravado (…) y otros son los delitos electores”, dijo.

“Ellos pueden hacer lo que quieran allá con los delitos electorales, eso sí (…) Este tema de Alejandro Gutiérrez es un tema de peculado agravado, ese no entra en el caso de que lo pueda atraer la Fepade. “Ya está para que lo sentencien”, expresó.

Gutiérrez, exsecretario del PRI, está recluido en un penal de Chihuahua por el desvío de 250 millones de pesos, de los cuales 246, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, se enviaron a la Administración del exgobernador César Duarte y, a través de contratos con empresas fantasma, se entregaron al PRI.

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó que la Fepade busca obstaculizar la indagatoria sobre los desvíos al PRI.

“Lo que debería hacer la Fepade es abrir una carpeta de investigación sobre el delito electoral, y llegar ahí hasta las últimas consecuencias. ¿Con qué fundamento quieren atraer un proceso ya judicializado por el delito de peculado agravado?”, expresó el Mandatario estatal a través de Twitter.

Corral sostuvo que mediante la atracción por parte de Fepade, el Gobierno de Enrique Peña Nieto quiere mantener el pacto de impunidad y pisotear la ley.

Arriba a Delicias caravana

La Caravana por la Dignidad, en su tercer día, ha recorrido 456 kilómetros desde Ciudad Juárez hasta Delicias, a donde llegaron ayer al mediodía.

Es la cuarta ciudad que visitan los integrantes del movimiento que demandan la extradición del exgobernador priista César Duarte y la entrega de más de 700 millones de pesos que, de acuerdo con el mandatario Javier Corral, le retuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tras la investigación por corrupción que realiza a la anterior Administración.

La marcha fue encabezada por el coordinador ejecutivo de Gabinete del Gobierno del Estado, Gustavo Madero, quien fue acompañado por el coordinador de la caravana, Emilio Álvarez Icaza, dirigente de Iniciativa Ahora; el alcalde de Meoqui, Ismael Pérez Pavía, y el diputado local Jesús Villarreal, entre otros.

La Caravana pernoctará en el Polideportivo de Ciudad Delicias y de ahí continuará su marcha el martes hacia Camargo.

Se prevé que el contingente llegue a la Ciudad de México el próximo 4 de febrero.

Fuente Zócalo

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Sheinbaum sorprende, presenta a Lázaro Cárdenas Batel como el próximo jefe de Oficina de la Presidencia

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CDMX.- Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentó este jueves 11 de julio a Lázaro Cárdenas Batel como el próximo jefe de Oficina de la Presidencia.

En su casa de transición de Iztapalapa, Sheinbaum expresó que le tiene “toda la confianza” al exgobernador de Michoacán e hijo del excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció esta figura en 2020, tras la salida del empresario Alfonso Romo.

¿Quién es Lázaro Cárdenas Batel?

Cárdenas Batel estudió Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se desempeñó como gobernador de Michoacán de 2002 a 2008. De 2018 a 2023 fue coordinador de asesores dentro de la Oficina de la Presidencia de la República, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Es miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un asesor principal en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y se ha desempeñado como senador y diputado federal. También ha sido diputado federal y senador.

En 2023 Cárdenas Batel renunció a la Coordinación de Asesores de López Obrador para asumir el cargo como secretario permanente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además, es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, y nieto del general Lázaro Cárdenas.

“Será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de estado en la historia de México”, expresó al ser presentado.

“Me honra participar en el equipo de la doctora Sheinbaum, seguro que habrá de estar a la altura de la gran responsabilidad que le corresponde. No tengo duda que el próximo gobierno será congruente con la trayectoria de Claudia Sheinbaum y con las causas que ella ha impulsado y defendido a lo largo de su vida”, añadió.

Fuente: El Universal

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Comunidad Maya LograReconocimiento de TerritorioAncestral en México

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Ginebra — En una destacada presentación ante las Naciones Unidas, Quetzal Tzab González, por encomienda de su líder Miguel Ángel Pani Can, representante de 30 familias descendientes del pueblo Maya de Quintana Roo y Yucatán, ha anunciado un logro significativo en el reconocimiento y conservación de territorios ancestrales.

El proyecto Territorio Ancestral Indígena Tzucan Uxuxubi ha establecido 2 mil 115 hectáreas (1,000 ANP 1 y 1,115 como ADVC 2), sentando un precedente importante para el derecho indígena en México y potencialmente en otros países.

Quetzal Tzab González explicó el desafío inicial: las familias querían conservar sus territorios ancestrales, pero el estado no los reconocía como titulares de la propiedad. Sin reconocimiento oficial, no podían establecer un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, una medida permitida por la legislación mexicana para proteger terrenos de importancia ambiental y recibir subsidios.

Las familias mayas recurrieron a su derecho indígena y a la legislación nacional e internacional para reinterpretar el concepto de propiedad y lograr el reconocimiento de sus formas tradicionales de tenencia de la tierra. Gracias a la colaboración de la Secretaría de Medio Ambiente de México y el apoyo de un peritaje antropológico, topográfico y medioambiental, el gobierno adoptó esta interpretación innovadora.

Después de dos años y medio de arduo trabajo, el proyecto logró recuperar 2 mil 115 hectáreas. Este logro asegura los derechos de las familias a la personalidad jurídica, a la propiedad ancestral, a la protección del medio ambiente y al agua, consolidando su papel como guardianes de la naturaleza.

Quetzal Tzab González expresó su profundo agradecimiento por la voluntad política en México, destacando el papel de la Secretaría de Medio Ambiente, CONANP y otras instituciones, así como al asesor legal Raúl Eduardo Lugo Salgado, cuyo apoyo fue crucial para seleccionar y llevar a cabo esta alternativa exitosa.

Este avance no sólo representa una victoria para las familias mayas de Quintana Roo y
Yucatán, sino que también sirve como modelo replicable en otros países. El proyecto
demuestra la aplicación práctica de los artículos 1º, 26, 27 y 29 de la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos correlativos del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.


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