Cancún
Clausuran “beach club” de hotel Papaya Playa en Tulum

Carlos Águila Arreola / 5to. Poder
CANCÚN, 21 DE ENERO.- Una denuncia anónima provocó la clausura de las instalaciones y actividades en la zona de playa del hotel Papaya Playa Project por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), colocadas para un evento masivo en el municipio de Tulum, donde los inspectores fueron agredidos y empujados por personal del centro de hospedaje.
Ante la reacción se solicitó la intervención de la fuerza pública; horas después, el persona de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) regresó y constató la colocación de mantas de henequén que bloqueaban la vista de los sellos de sanción, lo que contraviene diversas legislaciones ambientales
El pasado sábado 13 de enero, inspectores de la Profepa llegaron a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del predio ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera costera Tulum-Punta Allen, sin número, en la colonia Ruinas Tulum, que colinda con el hotel Papaya.
En el lugar había estructuras instaladas para un concierto, por lo que se procedió a la visita de inspección; no obstante, el gerente y personal de vigilancia negaron el acceso por la puerta principal del centro de hospedaje.
Ante la negativa, los inspectores y seis elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Tulum, que coadyuvaban en la diligencia, se retiraron y solicitaron el acceso por el hotel Kore Tulum, ubicado a un costado del Papaya Playa Project.
Sin embargo, el personal de seguridad del Papaya Playa continuó con su negativa, por lo que se solicitó al responsable de seguridad que instruyera al personal para realizar su labor, pero los inspectores fueron agredidos y empujados.
Se informó al personal del hotel Papaya que la visita tenía por objeto constatar el cumplimiento a la legislación ambiental vigente en materia de impacto ambiental por las obras, instalaciones y actividades en la Zofemat, sobre duna costera.
Resistencia
Minutos después los inspectores procedieron a ejecutar la visita, detectando obras e instalaciones en cuatro estructuras principales (el escenario y tres tiendas) clavadas en suelo arenoso, una estructura de madera para el láser, un estante de madera, una hilera de banderas y postes incrustados en la arena.
También, y aparentemente, raíces secas entrelazadas, costales rellenos de arena, tambos de aluminio con arena y varillas de acero para anclar el escenario y las tiendas, todo sobre una superficie total de dos mil 429 metros cuadrados (2.4 hectáreas).
Asimismo había cables, postes de madera, escaleras, costales y diversas herramientas, que fueron utilizados para las obras, instalaciones y actividades inspeccionadas.
Durante la inspección no hubo personal que atendiera la diligencia ni la autorización en materia de impacto ambiental para las obras, instalaciones y actividades, por lo que se determinó imponer la clausura total temporal.
Por la tarde, los inspectores regresaron al sitio, y observaron que el área clausurada se encontraba “resguardada” o cubierta con una cortina (o tela de hilo de henequén), que tapaba los sellos de “clausurado”, y el personal de vigilancia dijo que fue colocada “para proteger la zona y evitar que los asistentes dañaran algún sello de clausura”.
Los inspectores solicitaron el retiro de la cortina o tela de hilo de henequén, porque al tapar los sellos de clausura se violentaba la medida porque los sellos deben de permanecer visibles; minutos después retiraron las mantas.
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), las violaciones serían sancionadas con multa de 100 (ocho mil 60 pesos) a 20 mil unidades (un millón 612 mil pesos) de medida y actualización (la UMA equivale a 80.60 pesos diarios), y la clausura total temporal.
Y conforme al artículo 418 del Código Penal Federal, las conductas podrían derivar en delito penal y se impondría de seis meses a nueve años de prisión, y de 100 (ocho mil 60 pesos) a tres mil UMA’s (241 mil 800 pesos) a quien desmonte o destruya vegetación natural y cambie el uso de suelo forestal, y por violentar diversos ordenamientos ambientales.

Cancún
Resalta alcaldesa transparencia y consenso para la aplicación de recursos públicos en Cancún a través de comité técnico

Cancún.- Durante la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, la Presidenta Municipal, Ana Patricia Peralta, enfatizó que la administración actual además de privilegiar el uso correcto y transparente de la aplicación de los Recursos Públicos que se generan por concepto del Derecho de Saneamiento Ambiental del Municipio de Benito Juárez, pondera que su destino sea para mejorar la calidad de vida de las familias, al emplearse en rubros prioritarios como seguridad pública e infraestructura y con la conformación del Comité Técnico, que estará integrado por cinco integrantes del cabildo y cinco ciudadanos.
“Lo que queremos con ese fideicomiso y con estas reglas de operación, es justamente transparentar esos montos; que su destino final y el etiquetado sea para invertir en la ciudad, en equipamiento, proyectos, en beneficios para todas y todos los cancunenses, ya que eso es lo que se genera del gran éxito que tiene nuestra ciudad”, expresó.

Luego que los regidores cancunenses avalaron por mayoría de votos las Reglas de Operación en ese rubro, la Primera Autoridad Municipal resaltó que los nuevos lineamientos piden la entrega periódica de informes de resultados, así como la valoración y posterior aprobación de los proyectos en los que se emplearán, lo cual recaerá en un comité técnico conformado por cinco integrantes ciudadanos y cinco integrantes del Ayuntamiento.
“Estamos cumpliendo hoy con nuestra palabra y dando toda esta apertura para que seamos pares. Además, éstas fueron las negociaciones que tuvimos con los diferentes grupos en el sector turístico para que se pudiera incrementar el porcentaje de este concepto”, dijo.
Detalló que el 30 por ciento será para playas y medio ambiente, en el cual podrán desarrollarse programas de forma enunciativa, más no limitativa, tales como: recuperación de playas, contención de sargazo, limpieza de playas, infraestructura turística, saneamiento del sistema lagunares, recolección y traslado y disposición de residuos sólidos.
El 16 por ciento se aplicará en programas enfocados en materia de Seguridad Pública, Protección civil y Bomberos en la parte de fortalecimiento del Cuerpo Heroico, Protección Civil, mejoramiento de las condiciones laborales, equipamiento, capacitación y prevención del delito; mientras que el 4 por ciento será para el Fideicomiso al Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, que es el apoyo adicional al retiro de los policías.

El restante, que es 50 por ciento, será para programas de obra pública, infraestructura urbana, señalética, semaforización, fomento al deporte, proyectos destinados al desarrollo integral de la familia, así como cualquier otra estrategia autorizada por el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y Pago de los Recursos Públicos que se generen por concepto de Derecho de Saneamiento Ambiental.
Como parte del mismo acuerdo, se designaron también los regidores que forman parte de dicho Comité Técnico, que serán: Miguel Ángel Zenteno Cortés; Karina Pamela Espinosa Pérez; Samuel Mollinedo Portilla y Lorena Martínez Bellos.
En otro tema, durante la misma sesión, se aceptó por unanimidad turnar a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Movilidad, así como Gobierno, Régimen Interior y Anticorrupción, para mayor análisis la propuesta del Reglamento de Imagen Urbana de la subdelegación de Puerto Juárez
Cancún
Denuncian habitantes de regiones en Cancún el alza ilegal a tarifa de mototaxis

Cancún (Francisco Javier Robles / 5to Poder).- Habitantes de fraccionamientos de las regiones 200 e inmediaciones del Arco Vial Norte de la ciudad se quejan por el arbitrario y sorpresivo incremento de precios que hicieron operadores de mototaxis, desde el pasado 16 de enero.
Aunque no hay autorización del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento Benito Juárez, las cooperativas de mototransporte subieron sustancialmente el precio de “las tiradas”, dejando la mínima en 25 pesos cuando hasta inicio de año era de 20 pesos.
De acuerdo con pancartas dentro de las unidades, los operadores argumentan que esto se debe al aumento de la gasolina, lo que está afectando su economía.
Las quejas de vecinos no se hicieron esperar en los fraccionamientos Nikté, La Joya, Paseos del Mar, Villas Otoch Paraíso, Prado Norte, Haciendas Real del Caribe, Cielo Nuevo, Villas Lakín, Rancho Viejo, Alfredo V. Bonfil, entre otros puntos, a donde la población no está dispuesta a pagar cinco pesos más en sus tarifas.
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