CANCÚN, 5 DE ENERO DE 2018.-En agosto pasado, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo reveló que existen 27 denuncias penales en contra de 84 colaboradores del exgobernador Roberto Borge, por un daño al erario por 11 mil 813 millones de pesos, aunque la cifra podría superar los 16 mil millones, tan solo en 2015 y 2016.

La red de corrupción montada por Borge, incluye a ex funcionarios y particulares. El desvío de recursos involucra prácticamente a todas las dependencias estatales y a diversos gobiernos municipales.

Incluso, otras entidades estarían involucradas en los desvíos de recursos de Borge. Tal es el caso de Tabasco, en donde Gerardo Gaudiano Rovirosa, ex alcalde de Centro y actual precandidato a la gubernatura en los próximos comicios, fue investigado por la SEIDO, por sus presuntos vínculos en el saqueo de Quintana Roo.

A continuación, una lista de involucrados y procesados por delitos de peculado y por el desempeño irregular de la función pública en la entidad gobernada por el expriista, quien ya fue extraditado a México para responder por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

– Ana Alicia Rivera Galera, exdirectora de Recursos Financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, está involucrada en el presunto desvío de mil 56 millones de pesos. Ha sido vinculada a proceso por el delito de peculado, registrado en la carpeta administrativa 308/2017.

– Paula González Cetina, exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado fue detenida a finales de noviembre en Chetumal, también acusada de peculado. Vinculada a proceso. El Juez solicitó prisión preventiva.

– Roosevelt Erce Barrón Barrera, extesorero y ex director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), fue detenido el 25 de noviembre cuando pretendía cruzar a los Estados Unidos, desde Tijuana. Ha sido vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. El juez determinó el embargo de tres propiedades ubicadas en los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel y en la carretera que comunica Tulum con Playa del Carmen. También le fueron embargados un Tsuru modelo 2009 y una camioneta Traverse 2017.

– Mauricio Rodríguez, ex secretario de Desarrollo Urbano y ex secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, fue detenido el 9 de noviembre y vinculado a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública. Fue sentenciado a una pena de 5 meses y 20 días y la reparación del daño por un monto de 39 millones 733 mil 176 pesos.

– Víctor Hugo Loyola Corona, ex procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas, fue detenido el 3 de septiembre en Mérida por el delito de desempeño irregular de la función pública, con base a las demandas interpuestas por la Auditoría Superior del Estado, por el presunto mal manejo de más de 11 mil 813 millones de pesos. Le decretaron prisión preventiva justificada. El imputado enfrenta proceso recluido en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, además del embargo de bienes. Lo anterior ha quedado asentado en la carpeta administrativa 151/2017.

– Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) es acusada de autorizar la enajenación de predios públicos a precios subvaluados, como parte del remate territorial estatal. Romanillos interpuso un amparo para evitar ser detenida y logró una suspensión provisional por parte de un juez de Distrito. Se ignora actualmente su paradero.

– Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, excoordinadora jurídica del IPAE, también tiene una orden de aprehensión se giró junto con Romanillos. La misma orden incluye a María de Lourdes Pinelo Nieto, ex secretaria de Roberto Borge; y a César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia y socio de la naviera Barcos Caribe, y de la inmobiliaria Caracol 65.

– Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de VIP SAESA, fue detenido el 4 de julio pasado por el delito de desempeño irregular de la función pública. Lo detuvieron en Chetumal. Al siguiente día, el juez otorgó prisión preventiva. El 11 de julio fue vinculado a proceso. Actualmente está preso en la cárcel de la capital del estado.

– Fabián Vallado, ex delegado de Sedesol, también está ligado al desfalco. Está acusado de peculado y enriquecimiento ilícito. Previamente había sido investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), luego de que surgieran audios en los que se evidenciaba su uso de programas sociales para fines electorales. Reportes de medios locales indican que, después de abandonar la Sedesol, Vallado Fernández se dedicó a velar por las empresas del exgobernador y fue parte del grupo que ha acudido a visitarlo, después de su captura en Panamá.

– Paulina García Achach, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), fue detenida el 8 de mayo de 2017 pero libró la prisión pagando una fianza. Es acusada del delito de desempeño irregular de la función pública. Con relación a la carpeta 88/2017, el Juez de Control decretó el embargo de bienes por un monto de 18 millones de pesos consistentes en seis propiedades en Cozumel y un automóvil de lujo.

– Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas, tiene varias denuncias penales y de juicio político en su contra, una de ellas es por enriquecimiento ilícito. Solicitó un amparo el pasado 10 de mayo para evitar ser detenido. El juez tercero de distrito en Quintana Roo le negó la suspensión definitiva por lo que dicha orden sigue vigente. Esta relacionado con el desvío de mil 464 millones de pesos.

– José Alberto Alonso Ovando, ex secretario de Educación y Cultura, tiene 11 propiedades distribuidas en Chetumal, Holbox, Cancún y Tulum, de acuerdo a datos del Registro Público de la Propiedad. El 3 de abril solicitó un amparo ante una orden de aprehensión librada por el juez primero de lo penal en Quintana Roo. Alonso habría desviado recursos por al menos 8 millones de pesos, en 2015, según la Auditoría Estatal.

– Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, ex secretario del Trabajo, tiene dos inmuebles a su nombre, uno en Cancún y otro en Isla Mujeres. Es acusado de orquestar juicios laborales ficticios para despojar a hoteleros de Tulum y departamentos de lujo en Cancún. Representantes legales y abogados de los consorcios desfalcados ha revelado que la dependencia a cargo de De la Peña, permitió una simulación de un juicio con trabajadores falsos, para hacerse de 4 departamentos, los cuales, tras un amparo, les fueron devueltos a sus propietarios, esto relacionado al caso de la Torre Maioris, en Cancún.

– José Gabriel Mendicuti Loria, constructor acusado de favorecer a sus empresas desde los cargos públicos que tuvo como alcalde de Playa del Carmen y secretario de Infraestructura en el sexenio de Félix González Canto. Con Roberto Borge fue secretario de Agricultura y de Gobierno. Según datos del Registro Público de la Propiedad tiene18 bienes en Playa del Carmen. Tiene una orden de aprehensión por su presunta participación en el desvío de 6 mil millones de pesos en simulaciones de renta de maquinaria y supuestos apoyos al campo.

– Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex secretario de Ecología y Medio Ambiente. En 2009 fue cesado, en un acto público, por el expresidente Felipe Calderón, de su cargo como delegado de la Semarnat en la entidad, por ser responsable de haber mandado a destruir un manglar. Fue nombrado por Borge, en 2013, titular de Ecología y Medio Ambiente. Es señalado por la prensa local por cometer fraudes, despojos y otros crímenes en la cuales se involucran a su esposa y otros integrantes de su familia.

– Saúl Badillo Perry, esposo de la secretaria de Salud de Carlos Joaquín, Alejandra Aguirre Crespo, es investigado por la Fiscalía General del Estado por su negligencia que diera paso a la pérdida de 65 mil vacunas cuando fungía como Director de Servicios de Salud hasta el 2011. Badillo Perry fue responsabilizado del incremento de casos de dengue en la entidad, esto ante la nula aplicación de las campañas de prevención, ya que los recursos destinados a estas acciones habrían sido desviados y utilizados para otros fines. Está relacionado con el grupo de diecisiete personas que conformaron el primer círculo de corrupción de Borge.

– Manuel de Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. En julio solicitó un amparo para evitar ser aprehendido. Se desconoce su paradero. Forma parte de la lista de personas señaladas como responsables del desvío de mil 562 millones de pesos de la CAPA, durante la administración de Borge.

– Eliezer Villanueva Lanz, ex subsecretario de Finanzas, considerado por la actual administración estatal como uno de los principales operadores financiero de Borge. Fuentes oficiales dicen que ya salió del país y se encuentra en Líbano. En marzo pasado se libró orden de aprehensión en su contra. Su relación con Borge se remonta al periodo 2006-2009, cuando el exgobernador ocupó el cargo de Oficial Mayor del gobierno estatal, mientras Villaneva era director general de Administración. Según el Registro Público de la Propiedad, cuenta con 4 propiedades en Chetumal y en Othón P. Blanco.

– Edgar Manuel Méndez Montoya, presunto prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo, y es la primera acción judicial en contra de un ciudadano relacionado con el ex mandatario sin que se haya desempeñado como servidor público. De acuerdo a la carpeta de investigación 351/2017, el delito que se le imputa está relacionado con la compra de seis predios por los cuales pagó 11 millones 534 mil 699 pesos, cuyo valor real es de 189 millones 778 mil 340 pesos y recibió del IPAE, que encabezaba Claudia Romanillos.

Otras personas y ex funcionarios vinculados a Borge son:
Marilyn Rodríguez Marrufo, hermana del ex secretario de Desarrollo Urbano, primer colaborador de Borge en ser aprehendido.
Gabriela Medrano Galindo, ex diputada por el Partido Verde Ecologista.
Mauricio Góngora, ex secretario de Finanzas y quien contendió por la gubernatura por el PRI-PVEM, el año pasado.
Mario Castro Basto y Fernando Escamilla, ex secretarios de Infraestructura y Transporte (Sintra).
Gonzalo Herrera, ex secretario de la Gestión Pública.
Fernando Escamilla además se le imputa, en una investigación paralela, la presunta simulación de renta de maquinaria para obra pública.