ESPAÑA, 16 DE ENERO DE 2018.- El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, advirtió ayer que el gobierno central mantendrá intervenida la autonomía de Cataluña si el independentista Carles Puigdemont intenta gobernar la región desde Bruselas.

En un evento en Madrid con miembros de su formación, el  Partido Popular (PP), Rajoy advirtió que el futuro presidente catalán “tiene que tomar posesión” del cargo y debe hacerlo “físicamente”.

“No se puede tomar posesión desde Bruselas y si lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor”, declaró el dirigente.

Lo anterior en relación con el artículo de la Constitución que permite al gobierno español, previa autorización del Senado, asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades de cualquier región cuando éstas incumplan las obligaciones que les imponen la Constitución u otras leyes.

Además, Rajoy calificó de “absurdo” que Puigdemont pretenda ser candidato a presidente de Cataluña estando en Bruselas “y fugado de la Justicia” y precisó que no es un problema de leyes, sino “de puro sentido común”.

En principio, esta excepcional intervención tenía que perdurar hasta la formación de un nuevo gobierno en Cataluña, después de que Rajoy destituyera ese mismo día al gabinete independentista de Puigdemont.

El exlíder catalán puede ser elegido otra vez como jefe del gobierno de la región porque la fuerzas independentistas sumaron mayoría absoluta en las elecciones del 21 de diciembre. Sin embargo, huyó a Bruselas tras ser destituido el 27 de octubre por Madrid y si regresa a España será detenido por presuntos delitos vinculados a su plan independentista.

Para evitar este riesgo, Juntos por Cataluña quiere que Puigdemont defienda su programa en una sesión de investidura por videoconferencia o mediante un discurso leído por otro diputado.

En total hay 17 diputados catalanes electos que están siendo investigados por delitos vinculados al plan independentista con el que Puigdemont abrió la crisis institucional más grave de las últimas décadas en España.

Particularmente difícil es la situación de ocho de ellos. Tres se encuentran en prisión provisional en Madrid, incluido el exvicejefe del gobierno Oriol Junqueras. Otros cuatro huyeron a Bruselas junto con Puigdemont y serían detenidos por los mismos cargos si regresan a España.

El Tribunal Supremo abrió la puerta a que los detenidos deleguen su voto en otros diputados, pero no está claro cómo harán los huidos para hacer valer su escaño. Lo más posible es que renuncien a su acta para que lo asuma otro diputado de la lista en su lugar, que pueda votar en la investidura, pero hasta ahora ninguno anunció ese paso.

La incógnita sobre el futuro de Puigdemont debe resolverse antes del 31 de enero, primera sesión de investidura, aunque la nueva legislatura comienza mañana.

Además, los independentistas también deben buscar la manera de asegurarse la mayoría absoluta en la Cámara con 70 escaños sobre 135.

Abogados rechazan la investidura a distancia

Los abogados del Parlamento de la región de Cataluña rechazan que el independentista Carles Puigdemont pueda ser investido como presidente a distancia, ya que en la actualidad está en Bruselas, donde elude la acción de la justicia española.

El debate parlamentario de investidura del jefe del gobierno autónomo debe ser con participación “directa y personal” del candidato, según un informe difundido ayer.

El Parlamento catalán resultante de las elecciones regionales del 21 de diciembre se abrirá mañana  y a finales de mes se producirá el debate para elegir un nuevo presidente.

Los comicios de diciembre fueron ganados por Ciudadanos, un partido defensor de la Constitución y la unidad de España, pero las tres fuerzas independentistas –Juntos por Cataluña (JxCat), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Candidatura de Unidad Popular (CUP)– suman 70 escaños, por encima de la mayoría absoluta, que está fijada en 68.

Entre los secesionistas, Puigdemont es el líder de la lista más votada, JxCat, y desea la reelección, pero está en Bélgica junto a cuatro de sus antiguos consejeros del gabinete regional.

Ciudadanos y los socialistas (PSC) pidieron a los letrados del Parlamento un informe en el que los abogados detallaran que el “respeto a las reglas básicas de los procedimientos parlamentarios” hace “imprescindible” la asistencia de los protagonistas en el debate.

Los asesores jurídicos de la Cámara catalana además subrayan que el debate debe ser “sin ningún medio interpuesto ni sustitución de la persona que ha de ser el principal protagonista”, de acuerdo con la ley.

Independentistas cobraron soborno

Un tribunal de Barcelona estimó que el partido de los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), recibió comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, en una sentencia anunciada ayer.

Asimismo, ordenó decomisar 6.6 millones de euros al partido nacionalista por el cobro de “comisiones ilegales” por parte de la constructora Ferrovial.

La Audiencia condenó a nueve años y ocho meses de cárcel al exresponsable del Palacio de la Música Fèlix Millet, y a cuatro años y cinco meses al extesorero de CDC Daniel Osàcar.

A la mano derecha de Millet, Jordi Montull le impuso 7 años y seis meses de cárcel por los mismos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

La sentencia del caso conocido como Palacio de la Música asegura que CDC, refundada en 2016 como Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), recibió al menos 6.6 millones de euros del grupo español de construcción y servicios Ferrovial “a cambio de que garantizara la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública”.

Las comisiones se pagaban a través del Palacio de la Música, una prestigiosa institución cultural de Barcelona, cuyos dirigentes fueron condenados en esta misma sentencia a prisión por un desfalco de 23 millones de euros entre 2000 y 2009.

En concreto, se afirma que el Palacio sirvió para “enmascarar” el pago de comisiones de hasta 4% de Ferrovial a CDC.

El escándalo, que estalló en 2009, alimentó las sospechas de corrupción sobre CDC, partido histórico del nacionalismo catalán que a partir de 2012 lideró el pulso independentista de esta región con el gobierno central español culminando con una fallida declaración de secesión en octubre pasado.