“México no cuenta con una política comprensiva que dé prioridad a la investigación financiera y la persecución del lavado de dinero como un delito de por sí”, sentencia el Informe de Evaluación Mutua sobre México.
El documento destaca que el lavado de dinero toma tres aspectos distintos en México: algunos lavan dinero procedente del crimen organizado, otros esconden operaciones de corrupción –el informe cita, por ejemplo, los desvíos multimillonarios realizados durante la administración del priista Javier Duarte en Veracruz–, y otros recurren a la evasión de impuestos, que el GAFI definió como “generalizada” en el país.
El informe subraya con alarma la falta de recursos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en los últimos tres años sólo auditó a 0.2% de las 64 mil empresas cuyas actividades representan un riesgo de lavado de dinero. “Generalmente y hasta la fecha, las sanciones no se aplican de manera efectiva, proporcionada y disuasiva”, añade.
Además, “se confiscan raras veces los productos e instrumentos del crimen”, entre ellos el efectivo “sospechoso” y no declarado, insiste el documento.
Y señala: “Con las altas tasas de migración regional, una importante economía informal (23.6% del PIB), una baja inclusión financiera, controles fronterizos débiles y un alto volumen de dólares, México enfrenta un reto significante para detectar el dinero criminal dentro de los flujos legales”.
Una de las principales fallas del sistema mexicano en materia de combate al lavado de dinero es la limitada identificación de los llamados “beneficiarios finales”, es decir, las personas que en realidad operan empresas y cuentas bancarias, y particularmente en los casos donde los beneficiarios finales son “personajes políticamente expuestos” (PEP).
Esta deficiencia permite a los delincuentes esconder su identidad detrás de empresas de papel y prestanombres, con los cuales invierten dinero de origen ilícito en el sector inmobiliario, restaurantes, tiendas y otros negocios, generalmente en México y en Estados Unidos.
Según el Gafi, las trabas para identificar de manera eficiente a los beneficiarios finales se encuentran en toda la cadena del sistema antilavado: los bancos y otras instituciones financieras, por ejemplo, suelen confiar ciegamente en las declaraciones de sus clientes, mientras que las empresas cuyas actividades son susceptibles de lavar dinero –los casinos, el sector inmobiliario o las tiendas de joyería, entre otras– no identifican a los beneficiarios finales de las operaciones.
Además, “las entidades (financieras) no están obligadas en determinar si el beneficiario final de un cliente es un PEP, ya sea nacional o extranjero”, indica el documento, al añadir poco después que ello “hace difícil para las instituciones financieras de identificar a los PEP que utilizan prestanombres y de monitorear sus actividades”.
Desde el lado administrativo, gran parte del trabajo de identificación de los beneficiarios finales recae en los notarios públicos, los cuales tienen un “débil” grado de cumplimiento con esta tarea, según el Gafi. Aunado a ello, la ley mexicana no obliga las empresas a notificar un notario cuando ocurre un cambio de accionista –siempre y cuando el capital y los estatutos de la sociedad permanecen inalterables.
Las instituciones financieras y las empresas dedicadas a actividades “riesgosas” en materia de lavado de dinero no dimensionan la “amenaza” de la corrupción, y tienen una “comprensión limitada” de los métodos más complejos empleados por los lavadores, como el “mal uso de las personas morales”.
En un comunicado conjunto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) se felicitaron de sus respectivos éxitos en materia de lavado de dinero, citando las partes positivas del informe. Sin embargo, en un discreto párrafo reconocieron que “existen áreas de oportunidad”.
Explicaron: “Es clave priorizar las investigaciones en la materia, el decomiso de bienes ilícitos, así como la distribución de recursos y atención para la supervisión de actividades vulnerables no financieras; que se debe contar con una mayor capacitación para las autoridades relevantes e intensificar la identificación y acceso a información de los beneficiarios finales de activos y empresas”.
El informe del Gafi señala el “bajo grado de eficiencia” de la PGR en materia de investigación y persecución del lavado de dinero, lo cual explica el “extremadamente bajo” número de condenas por el delito. El organismo lamenta, por ejemplo, que la dependencia “no investigue ni persiga el lavado de dinero de manera proactiva y sistemática, sino en una base reactiva, de caso por caso”.
Y abunda que, en la PGR, “no existen procedimientos estandarizados de operación que definen cuándo una investigación por lavado de dinero debe lanzarse, lo cual provoca que muy pocas veces las unidades (especializadas en delitos financieros) abren una investigación paralela (…) a una investigación sobre los delitos predicados como narcotráfico, corrupción o crimen organizado”.
No sólo esto: también subraya que “el nivel de corrupción que afecta las agencias de seguridad, en particular a nivel estatal, reduce sus capacidades de investigar y perseguir delitos graves”.
En su informe, el Gafi reconoce que México mejoró en la parte legislativa y jurídica, así como en la “comprensión” del lavado de dinero, sin embargo, subrayó que mucho queda por hacer en la parte de la investigación y la persecución de los delitos.
Fuente Proceso
