Nacional
ESPOSA DEL EXGOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA DEVOLVERÍA 6.8 MDP AL ESTADO PARA EVITAR LA CÁRCEL
Baja California.- Brenda Ruacho de Vega, ex funcionaria pública en el DIF de Baja California, es perseguida por el presunto desvío de recursos que supuestamente sería destinado al CRIT de Tijuana, pero al parecer, habría llegado a un trato.
De acuerdo con Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno, la también esposa de Francisco “Kiko” Vega, exgobernador de Baja California, devolverá al gobierno 6.8 millones de pesos presuntamente “robados”.
Informó, además, que esto es parte de un acuerdo reparatorio solicitado por Ruacho al Ministerio Público; el dinero, dijo, “se lo robó antes de finalizar la administración de su esposo”.
Agregó que dicho acuerdo es para que no pise la cárcel la exdirectora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o tampoco el director general Alberto Vargas Beltrán ni María del Rosario Beltrán, funcionaria del DIF.
Por último, aseguró que fue instruido por Jaime Bonilla Valdez para que dicho acuerdo sea aceptado. Por su parte, Brenda Ruacho será citada ante el Ministerio Público para que pague el acuerdo.
Brenda Ruacho de Vega se le acusa por el posible desvío de recursos del Patronato del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, los cuales fueron obtenidos mediante donaciones.

La denuncia se presentó en marzo de 2020 a través de Amador Rodríguez Lazano, quien aseguró que, a través de la asociación civil Cree en Tus Sueños, Raucho obtuvo donaciones por siete millones de pesos, los cuales depositó en un fideicomiso a nombre de la familia Vega.
Además, informó que este dinero sería destinado a la construcción de unas villas para el centro CRIT-Tijuana, lugar donde se hospedarían los familiares de los pacientes.
Sin embargo, el dinero nunca fue entregado a la dependencia, pero la retención del dinero se reveló cuando Brenda Ruacho informó que parte del dinero estaba en un fideicomiso y le pertenecía.
Esta no es la primera ve que Ruacho de Vega intentó este recurso, pues en febrero de 2021 ya se había puesto la opción sobre la mesa, de acuerdo con el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Además, informó que la investigación continúa su rumbo y va viento en popa, pues “se le han encontrado cosas muy importantes” al exgobernador del Baja California.
En noviembre 2019, el actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez, presentó una denuncia contra “Kiko” y varios colaboradores por su presunta responsabilidad en un posible daño al erario de más de 1,200 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente 0202-2019-42685 que integra la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la denuncia interpuesta es por la comisión de 10 delitos, entre los cuales se encuentran abuso de autoridad, cohecho, peculado y hasta falsificación de documentos.
Otra denuncia la presentó la Auditoría Estatal en mayo de 2019 ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General, esta vez por 1,586 millones de pesos que presuntamente se habían utilizado para el pago de diversas asesorías que nunca se impartieron.
Fue el 8 de mayo de 2020 cuando elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California catearon una de las casas de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, exgobernador de la entidad (2013-2019), luego de varias denuncias penales por presuntos malos manejos de los recursos de la entidad.
Los agentes llegaron a la residencia ubicada en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, en Tijuana, pero al interior de la vivienda solo se encontraban tres empleados del exgobernador panista.
Fuente: Infobae
Nacional
TREN MAYA RECIBE AUTORIZACIÓN FEDERAL PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLES DURANTE 15 AÑOS
El Gobierno de México otorgó a la empresa Tren Maya S.A. de C.V. permisos federales para operar, durante los próximos 15 años, el transporte de combustibles a través de la red ferroviaria del sureste, consolidando así una nueva etapa en la estrategia logística y de seguridad energética nacional. La autorización permitirá el traslado de diésel, gasolinas y otros productos derivados del petróleo, bajo estrictos lineamientos de seguridad, supervisión ambiental y control operativo.
De acuerdo con la resolución emitida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), el permiso faculta al Tren Maya a ampliar su esquema de servicios más allá del transporte de pasajeros y carga general, integrando ahora el movimiento de energéticos en rutas estratégicas que conectan puertos, terminales y centros de distribución. Esta medida busca fortalecer la infraestructura logística del país, reducir costos de traslado y mejorar la eficiencia en el abastecimiento regional.
El proyecto contempla el uso de trenes especializados, equipados con sistemas de contención y monitoreo permanente, así como protocolos de emergencia coordinados con autoridades federales y estatales. La operación deberá cumplir con normas estrictas en materia de protección civil, impacto ambiental y manejo de sustancias peligrosas, lo que incluye auditorías periódicas y reportes obligatorios.
Con esta autorización, el Tren Maya se posiciona como un actor clave en el sistema ferroviario nacional, ampliando su capacidad para atender sectores estratégicos como el energético, industrial y portuario. La medida también refuerza la visión gubernamental de aprovechar la infraestructura ferroviaria para impulsar el desarrollo económico del sureste, mejorar la competitividad y garantizar un suministro más seguro y eficiente.
La autorización entra en vigor de manera inmediata y tendrá vigencia hasta 2041, con posibilidad de renovación conforme al desempeño y cumplimiento regulatorio.
Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias
Nacional
SOLIDARIDAD CON LOS COLEGAS DEL CLUB DE PERIODISTAS DE GUERRERO ANTE ALLANAMIENTO ILEGAL Y AMENAZAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, manifestamos nuestra más enérgica condena, indignación y profunda preocupación ante el cobarde acto de hostigamiento, allanamiento ilegal y amenaza armada perpetrado por elementos de la Policía Estatal de Guerrero en contra de las instalaciones y personal del Club de Periodistas de Guerrero, A.C., el pasado martes 12 de mayo del año en curso.
De acuerdo con los hechos denunciados públicamente y la queja formal interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el presidente del Club, nuestro compañero Miguel Ángel Mata Mata, un grupo de policías estatales encapuchados y portando armas largas irrumpió sin orden judicial en la sede de la organización en Acapulco. Bajo el falso argumento de una “denuncia anónima”, encañonaron al personal, retuvieron de forma ilegal sus identificaciones y vertieron amenazas explícitas de criminalización en su contra.
Este gravísimo atropello no es un hecho aislado, sino un atentado directo a la libertad de prensa, al derecho a la información y a la seguridad jurídica en un estado que, históricamente, se mantiene como uno de los territorios más peligrosos y hostiles para ejercer el periodismo en México.
Resulta inadmisible y altamente sospechoso que este despliegue de intimidación y fuerza policial ocurra en vísperas del inicio de una jornada político-electoral, y precisamente en un espacio que sirve como punto de encuentro semanal para el debate de ideas, conferencias de prensa y desahogo de la vida política y social de la región. No descartamos que este acto busque silenciar las voces críticas o inhibir la cobertura periodística en la entidad.
Por lo anterior, la FAPERMEX y el CONALIPE manifestamos y exigimos:
- SOLIDARIDAD TOTAL: Expresamos nuestro respaldo absoluto y fraterno al Club de Periodistas de Guerrero, A.C., a su presidente Miguel Ángel Mata Mata, y a los comunicadores afectados (Carlos Ortiz Moreno, Laura Sánchez Granados, Ignacio Hernández Meneses, Francisco Cárdenas López, Urbano Valencia, entre otros), reconociendo su valentía al no callar ante el abuso de poder.
- EXIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES: Respaldamos la queja formal interpuesta ante la CNDH y urgimos a su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, así como a la delegación regional a cargo de Micaela Cabañas Ayala, para que se activen de manera inmediata y prioritaria las medidas cautelares de protección a través del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos
- EXPLICACIÓN Y JUSTICIA: Exigimos de manera directa a la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, una explicación pública e inmediata sobre este actuar policial. Asimismo, demandamos al Fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, una investigación a fondo que identifique, sancione y destituya y consigne a los mandos policiales (incluido el comandante identificado como Anselmo González) y a los autores intelectuales que ordenaron este atropello.
- GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO: El Estado mexicano debe entender que la seguridad de los periodistas es una obligación constitucional, no una concesión. Hacemos responsables directamente a las autoridades estatales de Guerrero por cualquier agresión, atentado o represalia posterior en contra de la integridad física de los integrantes de este Club.
El periodismo libre es el pilar de cualquier sociedad democrática. No podemos permitir que quienes tienen la obligación constitucional de proteger a la ciudadanía sean quienes amendrentan apuntando con armas largas a las organizaciones de comunicadores pacíficos.
¡Basta de impunidad! ¡Ni uno más! ¡La verdad no se mata plantando el terror!
Ciudad de México y Oaxaca; 17 de mayo de 2026.
UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.
Por FAPERMEX:
Luis Javier Hernández Córdova, presidente del Consejo Directivo
Lic. Teodoro Rentería Arróyave.
Presidente de CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.
Presidentes Honorarios Vitalicios:
Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Ríos.
Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.
Profesor y Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de CONALIPE.
Mtra. Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.
Mtra. María Consuelo Eguía Tonella; secretaria General de CONALIPE.
Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX.
Lic. Fernando Irala Burgos, secretario de Finanzas de CONALIPE.
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