CDMX.- El conflicto agrario en San Miguel Xaltocan por 128 hectáreas de los terrenos donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles está en riesgo de convertirse en un problema de seguridad nacional, por lo que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la que negocie con los comuneros que desde hace 100 días mantienen un plantón en los terrenos federales.

De acuerdo con José Luis González Martínez, representante de los inconformes, ya ha habido peleas y conflictos, debido a que se está recortando la extensión de los predios que presuntamente se repartirán entre los comuneros como compensación por las tierras para edificar la terminal aérea.

Para González Martínez, el conflicto corre el riesgo de escalar y generar violencia social “y esto tiene que ver con la seguridad nacional, por tratarse de que un aeropuerto está en el centro del debate”.

“Le hemos recalcado al gobierno que, como campamento, queremos arreglar el problema, porque no solamente significa un problema de tierra, sino de seguridad;  esto se está volviendo una anarquía”, dijo.

El líder comunero indicó a Excélsior que, ante ello, y por la falta de resultados de tres encuentros con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), están a la espera de reunirse esta semana con Omar de Lassé Cañas, director general de Coordinación Interinstitucional de la Segob.

Segob negociará con comunerosinvasores

La invasión de las 128 hectáreas donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en la comunidad indígena de San Miguel Xaltocan, pasó de conflicto agrario a uno de seguridad nacional. Por lo que la Secretaría de Gobernación (Segob) se hará cargo de las negociaciones con los comuneros.

José Luis González Martínez, representante de los comuneros que cumplieron 100 días de plantón dentro del área donde se construye la zona de amortiguamiento de la terminal aérea, informó a Excélsior que están en espera de reunirse esta semana con Omar de Lassé Cañas, director general de Coordinación Interinstitucional de la Segob.

“Por la falta de claridad en el proceso ya ha habido peleas y conflictos, incluso entre las familias, porque se están recortando la extensión de los predios que se supone se van a repartir; creemos que si no hay una acción contundente para arreglar este conflicto esto va a escalar, va a llegar a un nivel de violencia social dentro del pueblo, y esto tiene que ver con la seguridad nacional, por tratarse de que un aeropuerto está en el centro del debate”, dijo el líder comunero.

“Nosotros, como campamento, queremos evitar esto; le hemos recalcado al gobierno que, como campamento, queremos arreglar el problema, porque no solamente significa un problema de tierra, sino de seguridad, esto se está volviendo una anarquía. Creemos que Gobernación debió de tomar la negociación desde hace tiempo; pero no es tarde aún para detener todo este tipo de violencia”, sostuvo.

Durante estos 100 días de plantón —que inició el 17 de junio— de un grupo de comuneros dentro de las 128 hectáreas que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)  declaró terrenos nacionales en abril del año pasado para entregárselas a la Sedena para la construcción del aeropuerto, los lugareños se han reunido en tres ocasiones con funcionarios de la Sedatu, sin llegar a un acuerdo.

Los subsecretarios de la Sedatu Daniel Fajardo y David Cervantes les han explicado a los comuneros que sería ilegal pagarle a un grupo de entre 150 y 170 comuneros algún importe por las 128 hectáreas, porque sería ilegal, en función que esa extensión de tierra es terreno nacional, sin menoscabo de que están en litigio por la Inmobiliaria Zumpango y Raúl Romero Zenizo, que los reclaman como su propiedad.

Para este caso, en la minuta que desarrollaron los funcionarios de la Sedatu y los comuneros, se explora la posibilidad de que en lugar de pago por las 128 hectáreas se entregue alguna cantidad de dinero, aún en negociación, pero sea en forma de indemnización por la afectación del aeropuerto a la población.

Los comuneros, encabezados por González Martínez también se quejan que ninguna de las obras de infraestructura para Xaltocan, comprometidas desde el 10 de marzo de 2019, fecha de la consulta indígena para la construcción del aeropuerto, se han hecho.

El representante de los comuneros en plantón, mencionó que las reuniones de trabajo con los funcionarios de la Sedatu se prolongaron por horas y horas de diálogo, pero sin ninguna minuta de acuerdo para la comunidad, nada. “Más en el pago de las 128 hectáreas ese tema se ha prolongado y, al final de cuentas, hasta que no veamos nosotros como pobladores un beneficio real, pues no firmaremos ninguna minuta”, dijo González Martínez.

Mencionó que, después de las tres juntas con Cervantes y Fajardo, “surgieron algunas cuestiones de trabar la negociación, por tal motivo, Sedatu, junto con la Secretaría de Gobernación, vinieron a San Miguel Xaltocan e hicieron una reunión en la Casa de Cultura, informaron que la negociación la toma la Secretaría de Gobernación, que estuvo presente en las mesas, pero como tercero, a la cabeza siempre había estado Sedatu; la semana pasada se tomó la decisión por parte de Segob de tener la negociación directa y estamos en espera que se concrete para esta semana una reunión que será en la Secretaría de Gobernación, en Bucareli y ahí se va continuar con la negociación”, dijo José Luis González.

Dijo el comunero que hay una minuta previa que aún no se acepta, que hay un estira y afloja en cuanto a los acuerdos. En esta minuta está el pago de las 128 hectáreas a unos 150 o 170 comuneros; el pago proporcional de las tierras del valor las tierras entre esos años. “A partir de que se firme esa minuta, iniciar con proyectos que se van iniciar a través de las mesas de seguimiento que se han hecho cada dos meses, ingresar proyectos y aprobarlos y que manden el presupuesto para las obras”, dijo González Martínez.

Mencionó que la Sedatu también se ha comprometido a que se haga una asamblea de comuneros para definir quién es el representante de la totalidad de los comuneros de Xaltocan, que según el censo son 722, pero que están divididos en el grupo de Juan Paredes y el de José Luis González.

El representante de los comuneros del plantón dijo que él y sus representados ven como positivo que la Segob sea su interlocutor. “Esto se debió hacer desde el principio, esta interlocución puede destrabar el conflicto más rápido. Esto de las tierras estaba sobrepasando los niveles de dependencias, se está volviendo un foco de posible violencia social”, dijo.