CANCÚN, 5 DE ABRIL.- Investigadores, activistas y ejidatarios participantes en el “DebaTren”, foro de discusión regional que arrancó este jueves en Bacalar, en la zona sur de Quintana Roo, advirtieron que el megaproyecto Tren Maya constituirá un nuevo problema socioambiental para el sureste mexicano, al tratar de imponerse y no cuestionarse. Los participantes coincidieron en que el principal error del gobierno federal ha sido partir de un modelo diseñado desde fuera y no construirlo a partir de la visión de las comunidades que impactará en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Como integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de Holpechen, Campeche, Leydy Pech, cuestionó el por qué se le bautizó “Tren Maya” si “los mayas somos los que menos sabemos de qué se trata”. La activista criticó que, antes de preguntar a las comunidades y pueblos originarios, cuáles son las prioridades y necesidades, se pretenda imponer una obra de ese tipo que, aseguró, “se suma a los megaproyectos de muerte” que se han desarrollado en la Península de Yucatán. María Teresa Munguía Gil, de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), consideró que el megaproyecto nace desde una perspectiva “colonialista”, como ha sucedido con todos los proyectos desarrollados en los últimos 40 años. Cuauhtémoc León , director del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental (Cegam), consideró que el Tren Maya “es un salto al pasado”, específicamente a los años 70, cuando el Centro Integralmente Planeado (CIP) Cancún, puso en boga la idea de construir nuevos centros urbanos en selvas vírgenes. Ocurre que este megaproyecto no es sólo una obra ferroviaria, sino que trae aparejado consigo, la detonación de nuevos centros de población, para lo cual se está pidiendo a los ejidos que aporten sus tierras –como socios- al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), bajo un instrumento relativamente nuevo llamado Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA), “muy sofisticado”, que no se tiene claro, coincidieron Sergio Prieto, del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) en Campeche y el activista Raúl Benet. Como ejemplo, Luis Chimal, comisariado ejidal de Bacalar, el pequeño poblado turístico famoso por la belleza de su Laguna de los Siete Colores, confirmó que un representante del Fonatur –cuyo nombre omitió— le solicitó ceder cinco mil hectáreas de tierra ejidal, para la construcción de una nueva ciudad, a lo que él respondió que primero deben conocer a detalle el proyecto y tener la certeza de que en realidad será benéfico para la comunidad. “Si nos conviene, tal vez, si no, lo siento mucho”, expresó, frente a las y los asistentes al DebaTren, evento impulsado por la Unión de Organizaciones de la Sociedad Civil de Bacalar, el Galeón Pirata Centro Cultural Independiente y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), dentro del 5o Festival de Arte Independiente de esta demarcación, que concluye el próximo domingo. La iniciativa busca generar una discusión, a partir de la exposición de académicos, ejidatarios y activistas, sobre los impactos económicos, ambientales, sociales y culturales que tendrá el proyecto; como insumo será elaborado un Manifiesto Regional, fijando la postura sobre la millonaria obra, explicó el director general del CCMSS, Sergio Madrid. Entre los expositores, el director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, (Cemda), Gustavo Alanís, se refirió a la importancia de respetar las etapas a que obliga el marco legal ambiental mexicano e internacional, para no repetir lo sucedido con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Recordó que ahí, se desmontaron 220 hectáreas de vegetación -80 de ellas, de manglar- sin autorización de impacto ambiental y de cambio de uso del suelo. En ese tenor, advirtió que si el gobierno mexicano no sigue el debido proceso, se arriesga a la judicialización del proyecto y a que cualquiera que promueva alguno de los recursos jurídicos que marca la ley, detenga la obra. Francisco Remolina, exfuncionario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), expresó que hay una “absoluta desconfianza” sobre el respeto al marco legal” y adelantó que muy probablemente los Ordenamientos Ecológicos locales y los Programas de Desarrollo Urbano, serán modificados para quitarle trabas legales al Tren. La investigadora de la Universidad de Quintana Roo, Bonnie Campos, indicó que no existe un proyecto ejecutivo que permita analizar “a qué nos estamos enfrentando”; sin embargo, destacó que por lo hasta ahora informado oficialmente, se advierte que es “el mismo modelo de desarrollo expansivo” aplicado en el país, que excluye a la ciudadanía y a las comunidades indígenas de la toma real de decisiones. Raúl Benet añadió que la narrativa oficial se centra en que “no hay otra manera de sacar a la gente de la pobreza, que no sea bajo este modelo de desarrollo” y resaltó que hay una línea claramente identificada para descalificar a las voces críticas, ubicándoles como “enemigos”, “conservadores” o “fifís”. “No es cierto que este modelo neoliberal haya resuelto la pobreza y la desigualdad; por el contrario, ha provocado mucho malestar social. Con este proyecto se está generando otro conflicto social, porque no hay ningún elemento que lo haga distinto a otros proyectos neoliberales en los últimos 40 años”, dijo. Al respecto, Bonnie Campos respaldó: “Estamos en un riesgo socioambiental muy fuerte, manifestó, para luego mencionar que el proyecto, en realidad, es de corte inmobiliario y que es altamente fragmentado”, pues posee un componente turístico y de carga.