Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el Estado mexicano ha comenzado a presentar pruebas en contra de las tiendas de armas estadunidenses por decisión de la Corte Federal con sede en Tucson, Arizona, y lo consideró un gran logro.

“Es un gran logro, el alcance es que podamos pegar de manera directa al argumento de inmunidad a las armadoras y tiendas que ha tenido que ver con la ley estadunidense del control de armas. Estos litigios muy estratégicos de México han roto el argumento de la inmunidad, la corte en Arizona ya nos permitió avanzar”, dijo.

México presentó dos demandas civiles en Estados Unidos al respecto del tráfico de armas: una en 2021 en Boston, Massachusetts en contra de empresas manufactureras, y otra en 2022, en Tucson Arizona contra tiendas de armas.

El consejero jurídico señaló que buscan lograr el mismo avance en la Corte de Boston porque la finalidad de las demandas es “combatir las prácticas negligentes en las que incurren al vender las armas sin los controles estrictos y necesarios y evitar que las armerías lleven a cabo la venta de estas armas en México de manera ilegal”.

Asimismo, consideró que las declaraciones que Donald Trump haga sobre el caso no afectarán la decisión de la Suprema Corte porque, a pesar de que se trate de un tema de seguridad que atañe a ambos países, una demanda un proceso jurídico y legal al que solo le da seguimiento la Suprema Corte.

Al respecto de la audiencia que se llevará a cabo el martes 4 de marzo, señaló que viajó a Washington D.C. para supervisar su preparación y tuvo una reunión con el presidente de Global Action Against Gun Violence, Jonathan Lowy, así como con el abogado Steve Shadow, representantes legales de México en las dos demandas.

“En la audiencia se van a revisar los argumentos que han utilizado las empresas manufactureras y los que presentamos nosotros, para ver si son admisibles. Pero creemos que los argumentos son muy sólidos. La misma Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos también publicó un informe señalando que el 74 por ciento de flujo de armas ilegales de Estados Unidos llegan aquí a México”, agregó.
Añadió que la petición del Estado mexicano es que la Corte calcule la indemnización que le corresponde a México así como que se fortalezca el control de venta de armas.

“Estimamos que la resolución de la Suprema Corte saldrá hasta mediados del año, calculamos alrededor de junio. Y lo que queremos es que se detenga el tráfico de armas a México”, dijo.

Fuente:Milenio