Autoridades federales han confirmado la confiscación de cuentas bancarias pertenecientes a Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena y ex presidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California. La medida se deriva de una investigación por presunto desvío de recursos públicos durante su gestión al frente del ayuntamiento.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros irregulares en diversas cuentas vinculadas a la exfuncionaria, lo que motivó la intervención judicial para congelar activos mientras se esclarecen los hechos. Aunque no se ha revelado el monto total bloqueado, fuentes cercanas al caso señalan que podría tratarse de cifras millonarias.

Brown Figueredo, quien ha sido figura política relevante en la región, enfrenta señalamientos por enriquecimiento ilícito y uso indebido de funciones. Hasta el momento, no ha emitido declaración pública sobre la confiscación ni sobre el proceso legal en curso.

Este caso se suma a una serie de acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir la corrupción en los municipios del país. La Fiscalía General de la República y la UIF continúan recabando pruebas para determinar responsabilidades y garantizar la transparencia en el ejercicio público.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de septiembre de 2025 — En un esfuerzo por enfrentar el grave problema del desperdicio de alimentos en México, el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI) presentó una iniciativa para reformar cinco artículos clave de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. La propuesta busca establecer incentivos fiscales, campañas de concientización y convenios con bancos de alimentos para garantizar el acceso a una nutrición adecuada, especialmente entre los sectores más vulnerables.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, plantea que los tres niveles de gobierno colaboren activamente con bancos de alimentos locales. Además, se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue beneficios fiscales a empresas que donen alimentos en condiciones óptimas, y que los establecimientos comerciales eviten desechar productos aptos para el consumo humano.

Alonso Reyes subrayó que México pierde cerca de 30 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale al 2.5% del PIB. Esta pérdida, dijo, refleja no solo una falla estructural en la cadena de producción y distribución, sino también una profunda desigualdad social.

“La creación de un marco legal sólido permitirá proteger el derecho a la alimentación y fomentar un entorno más justo y solidario”, afirmó el legislador.

Fuente: 5to Poder Agencia de Noticias