CANCÚN, 16 DE JULIO.- Advierten de consecuencias en la península de Yucatán debido al uso de agrotóxicos y cultivos transgénicos.

De acuerdo a María Colín Olmos, asesora legal de la organización internacional ambientalista Greenpeace México, indicó que dichas medidas además de violar los derechos de comunidades, el ambiente está siendo contaminado dejando sin garantías la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal, vegetal y acuícola.

Y es que la activista señaló que en el país las medidas de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM) han fallado o resultan ineficaces.

Hace días, tras la presentación del libro Envenenados, del escritor Patricio Eleisegui, que aborda el tema de Argentina, donde van dos décadas de la implementación de cultivos transgénicos y la aplicación de plaguicidas.

“Se ha consolidado como el ejemplo dramático de lo que genera una agricultura industrial y el crecimiento de la frontera agrícola entre ecosistemas y la salud humana. Las sustancias tóxicas han sido encontradas en alimentos, agua, aire, suelo e incluso habitantes de las grandes ciudades que tienen un grado irreversible de contaminación”, señaló el escritor.

Al respecto, la especialista precisó que es importante ahondar en las características de la práctica agrícola en Argentina, pues “arroja una clave para desarrollar estrategias que nos permitan anticipar el movimiento predatorio de las multinacionales, salvaguardar el requerimiento alimenticio, así como garantizar la seguridad sanitaria en la región”.

María Colín añadió que los casos dramáticos del impacto a la salud y medio ambiente que causan los plaguicidas químicos dan cuenta de lo equivocado que es seguir apostando a políticas de apoyo a monocultivos dependientes de agroquímicos y transgénicos bajo control de transnacionales.

“Es una mentalidad neoliberal tecnocrática en las políticas aplicadas en México, que debe cambiar en el próximo gobierno electo. Lo que se necesita es un cambio de visión y políticas que no sacrifiquen los derechos de comunidades campesinas vulneradas, insectos polinizadores y ecosistemas sensibles.

“Por el contrario, hay que crear las condiciones para sacar del mercado los plaguicidas altamente peligrosos, especialmente los prohibidos en otros países, a la vez que promueva alternativas agroecológicas en un diálogo de saberes con las organizaciones de productores, academia y organizaciones no gubernamentales.”

Colín Olmos puso en contexto lo que sucede en la región maya de la península de Yucatán: “Es un caso que ya presenta consecuencias palpables por la implementación del modelo de agricultura industrial, basado en transgénicos y cócteles de plaguicidas.

“Eso contamina el agua, el suelo y ya afecta la salud de poblaciones humanas y la flora y fauna de la región, aunado a deficiencias del sistema de bioseguridad y una pésima gestión y manejo de agrotóxicos. Se debe transitar ya a un modelo de agricultura ecológica.

“Lo que vemos son nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia, y laxitud en las sanciones penales y administrativas a funcionarios que se abstienen de aplicar la ley, y para aquellos que la emplean «a modo», o a los agricultores que han admitido sembrar cultivos genéticamente modificados de manera ilegal”, puntualizó la activista.

Ese escenario de ilegalidad muchas veces avalado, e incluso fomentado por las autoridades nacionales, beneficia los intereses de las empresas agroindustriales, en este caso del gigante Monsanto, denunciado ante un Tribunal Internacional de Conciencia en octubre de 2016 en La Haya, Holanda, y en el reciente Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

A ese listado de ilegalidades se suma la carencia de información y la enorme opacidad de la actuación gubernamental, además de una serie de obstáculos para su acceso por parte de la población en general, y por las comunidades mayas en lo particular, aun cuando son afectadas directas por la siembra ilegal de soya genéticamente modificada.

Carlos Águila Arreola