CANCÚN, 29 DE MAYO.- Eduardo Martínez Arcila, diputado local y presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, defiende la ley de movilidad sobre la que afirma que no es sólo sobre la regulación de las plataformas móviles sino que se trata de todas condiciones de transporte de los quintanarroenses.

“No es una Ley en particular que regule plataformas digitales, no es una Ley en particular que regule la prestación del servicio de los taxis de alquiler, es una nueva Ley que contempla todo lo que tenga que ver con la movilidad y es una Ley que pone al centro de las políticas públicas al ciudadano, al quintanarroense que toma un vehículo particular, al quintanarroense que no tiene un vehículo particular y tiene que tomar un taxi, un camión de ruta urbano, al quintanarroense que tiene que caminar por las calles de su ciudad, al quintanarroense que tiene alguna limitante al momento de moverse”, indicó, en entrevista para RadioFormula.

Y agregó “lo que se estableció en la Ley son parámetros muy generales”.

Eduardo Martínez aseguró que el Instituto de Movilidad definirá si continuarán circulando o no las urvans de Transporte Terrestre Estatal (TTE), herencia del felixismo-borgismo.

“Se abre un capitulado para que sea directamente el Instituto que analice este tipo de prestación actualmente la Ley no contempla este tipo de servicios, contempla el servicio colectivo entre 8 y 14 personas, tiene que ver con los servicios foráneos que conectan a un municipio con otro. Ellos operaban porque no estaban regulados por una Ley, generaban títulos de concesión sin estar expresamente establecidos en la Ley, ¿qué hicimos?, pusimos con claridad el transporte público terrestre y eso lo va a normar el Instituto”, apuntó.

Expresó que la nueva Ley quita al Gobernador del Estado la discrecionalidad para entregar concesiones de transporte público y, en cambio, se creó un Instituto que realizará estudios técnicos para otorgar esos permisos.

“Ahora será un Instituto mediante estudios técnicos que podrá de acuerdo a las necesidades de cada municipio y de cada prestación del servicio público de que se trate, podrá liberar o no concesiones.”

Sobre el transporte metropolitano, que conlleva la comunicación entre municipios como Benito Juárez e Isla Mujeres, el diputado local acotó que la Ley sienta las bases para establecer un transporte multimodal a través de un centro de transferencia.

Además dijo que se buscó quedar en un punto medio con los taxistas y Uber, buscando el beneficio de la población.

Acerca de la consulta popular, precisó que el Congreso local no estaba sujeto a ella, pues fue una propuesta del Gobernador Carlos Joaquín y aunque será con base en el criterio del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) si la lleva a cabo o no, consideró que la misma ya quedó sin efecto con la Ley de Movilidad, además de que financieramente no es conveniente.

“El estado no está para gastarse 13 millones en ese tipo de consulta”, subrayó.

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