CIUDAD DE MÉXICO, 2 DE MARZO.- El gobierno de México expresó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa su determinación de arribar a conclusiones en las investigaciones este mismo año cuando concluya la actual administración federal.

Mediante un comunicado conjunto las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, informaron que el Fiscal Especial para el Caso Iguala de la PGR, compartió avances relevantes y actualización sobre la atención al cronograma acordado con las parte.

Destacaron que en las últimas semanas se ha allegado información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal, y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante.

“Ello, no obstante, deberá ser corroborado, incluso en el marco del diálogo con los representantes de las víctimas”, se recalcó en el mensaje. Al participar este viernes en dos audiencias públicas, en el marco del 167 período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, la representación gubernamental de México remarcó el deber de la presente administración de procurar la justicia, conocer la verdad, deslindar responsabilidades y dar las respuestas que legítimamente demandan las víctimas y la sociedad mexicana.

Por último, se actualizó a la comisión sobre el seguimiento a alegaciones de la presunta comisión de actos de tortura en contra de algunos de los detenidos. 

Al respecto, se destacó que de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, no obstante que se continuarán realizando las diligencias que correspondan.

En lo que toca a la audiencia sobre la Ley de Seguridad Interior se ofreció información actualizada sobre los objetivos, alcances y procedimientos de la ley, que además se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Subrayó que la ley busca normas claras para la labor auxiliar de la para atender las amenazas a la seguridad interior, cuando su magnitud supere las capacidades efectivas de las autoridades civiles directamente responsables. 

Fuente El Debate

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