Ciudad de México.- El expresidente mexicano Felipe Calderón habló por primera vez sobre el juicio que enfrenta en Estados Unidos quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y negó este martes que durante su gestión negociara o pactara con criminales.
Su mensaje, difundido a través de su cuenta oficial en Twitter, se da luego de que Édgar Veytia, conocido como “el Diablo”, afirmara en un tribunal de Nueva York que Calderón y García Luna protegían al narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán y a su Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el testimonio del exfiscal del mexicano estado de Nayarit (2012-2017), se tenía una orden de proteger a los miembros del cártel del Chapo y no a los Beltrán Leyva, quienes se disputaban el control del trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
“Me he reservado opinar sobre el juicio al Ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora, niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”, aseguró el exmandatario mexicano.
Esta es la primera vez que el expresidente Calderón da un mensaje público, tras nueve días de audiencias en la corte de Brooklyn en las que se han tratado de revelar distintas operaciones por las que García Luna presuntamente permitía el contrabando de drogas hacia EE.UU..
Esto sucedía en medio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” que lideraba en el Gobierno de Calderón.
El juicio contra García Luna comenzó el 23 de enero pasado, después de tres años de haber sido arrestado en Dallas, Texas, y acusado por cargos relacionados con el narcotráfico, en el que se incluyen sobornos del Chapo Guzmán, quien enfrenta una condena máxima de cadena perpetua.
Su primera vinculación con el crimen organizado se difundió durante el juicio contra el Chapo en la corte federal para el distrito Este de Nueva York.
Fue Jesús “Rey” Zambada, preso en EE.UU. y hermano de Ismael “el Mayo” Zambada, cofundador del cartel junto a Guzmán, quien aseguró como testigo que había entregado a García Luna en 2005 y 2007 sendas carteras con 3 millones de dólares cada una, a cambio de protección para las actividades de la banda.
De acuerdo con la acusación, García Luna habría comenzado su relación con el peligroso cartel cuando dirigía la Agencia Federal de Investigación de México (creada en el 2001) y la habría continuado desde la secretaría de Seguridad Pública, que controla la Policía Federal, argumento que se ha tratado de reforzar por fiscales estadounidenses en el juicio que enfrenta actualmente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 07 de diciembre de 2025.— La diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que busca enfrentar el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas. La propuesta adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.
La iniciativa establece que el Estado deberá implementar programas y políticas públicas que prioricen la integridad y el bienestar de los estudiantes. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.
Un aspecto central de la propuesta es la participación obligatoria de padres y tutores en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar. Además, se prevé que, en caso de reincidencia, se apliquen medidas proporcionales: desde amonestaciones y cursos de parentalidad positiva, hasta multas económicas y canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar responsabilidades.
La diputada enfatizó que las sanciones no buscan criminalizar a los menores, sino garantizar el interés superior de la niñez y fomentar un entorno educativo seguro. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.
En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar es una de las principales causas de deserción en la educación básica, con graves consecuencias psicológicas y un incremento en la violencia juvenil. Por ello, consideró urgente cerrar vacíos legales y dotar a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso.
Con esta propuesta, se busca consolidar un marco regulatorio que proteja la salud emocional y el desarrollo integral de la niñez mexicana.
México enfrenta este martes una de las movilizaciones más amplias de los últimos años, luego de que transportistas y campesinos iniciaran un bloqueo nacional que afecta carreteras y autopistas en al menos 25 estados de la República. La protesta, organizada por diversas agrupaciones, tiene como objetivo exigir al gobierno federal mayor seguridad en las vías de comunicación y mejores condiciones para el campo mexicano, un sector que, según los manifestantes, ha sido relegado en materia de apoyos y programas de desarrollo.
Desde las primeras horas de la mañana, se reportaron cierres en tramos estratégicos como la México–Querétaro, México–Cuernavaca, Chamapa–Lechería, así como autopistas del norte y sur del país, generando largas filas de vehículos y retrasos en el transporte de mercancías. Los bloqueos han provocado que miles de ciudadanos queden varados, mientras empresas alertan sobre el impacto inmediato en la distribución de alimentos, combustibles y bienes de consumo.
Los líderes del movimiento señalaron que la protesta no busca confrontación, sino visibilizar la crisis que enfrentan los sectores productivos. Sin embargo, en algunos puntos se registraron tensiones entre automovilistas y manifestantes, lo que obligó a la Guardia Nacional a desplegar operativos para garantizar el paso de vehículos de emergencia y evitar incidentes mayores. Autoridades federales han llamado al diálogo, pero los inconformes advierten que las acciones podrían intensificarse si no se establecen mesas de negociación inmediatas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura.
El impacto económico de la protesta comienza a sentirse en mercados regionales, donde comerciantes reportan retrasos en la llegada de productos básicos. Expertos advierten que, de prolongarse, el bloqueo podría traducirse en pérdidas millonarias para el sector logístico y agroalimentario. Mientras tanto, ciudadanos expresan su malestar por las afectaciones en sus traslados cotidianos, reclamando soluciones rápidas y efectivas.
La protesta nacional refleja el creciente malestar social en torno a la inseguridad y la falta de apoyos al campo, dos problemáticas que, de acuerdo con los manifestantes, requieren atención urgente para garantizar la estabilidad y el desarrollo del país.
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