Opinión / Hugo Alday Nieto

Desde el 28 de septiembre de 1990 en Argentina, diversos colectivos feministas han venido impulsando en todo el mundo un cambio en el paradigma conservador de los gobiernos neoliberales de entonces y que resisten hasta nuestros días, para lograr la libertad de las personas gestantes para decidir sobre su cuerpo y de continuar o interrumpir su embarazo.

Esta fecha emana de la Ley de Vientre Libre que data del 28 de septiembre de 1871, mediante la cual, se decreta en Brasil que los hijos de mujeres esclavas a partir de entonces serían personas libres, razón por la cual, las mujeres presentes en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe decidieron que en esa fecha de impulsaría el “DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POR UN ABORTO LEGAL Y SEGURO”, con diversas actividades.

En México, desde el año 2009 a través de una Tesis Aislada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció por primera vez que las mujeres tienen el derecho para decidir sobre su cuerpo, así como para tener o no, hijos, dándole por vez primer el reconocimiento de libertad a las mujeres mexicanas este tema que hasta entonces era simplemente catalogado como un delito.

Para el 2011, la reforma constitucional de derechos humanos que establece la progresividad de los mismo en el propio texto de la Carta Magna, nos generó esquemas de control difuso y convencional de la constitucionalidad en México y con ello dimos un paso agigantado hacia la modernidad del derecho.

Siguiendo con esta tesitura se emite la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar y sexual contra la mujer, misma que se ha ido adecuando hasta 2016 y en la que se obliga a centros de salud pública y privada a contar siempre con personal para practicar abortos seguros en ciertos casos.

Posteriormente, mediante Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 resuelta por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que las personas gestantes tienen la libertad de decidir sobre la continuación o interrupción de su embarazo.

En este sentido, es claro que aun existimos diversas entidades con códigos penales inconstitucionales en la materia específica, derivado de gobiernos neoliberales y conservadores que le dieron la espalda a sus mujeres y a sus niñas.

No estamos en un debate de conciencia moral o religiosa. No estamos valorando fríos números como pretenden algunos. No estamos ponderando derechos y valores.

En este momento se trata de homologarse a los criterios del Maximo Tribual de la Nación y de ajustarnos al derecho progresivo para hacer de este un país más justo.

Hoy la cuarta transformación tiene un compromiso irrenunciable que modernizar sus códigos y emitir reformas que se ajusten a las resoluciones de la Suprema Corte y de los organismos supranacionales de derechos humanos. Porque la cuarta transformación será feminista, o no será.