CDMX.-Tras una audiencia de dos días, la abanderada panista al Gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue vinculada el jueves a proceso por su probable participación en la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte Jáquez.

 Esta caja chica se conformó con mil millones de pesos de dinero público e involucra a una red de políticos, empresarios y religiosos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía estatal.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha mencionado ante jueces a 11 posibles implicados. Desde julio del año pasado, antes del inicio del proceso electoral, el Gobernador Javier Corral Jurado detalló en rueda de prensa que un grupo político dentro del Partido Acción Nacional (PAN), comandado por la entonces legisladora Maru Campos, llamaba “jefe” a Duarte Jáquez.

La panista, que habría recibido nueve millones de pesos, calificó la vinculación como una “persecución política” e insistió en que, al no ser estar sentenciada, aún puede ser votada en junio próximo. Después de tres años de mantenerse prófugo de la justicia, Duarte fue detenido el 8 de julio del año pasado en Florida, Estados Unidos, al ser señalado de cometer malversación agravada. La pandemia por la COVID-19 ha demorado las audiencias y el proceso de extradición a México.

El 10 de marzo, un Tribunal federal le concedió la suspensión definitiva contra la orden de captura en el país, la cual está condicionada a que antes de pisar territorio nacional las autoridades ejecuten la orden de aprehensión, es decir, tendrían que detenerlo en el avión mientras viaja hacia aquí.

El Gobernador de Chihuahua Javier Corral aseguró días después de la captura que Duarte incluyó a actores de la política, empresarios y religiosos en una nómina secreta, entre ellas, a Maru Campos, entonces Alcaldesa de la capital chihuahuense.

“Duarte fue tejiendo una red secreta de aliados estratégicos de distintos sectores que operaban mediante la entrega de dinero en efectivo a un cúmulo de actores de la vida social, religiosa, empresarial y partidista de Chihuahua”, declaró durante una conferencia de julio pasado.

El dinero público, explicó el mandatario estatal, era administrado directamente por el expriista y los recursos se entregaban a través de la Secretaría de Hacienda de la entidad a actores del sector salud, educación y vivienda, a través de “muchas empresas fantasmas y de empresarios emergentes”.

Sin embargo, cuando Duarte Jáquez concluyó su guberantura en 2016 ocultó los nombres de los beneficiados como una especie de “seguro” por si era detenido.

Días antes de la audiencia a vinculación de Maru Campos y otros dos legisladores, el Ministerio Público expuso en audiencia de formulación de imputación que políticos como la Senadora priista Beatriz Paredes Rangel, el Alcalde de Juárez Armando Cabada Alvidrez, la candidata a Gobernadora y exsecretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Graciela Ortiz González, obispos y un Arzobispo también habrían resultado beneficiados.

El recurso a Paredes, según el Ministerio Público, fue para la campaña a la Jefatura de Gobierno en 2012; los obispos de Chihuahua recibieron una cantidad de 100 mil pesos mensuales; el Arzobispo, 200 mil pesos y el Alcalde de Juárez, 4.3 millones de pesos de la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte, informó el viernes pasado el Gobierno de la entidad.

El Ministerio Público también destacó ante el Juez de Control que Jorge Doroteo Zapata, exsenador y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Chihuahua, así como su hija, recibieron diversos apoyos para vuelos directos con destino a la Ciudad de México.

DINERO A CAMBIO DE APROBAR DEUDA 

La investigación del Gobierno de Javier Corral descubrió que la candidata panista Maru Campos había pedido, en reiteradas ocasiones, que la indagación sobre la “nómina secreta” fuera cerrada.

“Eso no lo va a definir el Gobernador, lo va a definir el Ministerio Público”, advirtió Corral entonces. Ocho meses después, la exlegisladora panista fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en perjuicio de las finanzas estatales, así como a los exlegisladores Rodrigo de la Rosa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y María Ávila Serna del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los tres imputados, hasta que la Fiscalía estatal termine la indagatoria en seis meses, no podrán salir del país.

El Juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, acreditó el desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda estatal y la entrega de dinero a los tres imputados a través de la “nómina secreta”, informó la noche del jueves el Gobierno estatal después de dos días de audiencia de vinculación.

La Fiscalía de Chihuahua argumentó que los tres imputados, en su función de legisladores durante 2013-2016, recibieron pagos para aprobar iniciativas, deuda pública y presupuesto solicitado por el Gobernador Duarte.

El Juzgador precisó que existen elementos de que hubo aprobaciones en el Congreso estatal en el trienio 2013-2016 que coinciden con recursos distraídos presuntamente en favor de los imputados como temas presupuestarios y nombramiento de magistraturas.

“Los imputados recibieron de César Duarte la cantidad de nueve millones de pesos, 2.5 millones de pesos y 3.8 millones de pesos, respectivamente, mediante la caja chica denominada nómina secreta, la cual estaba conformada por un fondo de mil millones de pesos”, sostuvieron autoridades de Chihuahua.

El Ministerio Público estatal acusó a la candidata panista Maru Campos de recibir más de nueve millones de pesos para ella y para César Jáuregui Moreno entre 2014 y 2016, cuando ambos eran dirigentes del PAN en el Congreso del estado. En esta fotografía de archivo del 5 de octubre de 2012, César Duarte, en ese entonces Gobernador del estado mexicano de Chihuahua, asiste a la 30ma Conferencia de Gobernadores Fronterizos en Albuquerque, Nuevo México.

Además, se señaló al excoordinador de la bancada priista estatal Rodrigo de la Rosa de recibir de la administración de Duarte 2.5 millones de pesos y a la del Partido Verde, María Ávila Serna, de obtener 3.8 millones de pesos.

El Ministerio Público aseveró durante la audiencia que en la Secretaría de Hacienda local se tiene registro de una reunión entre la entonces Diputada verde María Ávila y el Secretario de Hacienda Jaime Herrera el 18 de diciembre 2013.

Un día después, recibió dinero a través de su esposo Alejandro Gloria, actual legislador local. De la Rosa, por su parte, aseguró que haber pedido dinero al entonces Gobernador no hubiera sido lógico por ser del mismo partido. “No recibí dinero de César Duarte. La acusación en mi contra es absurda e irrisoria”, declaró de la Rosa en la audiencia del miércoles.

El Ministerio Público agregó que reconocieron estar en la nómina secreta, y respaldan las acusaciones contra Maru Campos, la exdiputada perredista Hortensia Aragón por recibir 2.3 millones de pesos; el priista Teokali Hidalgo, quien recibió casi 500 mil pesos, y el exdirector de El Heraldo Javier Contreras, por obtener 10 millones de pesos del erario público.

(Sin embargo)