Playa el Carmen.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que agentes de la policía de investigación adscritos al GRUPO FRAI, personal de la Dirección General de Atención a Víctimas a cargo de la Lic. Estela Martínez -en coordinación con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados – a cargo de Manuel García Maldonado, colocaron las nuevas placas en lugares visibles en los primeros 5 establecimientos para informar que en las áreas comunes de estos comercios serán permanentemente revisadas por las autoridades locales y federales para prevenir y sancionar la posesión y el comercio de drogas o cualquier otra actividad ilícita.

Estas acciones forman parte del convenio signado por el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, el Maestro Óscar Montes de Oca Rosales con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Solidaridad en el que –entre otros puntos- la FGE se compromete en reforzar las revisiones periódicas y aleatorias al interior de los establecimientos con agentes encubiertos para actuar de manera inmediata en caso de presentarse algún acto ilegal, como el narcomenudeo, extorsión o cualquier otra actividad que la ley tipifique como delictiva.

Por su parte, los integrantes de la CANIRAC acordaron proporcionar todas las facilidades necesarias para que los agentes -plenamente acreditados para estas acciones- puedan realizar su trabajo con mayor agilidad y rapidez ante un eventual acto ilegal.

La FGE Quintana Roo y la CANIRAC Cancún coincidieron en que esta primera etapa es muy importante pues es el inicio de un proyecto con mucha más coordinación, acercamiento, colaboración y confianza entre las autoridades, empresarios y la sociedad civil para generar espacios más seguros para todos los quintanarroenses y sus visitantes.

Los encargados, representantes legales y propietarios de los restaurantes reiteraron su gran disposición para colaborar y formar un frente común para robustecer las medidas de seguridad y con ello prestar sus servicios en un entorno confiable y protegido; y además, en su caso, evitar que el inmueble quede asegurado y/o sea materia de extinción de dominio.