Ciudad de México.- Es obligación del estado garantizar la seguridad de los ciudadanos por lo que urge la puesta en marcha de una estrategia de seguridad efectiva, dejar de lado la política de “abrazos no balazos” y combatir a los grupos delictivos, cuya violencia ha escalado a un nuevo nivel, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al conminar al gobierno a que cumpla con su deber.

“Es claro que los abrazos no están funcionando; los hechos registrados en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez lo constatan, como lo hacen también las cifras dadas a conocer por el INEGI, donde el 67 por ciento de la población se siente insegura. Por ello, es momento de que el Estado asuma su responsabilidad sin vacilaciones y garantice la vida y la seguridad de todos los mexicanos”,

La Coparmex condena toda forma de violencia y los recientes actos suscitados en distintos puntos del territorio nacional con el objetivo de infundir temor entre la población.

“Conminamos al Estado a que cumpla su obligación constitucional de garantizar la seguridad física y patrimonial de los mexicanos”, señaló.

Un recrudecimiento de la inseguridad y violencia y su expansión por prácticamente todo el territorio nacional ya preocupa en extremo al sector empresarial al ver que no se está cumpliendo con la función básica del Estado, la de garantizar la seguridad física y patrimonial de los mexicanos por lo que a través del organismo de representación empresarial exige el diseño e implementación de una estrategia de seguridad que ponga al centro a las personas.

“Demandamos que se garantice la paz para todos los ciudadanos y que las autoridades cumplan con su función en lugar de evadirla”, precisó.

Para el sindicato patronal, la ausencia de una estrategia efectiva contra la inseguridad sumada a la indiferencia de los diferentes órdenes de gobierno, han resultado en terreno fértil para que en lo que va del sexenio se hayan perpetrado más de 130 mil homicidios dolosos, 10 asesinatos de mujeres por día y solo en los últimos ocho meses, el asesinato de 13 periodistas.  Además del deterioro de la ya afectada economía nacional, la situación “enrarece el ambiente de negocios y es un factor más que inhibe la llegada de nuevas y muy necesarias inversiones al país”.

Fuente el Economista