CANCÚN, 16 DE AGOSTO.- Tras la determinación del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo negó la liberación de José Montaño Quiroz, ex comandante de la Policía Judicial de Puebla implicado en la detención arbitraria y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

El colectivo Artículo 19 informó que la sentencia del ex agente aumentó a seis años, por lo que no fructificó la disminución de la pena buscada por sus abogados.

No lo liberarán

Artículo 19 destacó que el ex agente judicial fue sentenciado el 17 de octubre pasado por la tortura en contra de la escritora del libro Los Demonios del Edén, quien además sufrió una detención arbitraria, discriminación de género y falta de acceso a la justicia.

El pasado 2 de agosto el Comité de Derechos Humanos destacó que durante las 20 horas de traslado posteriores a su detención, los policías judiciales de de Puebla (José Montaño y Jesús Pérez) le profirieron agresiones físicas y verbales con un trato sexualizado y discriminatorio.

Informó que en consecuencia la justicia federal determinó que el sentenciado de origen poblano siga preso.

Artículo 19 subrayó que pese a la intención de los abogados del policía judicial para enfrentar el proceso fuera de la cárcel, la defensa de Cacho Ribeiro logró que no saliera de prisión.

“Todo ello sucedió ante la mirada impávida de la PGR, en tanto Lydia Cacho recibía más amenazas. Finalmente, en diciembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia, que se resolvió el 29 de enero de 2017, negando la liberación del policía”.

Sin embargo el otro agente, Jesús Pérez Vargas, se encuentra en calidad de prófugo al no haberse ejecutado la orden de aprehensión en su contra.

Aumenta la pena corporal

Cabe recordar que José Montaño Quiroz fue aprehendido en Puebla el 11 de diciembre de 2014, por lo que cuenta con cuatro años preso.

El colectivo informó que inicialmente el juez le impuso una pena que no corresponde con la gravedad de los hechos, de cinco años y tres meses de prisión, inhabilitación como servidor público por el mismo periodo de tiempo y multa de 275 unidades (12 mil pesos mexicanos).

“Dicha sentencia fue apelada por todas las partes. Fue así que el 13 de marzo de 2018 el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, modificó y aumentó la pena a seis años de prisión”.

Pese a lo anterior para Artículo 19 no es suficiente la pena establecida en contra del policía judicial, ya que en su opinión deben tomarse en cuenta factores como la violación grave a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.

“Artículo 19  exige al Estado mexicano el cumplimiento cabal del dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos en el caso de Lydia Cacho, conduciendo a todos los autores materiales e intelectuales ante la justicia”, exhortó. 

Fuente E-Consulta